Por Burgos Dijital
Parece que el Partido Popular de Castilla y León está dispuesto a desmontar lo poquito que queda de la función pública en la Comunidad. Y no por un afán ultraliberal de reducción de gasto público, ya que éste no va a variar, sino por la intención nada escondida de someter a los funcionarios a la presión política y a convertir a la administración en un aparato burocrático a su servicio. Algo más propio de una dictadura que de un supuesto “estado democrático y de derecho”.
Representantes de la Plataforma en Defensa de lo Público han levantado la liebre al dar a conocer el anteproyecto de ley de medidas tributarias y administrativas de acompañamiento a los presupuestos de 2017 que el grupo popular presentará a las Cortes para su aprobación, con el visto bueno de Ciudadanos ya confirmado, convertidos en verdaderos “mamporreros” de l@s populares, muy lejos del liberal-progresismo que anunció su líder nacional en el último congreso.
PLADEPU considera que “es un sinsentido agrupar en la misma ley medidas tributarias y administrativas” y se preguntan “¿Por qué utilizar una Ley de medidas para abordar modificaciones en la función pública que en nada afectan o complementan ni son precisas para la correcta aplicación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad del año 2017, si no es para evitar un debate fundamental, teniendo en cuenta el hondo calado de las transformaciones que se pretenden realizar?”
El 29 de octubre de 2015 los sindicatos CCOO, CSIF y UGT acordaron con la Junta una serie de medidas para recuperar los derechos perdidos y realizar una reforma importante de la función pública. Es lo que se denominó como el “acuerdo marco” y que abarcaría la legislatura 2015/2019.
Por un lado, algunos de los derechos laborales ya han sido recuperados como determinados días de permiso y la devolución de la paga extra “secuestrada” en 2012 pero el principal grueso de los mismos está todavía en juego: la cobertura total de las incapacidades temporales, la recuperación de la jornada de 35 h., la recuperación de los salarios y la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, entre otras.
Por otro lado, los sindicatos daban el visto bueno a un nuevo modelo de administración para mejorar y modernizar la función pública y adaptar con agilidad la estructura administrativa a las necesidades del servicio público, modificando las plantillas y creando un nuevo instrumento denominado “catálogo de puestos-tipo”. Este catálogo serviría para categorizar el tipo de puesto de trabajo que ofertaría la Administración a l@s funcionari@s que están y a los de nuevo ingreso.
Además y a lo largo del año 2016, se abriría por fin el ansiado melón del concurso abierto y permanente, se negociaría un nuevo régimen de bolsas de empleo y se reducirían los puestos “a dedo”, entre otras cosas.
Pero la realidad es otra. Hasta ahora los sindicatos negociadores no sólo no han conseguido ninguna de esas propuestas, sino que la Junta aprieta el acelerador en otro sentido con el consentimiento, hasta ahora, de l@s representantes de los trabajadores en la Mesa General de Negociación.
Tras la filtración, procedente de funcionarios que han tenido acceso al documento, miembros de PLADEPU han desmontado las pretensiones de l@s populares sin que el resto de grupos políticos y sindicatos supieran nada al respecto.
Denuncian que a través de las disposiciones finales del Proyecto de Ley que se presentará en breve van a modificar normas tan importantes, y que afectarán tanto a l@s emplead@s públic@s como a las personas que requieran de los servicios públicos, como la Ley 7/2005 de la Función Pública, la Ley 2/2007 del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y la Ley 8/2010 de Ordenación del Sistema de Salud.
Así, el famoso catálogo de puestos-tipo se va a quedar en un “cuento chino”, puesto que la Junta quiere contemplar hasta tres tipos de procesos de creación de puestos fuera del catálogo, por lo que la Administración, es decir el partido, podrá crear o mantener ciertas categorías para colocar o blindar a ciertas personas si las funciones y competencias a desempeñar no encajan en el catálogo.
En cuanto a las Relaciones de Puestos de Trabajo, que son de obligada publicación según la Ley de Transparencia para asegurar que no se ocultan ni se guardan plazas para l@s afines y son el medio que tienen los ciudadanos para controlar que no “se trapichea” con el empleo público, van a ser mantenidas debajo de las alfombras, ya que como asegura PLADEPU “las RPTs no se publicarán de forma completa, (…) sino que se publicará el número de puestos de cada Cuerpo que existen en la Junta” pero no el desarrollo pormenorizado de la información de cada puesto: niveles y complementos salariales, adscripción orgánica, localidad…
Una de las medidas más esperadas en la negociación del acuerdo marco era la consolidación del concurso abierto y permanente. La Junta de Castilla y León había negado año tras año, incumpliendo la Ley, la igualdad de oportunidades de los funcionarios en mejorar su carrera administrativa. De esta manera, el Partido Popular se reservaba una gran cantidad de puestos para recompensar a los más leales.
Pues bien, tal y como se desvela en el proyecto de ley el acuerdo en este sentido va a quedar en una mera farsa, ya que la Junta quiere crear un nuevo modelo de provisión de plazas llamado “concurso especial” que, unido a la “libre designación” y al “concurso específico”, va a dejar a la mayor parte de l@s funcionari@s con un “concurso ordinario” sin apenas plazas a ofertar. PLADEPU advierte que este tipo nuevo de concurso pueda estar diseñado para puestos directivos que se han convertido previamente en “Libres Designaciones”.
Por último, y en lo que se refiere al ámbito salarial, la Junta pretende hurtar de la negociación con los trabajadores los posibles incrementos de retribuciones, en el caso de que se produzcan, y lo deja reducido “a la aplicación de las retribuciones”. Lo que significa “que el objeto de la negociación en este sentido será la realización de una mera fórmula matemática”. Por lo que los sindicatos firmantes estarían renunciando a la posibilidad de volcarse en la mejora de los puestos peor retribuidos.
El sindicato CGT está, por su parte, luchando sólo contra lo que denominan “contrarreforma de la Administración” y contra lo que es un enorme paso hacia la politización. Han presentado un contencioso contra la Junta de Castilla y León para intentar paralizar el paquete de reformas y están informando a l@s funcionari@s en diferentes asambleas a lo largo de toda la Comunidad.
Para este sindicato, el acuerdo marco es una trampa mortal en la que han caído, o se han dejado caer comentan otros, los 3 sindicatos para legitimar el deterioro de las condiciones de trabajo y de salario de l@s funcionari@s y retrotraerles a una administración propia del s. XIX.
Denuncian, a su vez, que con esta vuelta de tuerca aumentarán las modalidades de contratación y promoción de la carrera administrativa “a dedo”; que se seguirá negando un verdadero concurso abierto; que se le quiere dar a órganos de control absolutamente politizados, como la Inspección General de Servicios, competencias tan críticas como la evaluación del desempeño de los empleados públicos; o que las políticas de formación de l@s emplead@s públic@s sean exiguas y absolutamente alejadas de la realidad.
Los sindicatos se encuentran ahora mismo en fuera de juego tras conocer las intenciones del Partido Popular en la región, gracias a PLADEPU, como muestra un correo electrónico enviado por Mariano Prieto Arribas, Presidente del sector autonómico de la Junta en CSIF, en el que informa a su comité ejecutivo y que literalmente dice: “Estimados compañeros de AGCYL. Llegan malos tiempos para los funcionarios de administración general y especial. La Administración sin ninguna consideración quiere quitar los concursos de méritos anuales.”
A pesar de ello, los sindicatos siguen en la mesa y el silencio es la única respuesta, ya que el acuerdo recogía una Comisión de Seguimiento que se reuniría cada 6 meses para velar por su cumplimiento y de la cual nadie sabe nada.
