La Junta favorece la impunidad en los incendios forestales

Por Burgos Dijital

Después de más de 9 meses el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos sigue dejando desamparados a los agentes medioambientales y al patrimonio natural de nuestra provincia.

Cientos de denuncias realizadas tanto por l@s emplead@s públic@s de la administración autonómica como de otras instituciones como el SEPRONA, están prescribiendo por la no apertura de los correspondientes expedientes sancionadores y se están caducando también cientos de expedientes sancionadores ya abiertos de muchas denuncias relacionados con estas materias, tales como: aprovechamientos abusivos, invasiones de vías pecuarias, impacto ambiental… y sobre todo los temidos incendios forestales que están devastando todos los veranos nuestra provincia.

De momento, se estima que cerca de 2.000 multas iniciadas entre 2012 y 2017 pueden acabar “en agua de borrajas”. De hecho, cerca de 500 ya han prescrito.

Muchos agentes medioambientales, conocedores de la situación, se quejan al comprobar que parte de su trabajo, necesario pero ingrato, no sirve para nada ante el silencio prolongado de una administración que no está haciendo bien su trabajo. Además temen, ya que se produjo una circunstancia idéntica en el 2006, que se produzca un repunte de delitos medioambientales tan graves como los incendios forestales por el mensaje que se transmite a los ciudadanos de impunidad y dejadez.

Por otro lado, estos funcionarios se encuentran con situaciones realmente complejas puesto que las sanciones nunca son bien acogidas, como es lógico, y en algunas ocasiones los sancionados amenazan y agreden. De hecho, en la memoria colectiva de este cuerpo sigue muy reciente el luctuoso asesinato de dos agentes rurales en Lleida por parte de un cazador furtivo.

A esta permanente presión se añade, como nos trasmiten los representantes sindicales de funcionarios de CGT, la absoluta indefensión jurídica en la que deja la Junta a tod@s l@s funcionari@s que tienen problemas por las características de sus competencias, como la atención al público, el control y la inspección. De hecho, hay agentes medioambientales que han realizado hasta dos y tres veces denuncias en los juzgados por amenazas y agresiones de la misma persona, mientras la administración mira para otro lado.

Esto contrasta con la defensa jurídica que se está realizando con dinero público de altos cargos del Partido Popular en los juicios que se van abriendo en torno a casos como el de “la perla negra” o el de la compra de terrenos por mayor valor del estimado por la empresa pública “ADE Parques Tecnológicos y Empresariales”.

Los delegados sindicales no entienden esta negligencia que tanto daño hace al patrimonio natural, por lo que llegan a la conclusión de que se enmarca dentro de una estrategia “correctamente política”, con la que la Junta de Castilla y León informa a la gente de la importancia de la conservación y restauración de nuestro medio ambiente mientras en realidad se comprueba que no tiene ningún interés en perseguir a aquell@s que nos dañan a tod@s.

Esta es la situación que denuncian representantes sindicales de CGT, que explican que “desde junio de 2016, este servicio tiene abandonadas todas sus competencias jurídicas en materias tan críticas como montes, vías pecuarias y evaluación de impacto ambiental, ya que desde entonces no ha habido por parte de la Junta ninguna intención de cubrir este puesto de trabajo que, hasta ese momento, estaba cubierto”.

Bien es verdad, que de ello ya dio cuentas en un diario de la ciudad el portavoz de CCOO Ernesto Angulo en unas declaraciones realizadas a mediados de diciembre pero éstas se hicieron tres días después de que representantes sindicales de CGTlevantaran esta liebre”, puesto que éstos habían presentado la denuncia para incorporarse en el orden del día de la Junta de Personal que se celebraría una semana después. Esta actuación provocó una gran polémica en el entorno de la Junta de Personal de funcionarios por la “mala fe” de los representantes de CCOO al aprovecharse del trabajo previo.

A pesar de todo este tiempo transcurrido, tanto el Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente como el Delegado Territorial Baudilio Fernández-Mardomingo, condenado en el 2005 por acosar a un funcionario para que cometiera una ilegalidad, siguen callados y ni si quiera se han dignado en contestar al escrito en el que se les conminaba de manera urgente a la cobertura del puesto para impedir la prescripción y la caducidad de los expedientes abiertos a raíz de las denuncias de l@s funcionari@s públic@s.

La gravedad del asunto es aún mayor cuando nos explican que “esta funcionaria en concreto se encargaba de la incoación de todos los expedientes sancionadores relativos a infracciones previstas en las materias arriba descritas, así como de la resolución de expedientes sancionadores incoados por todo tipo de infracciones. Con lo que desde entonces todo el trabajo realizado respecto a la vigilancia y control de conductas indeseables en el medio ambiente por parte de los Agentes se ha quedado en un cajón”.

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