El resultado de la colaboración de fuerzas sociales y políticas termina en denuncia ante la fiscalía por la construcción del HUBU

Por Sanidad Pública Sí

Foto: Sanidad Pública Sí

Un trabajo colectivo ha concluido el día 12 de Junio con la presentación de una denuncia ante el Fiscal Anticorrupción del Estado sobre algunos aspectos de la gestión del contrato del HUBU.

El HUBU fue licitado y adjudicado a une Unión de Empresas para construir la infraestructura y explotarla comercialmente, incluyendo la prestación de 14 servicios, durante un periodo de 30 años  a través del modelo de colaboración público-privada.

Las asociaciones Sanidad-Pública-SI,  Asociación Libre de Arquitectura y Ecologistas en Acción hemos concretado un documento técnico desde los puntos de vista económico, arquitectónico y jurídico en los que explicamos que, al menos en un aspecto puntual de la operación, la Junta de Castilla y León  ha podido incurrir en delitos relacionados con la gestión del interés común

Nos hemos centrado en un aspecto muy concreto: La empresa concesionaria actuó desde el principio absolutamente al margen del proyecto aprobado. La Junta fue legalizando sucesivamente todas las decisiones unilaterales que  adoptaba la concesionaria, pese a los informes técnicos que se oponía a ello por motivos incompresibles  y siempre favorables al interés de la concesionaria y perjudiciales para el erario público.

La empresa no cumplió ni de lejos los plazos estipulados en el contrato y en vez de sancionarle como estipulaba el contrato, la Junta le prestó excusas insostenibles atribuyéndose a sí misma y  en repetidas ocasiones, la responsabilidad de los retrasos. Incluso, premió a la concesionaria con presupuestos extras y le compensó millonariamente por supuesto menoscabo en su negocio. 

Para abonar esto pagos extra la Junta, en vez de buscar financiación, concierta con la concesionaria un pago a plazos con un interés de más del doble del que se cobra en el mercado.

Estimamos que, solo en este pequeño aspecto del contrato, la Junta ha malgastado más de 128 millones de Euros de todos los castellano-leoneses. Estas decisiones opacas, incomprensibles de la Junta, nos parecen sospechosas de delito por lo que solicitamos a la FISCALIA ANTICORRUPCIÓN que estudie el asunto.

Todo lo referido se expone y argumenta en un documento de 33 páginas y un CD con 25 documentos oficiales que prueban nuestras afirmaciones. La demanda la hemos firmado las tres ASOCIACIONES junto con los partidos de la oposición en la Comisión de Investigación sobre el HUBU en la Cortes de Castilla y León: PSOE, PODEMOS, CIUDADANOS e IZQUIERDA UNIDA.

Esta confluencia de fuerzas sociales y políticas sigue empeñada en que el HUBU nunca debió hacerse con esta fórmula de privatización y en que debe ser inmediatamente RECUPERADO para la gestión pública, evitando así buena parte de los sobrecostes esperados.

Además creemos que es necesario depurar las responsabilidades legales de las decisiones tomadas ya que las responsabilidades políticas son casi imposible de esperar en este país; la mayoría del anterior gobierno de la Junta las hizo imposibles.

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