Por Burgos Dijital
Han sido ya muchas las ocasiones en las que Burgos Dijital ha advertido de los peligros de lo que se ha dado en llamar la “administración paralela”, “administración B” o más vulgarmente los “chiringuitos públicos”.
Es un tema espeso, difícil de colocar en la agenda política de l@s que dicen estar en contra y, más aún, en la opinión pública. Pero quizás por eso es un puntal clave fácil de insertar para aquellos que trabajan en privatizar todo lo que tocan.
El neoliberalismo necesita una estructura de “gobernanza” que controle y dé una sensación de orden y equilibrio, el Estado y su armazón legal, pero por otro lado requiere de la instalación de un modelo gerencial en las administraciones públicas que convierta a los “servidores públicos” en mera mano de obra ejecutora y a l@s ciudadan@s en “usuari@s” o consumidores de servicios.
Esa, y no otra, es la “razón consciente del sistema” pero sus consecuencias son las que mejor se perciben por tod@s: el desvío masivo del dinero público a sociedades anónimas y la falta de control público sobre el mismo; el encarecimiento y la consecuente pérdida de calidad de los servicios; la precarización de los “nuevos trabajadores de los servicios públicos” con peores salarios y menos derechos; el clientelismo y el control político sobre toda la comunidad que, asimismo, fomenta la corrupción; y la huida de la responsabilidad política por parte de los órganos ejecutivos. Toda una panoplia de consecuencias que hacen inviable la igualdad de oportunidades y que acaban generando la resignación, el sufrimiento y la humillación de muchas personas, que esperan al menos tener unos servicios públicos dignos y ágiles, provocada por una máquina burocrática al servicio de las élites. Recomendaría en este sentido, para quién aún no la ha visto, la última película de Ken Loach: “Yo, Daniel Blake”.
Aquí en Castilla y León sólo hay dos colectivos de empleados públicos que están peleando contra esta evidente estrategia: la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), que últimamente está de actualidad por impulsar una ley de protección al denunciante y oponerse a la aprobada por PP y Cs, y el movimiento “Viernes Negro”, instalado solamente en Burgos.
PLADEPU ha hecho llegar una denuncia pública a Burgos Dijital realizada por una persona que se encontró hace dos meses con un ejemplo práctico de la vulneración de las leyes y de los derechos de las personas en la contratación de personal por parte de una empresa pública, en este caso la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A., más conocida como SOMACYL.
El SOMACYL es una empresa que depende directamente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y sus dos únicos directivos son la Secretaria General de la consejería y el Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
Quizás les pueda sonar a los lectores porque ha sido la empresa encargada de la instalación de la nueva EDAR de Burgos o quizás por el derrumbe de una gran obra pública construida en Benavente y del que nadie se ha responsabilizado a pesar de haber un gran número de irregularidades y 800.000 euros tirados por el fango.
Al parecer, en julio de este año esta empresa inició un proceso selectivo para contratar dos técnic@s en gestión piscícola y piscicultura que fue anunciado en su web. Una de las personas que se presentó a dicho proceso denuncia que el procedimiento de selección ha incumplido la normativa interna de contratación de la entidad y otras normativas del Estado relativas a la contratación en el sector público.
Para empezar el denunciante comenta el incumplimiento de los plazos que se apuntaban en la oferta: las bases recogían que se escogería entre los solicitantes a cinco personas para realizar una entrevista personal en el plazo de 10 días. Sin embargo, el personal del SOMACYL encargado de ponerse en contacto con l@s candidat@s preseleccionad@s no se pone en contacto con ellos hasta pasado un mes.
No contentos con esta irregularidad, a continuación esta empresa pública vulnera la normativa de contratación al no hacer públicos los criterios, baremos, méritos, etc…, que debían regir en el proceso selectivo. Asimismo, tampoco se constituye la mesa de contratación, por lo que el procedimiento se convierte en arbitrario.
Por último, el denunciante habla de “indefensión administrativa”, ya que la decisión de la selección de l@s candidat@s no se comunica oficialmente con acuse de recibo y no se publica en la página web del SOMACYL. Además a l@s no seleccionad@s se les impidió, precisamente por esa falta de publicidad intencionada, la posibilidad de realizar alegaciones a todo el procedimiento o solicitar una baremación externa.
Representantes de PLADEPU comentan que es el proceder “normalmente anormal” para las contrataciones de personal en las “empresas garrapata” donde la arbitrariedad, el nepotismo y el clientelismo campa a sus anchas. Una estrategia fundamental para sustituir a un personal “blindado” para pretender su independencia del poder político por otro más agradecido y dispuesto a la hora de tapar las vergüenzas y las indignidades de nuestras clases dirigentes.
