Las casualidades que unieron al HUBU, Caja de Burgos y Carretón

Por el Bagauda

Muchos ríos de tinta han corrido y seguirán corriendo por la nefasta gestión de todas las decisiones que condujeron a la Junta de Castilla y León y a Juan Vicente Herrera, implicado en este proyecto personalmente, a optar por la colaboración público-privada en la construcción y posterior gestión del Hospital Universitario de Burgos.

Sin embargo, a pesar de las enormes pérdidas que está suponiendo el canon de pago concedido año tras año a Eficanza, con lo que ello está suponiendo de desgaste al resto del Sistema de Salud Público de la comunidad, el gobierno popular ha apostado claramente por no revertir la situación y parece evidente que sólo la presión en la calle y un giro político en las instituciones pueden convertir en realidad lo que la lógica, incluso económica, dicta.

Las “Conclusiones sobre el HUBU” de la comisión de investigación creada en las Cortes y publicadas a modo de resumen el 16 de noviembre del año pasado, bastarían para hacer intervenir de oficio a la Fiscalía pero no parece que eso vaya a ocurrir: buena parte del gremio judicial en Castilla y León tiene buenas y estrechas relaciones con los políticos populares.

Tal es así que incluso miembros de la Plataforma burgalesa “Sanidad Pública Sí” nos han confirmado que los datos que han recopilado durante estos años y las informaciones reveladas en la comisión de investigación apuntan a irregularidades que se podrían traducir en delitos penales pero la imposibilidad de encontrar a abogados, tras diversos contactos, que se atrevan a demandar a personas del partido y a funcionarios de alto rango, hace de momento inviable esta opción.

Volviendo a las “conclusiones” llama la atención un hecho clave que se produce para que “Caja Burgos y asociados” se acaben haciendo con la adjudicación de la obra y que aquí expondremos casi literalmente:

La Mesa de Contratación que iba a evaluar las 8 ofertas presentadas al concurso se reunió por primera vez el 18 de octubre de 2005, siendo la última la de fecha 20 de enero de 2006, donde se hizo la propuesta de adjudicación a la UTE, que hoy es la actual concesionaria.

Hay una serie de decisiones trascendentales e inexplicables de la Mesa de Contratación, que cambiaron el devenir del concurso y la posterior adjudicación.

En primer lugar, se produce un cambio de criterio de la Mesa de Contratación, puesto que en un principio se declara a la agrupación empresarial “Caja de Burgos y otros” en situación de presunción de temeridad (competir tan a la baja en los costes que se considera que los precios son irreales y, por lo tanto, falsos) con lo que se la descalifica del proceso para, pocos días después, aceptar las alegaciones de la agrupación empresarial “por error de la mesa de contratación”, en palabras del Presidente de la Mesa Antonio León: un “error” que por otro lado ni supo ni quiso explicar ante la Comisión.

Pero, ¿qué posibilitó en tan pocos días el cambio de opinión en los miembros de la misma Mesa tras las alegaciones? Los propios miembros, todos ellos funcionarios de la Junta, solicitaron a la propia Junta un nuevo Informe Económico emitido el día 19 de enero de 2006 por el entonces Director General de Tributos Andrés Carretón Bueno y el Tesorero General Fernando Vallelado Prieto.

¿Por qué es importante este informe? Porque la Junta, a través del documento firmado por esos dos altos cargos y la introducción “casual” de un criterio denominado “Coherencia Contenido Económico” que nadie ha conseguido explicar, cambió los criterios y valores del informe de la consultora “Versus” que había sido contratada con los fines de realizar la valoración económica del proyecto y posteriormente evaluar las ofertas económicas. Es más, Versus propuso otra empresa adjudicataria a la que finalmente se llevó “el gato al agua”.

Si este hecho de por sí ya es grave, aún es más grave la extraña casualidad que supuso que Andrés Carretón Bueno pasara a formar parte de la dirección de Caja de Burgos tan sólo 21 meses después. El afortunado funcionario y ya por aquel entonces responsable político de una de las principales direcciones generales del gobierno autonómico ficha por la empresa que casualmente consigue la polémica adjudicación en noviembre de 2007, como así consta en una famosa web de profesionales.

El fichaje fue realizado por el que por entonces era Presidente de Caja Burgos, Jose María Arribas, hoy imputado como acusado en la Audiencia Provincial de Burgos por los delitos de apropiación indebida y administración desleal tras la presunta auto-concesión de decenas de créditos entre 2005 y 2010. También conviene recordar que durante todos estos años ha sido casualmente la cabeza visible de Eficanza, la UTE que se creó en la adjudicación “afortunada”, tras el informe realizado por Andrés Carretón, para la construcción y gestión del HUBU.

Posteriormente, Andrés Carretón Bueno se convierte en uno de los principales impulsores de la integración de Caja Burgos en el experimento “Banca Cívica” fusionándose con Caja Navarra, a día de hoy investigada por la Audiencia Nacional por delitos de estafa en su fusión y en la salida a bolsa, y con Caja Canarias.

Es en junio de 2010 cuando consigue el nombramiento de Secretario General de la nueva entidad y Vicesecretario no consejero del Consejo Directivo de Banca Cívica, del cual también forman parte los burgaleses Jose María Arribas, del cual ya hemos hablado; Leoncio García Núñez, exdirector general de Caja Burgos y posteriormente Presidente del Tribunal Económico –Administrativo del Ayuntamiento de Burgos; y Ángel Ibáñez, responsable del nombramiento de Leoncio en el TEA y hoy procurador en la Cortes de Castilla y Léon y, casualmente, uno de los principales defensores de la Junta en la Comisión de investigación abierta por el proceso de adjudicación y gestión del hospital burgalés.

Menos de tres meses después en unas declaraciones a la agencia EFE, Andrés Carretón decía expresar su confianza en que el nuevo marco legal suponga para las cajas “mayor seguridad jurídica, despolitización y profesionalización de sus órganos de gobierno“, tras una nueva Ley aprobada para regular los órganos de gobierno de las Cajas. Carretón, recordemos, desembarca directamente desde un cargo político del partido hegémonico en Castilla y León: al parecer no sólo las cajas se despolitizaban a golpe de leyes…

Andrés Carretón demuestra que todo lo que toca lo convierte en oro: Banca Cívica no pasa los famosos test de estrés y se pone ya, al poco de nacer, al borde de la quiebra sino es por una inyección de capital pagada por el FROB, es decir por los contribuyentes. Tras una espantosa salida a bolsa, no queda otra que ser comprado por una banco más poderoso: Caixabank.

De esta manera, las otrora cajas de ahorros se convierten en Fundaciones, de lo cual salen beneficiados algunos de los directivos de las extintas cajas. ¿Por qué? Porque en 2012 se pasa a limitar las retribuciones de los directivos de aquellas entidades de crédito que han recibido ayudas del FROB sin que hayan sido devueltas. Por eso nada cambia para Andrés Carretón que de manera casual sale ileso del enésimo destrozo y se convierte en Secretario General de la nueva fundación Caja de Burgos.

En 2013 un medio local revela los sueldos de algunos de los directivos de la Fundación: el secretario general gana 118.280 €. A día de hoy, los sueldos de los directivos de la Fundación Caja de Burgos son un misterio tan enorme como las afortunadas casualidades que han rodeado la carrera profesional del sr. Carretón Bueno.