Un espectro recorre Castilla y León, una amenaza invisible pero cada vez más palpable. Se susurra en los pasillos de las diputaciones, en las reuniones de los consorcios de residuos y en las casas consistoriales de Burgos, Soria y Valladolid: la macroincineradora. Nadie sabe dónde se alzará, pero todos intuyen su llegada. Un gigante destinado a devorar entre 350.000 y medio millón de toneladas anuales de basura, superando en tamaño a la infame incineradora de Valdemingómez en Madrid
El Consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, es la cara visible de una operación envuelta en un secretismo casi absoluto. Con una mano, ofrece a las entidades locales un Convenio para la “valorización” de sus rechazos en una única planta centralizada; con la otra, blandía la amenaza de penalizaciones si no se adherían. Un pacto infernal que ataría a los municipios durante cuarenta largos años, desde el previsto inicio de funcionamiento en 2029. Cuarenta años entregando hasta del 90% de sus residuos, a 90 euros la tonelada, so pena de sanciones económicas.
Mientras tanto, la maquinaria administrativa avanzaba implacable. La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), dirigida por el Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, y conocida por su opacidad laboral y contractual, se perfilaba como la gestora de la futura bestia. Los borradores de convenios circulaban, las reuniones se sucedían a puerta cerrada. Se preparaba el terreno legal y logístico para una infraestructura que, según alertaban organizaciones como Ecologistas en Acción, emitiría al aire contaminantes tóxicos como metales pesados, dioxinas y furanos, con el potencial de incrementar el riesgo de tumores, según estudios previos sobre instalaciones similares.
La lógica era aplastante y aterradora: una única planta para toda la comunidad, desechando la idea de instalaciones más pequeñas y dispersas por el rechazo popular. Cientos de camiones cruzarían la región a diario, un trasiego delirante de desechos hacia un destino aún por desvelar. El proyecto podría sería aprobado como Proyecto Regional, una figura que permitiría imponer su ubicación al municipio elegido, sin importar su parecer.
El terror crecía con cada firma, con cada rumor. ¿Dónde caería la condena? ¿Qué pueblo o comarca vería sus cielos oscurecidos y su tierra marcada por la sombra de la macroincineradora? La Junta callaba, alimentando la angustia. Se sabía que se construiría, que las presiones para asegurar su viabilidad económica eran intensas, llegando incluso a contemplar la quema de “otro tipo de residuos susceptibles de valorización energética” si fuera necesario.
El emplazamiento exacto sigue siendo el secreto mejor guardado, una bomba de relojería medioambiental y sanitaria cuyo temporizador avanzaba inexorablemente hacia 2029. La pregunta flota en el aire, cargada de pavor: ¿Cuál será la localidad elegida?
