El 14 de Mayo comienzan los “Juegos del Hambre” en Castilla y León

Por el Bagauda

Este jueves 14 de mayo comienzan en Castilla y León los primeros “juegos del hambre” en la era del Covid-19.

El pistoletazo de salida lo ha dado la administración autonómica a través de su boletín oficial el 7 de mayo en el que se publicaba la ORDEN FYM/374/2020, de 5 de mayo, por la que se convocan ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

Con esta orden se pretende poner un parche, necesario pero claramente insuficiente, al boquete realizado en las economías de las clases trabajadoras tras la decisión del parón de la actividad económica para intentar frenar el colapso sanitario, colapso producido por la desastrosa falta de previsión del gobierno, por un criminal fallo sistémico del cuidado de nuestros mayores y por la lamentable situación de todo el sistema sanitario.

La cantidad destinada por el Estado en nuestra comunidad autónoma es de 5.400.000 €, cantidad que no llegará a todas las familias que lo necesiten, dado que el orden de preferencia para recibirla será el orden de presentación de todos los documentos necesarios. La “gymkana” por lo tanto estará asegurada, puesto que la Orden no sólo toma como referencia la orden de presentación de todos los documentos necesarios, sino también, siempre que falten algunos de ellos, la fecha de subsanación de los mismos.

Además, y para completar el trágico y criminal absurdo, el Consejero de Fomento y su Director General intentan salvar la situación excepcional en la que nos encontramos en Castilla y León expresando en dicha Orden que se dará preferencia a la vía telemática frente a la presencial para intentar evitar en la medida de lo posible que los y las castellanas y leonesas se acerquen a los registros administrativos.

Hay que recordar que nuestra propia administración, en la prudencia que le caracteriza, solicitó al Gobierno seguir en la Fase 0 del confinamiento, lo que haría imposible que cualquier ciudadano se acercara a las dependencias administrativas a realizar ningún tipo de trámite, ya que dicha actividad no está recogida entre las que se pueden hacer. Por lo que cualquier persona que se acercara a la administración podría ser perfectamente sancionada.

Es evidente que ante el desaguisado provocado por el mal gobierno, los ciudadanos se presentarán allí y la policía mirará para otro lado, “obligándose” a otra arbitrariedad más, algo a lo que ya estamos acostumbrados debido a la gran densidad de políticos ineptos y a la gran cantidad de policías tiranos.

Por si esto fuera poco, no hay que olvidar que el certificado digital y el uso telemático en la relación con las administraciones ni es obligatorio ni puede dar prevalencia a ningún ciudadano sobre otro en la adquisición de derechos, por lo que la convocatoria parece “cojear” en sus bases jurídicas. Es más, bastaría pensar que este mismo jueves cualquier persona que no viva en Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y la gigantesca metrópolis del Condado de Treviño, localidades donde habrá registros presenciales abiertos, no podrá acceder en condiciones de igualdad a una ayuda tan necesaria y urgente porque en fase 0 nadie puede moverse de su localidad si no es para trabajar.

Tampoco podría acceder en condiciones de igualdad aquellas personas que teniendo la posibilidad de realizar trámites por vía telemática residan en cualquier localidad de Burgos que no tenga una cobertura que asegure un acceso correcto a la red, y no son pocas…

Todas estas situaciones podrían dar lugar a la paralización de la convocatoria, lo que parece no haber preocupado a la coalición PP-Ciudadanos que, después de recibir algunas advertencias, han tirado hacia adelante. Quizás porque ninguno de los componentes del Consejo de Gobierno ni sus altos cargos vayan a necesitar de las mismas. Por supuesto y otra vez a la ¿oposición? ni está ni se le espera.

El desastre es aún mayor cuando además en la propia convocatoria se expresa que la Consejería de Fomento se da hasta 6 meses para resolver una ayuda “urgente” mientras los y las solicitantes van a tener que soportar con sus ingresos, si los tienen, el pago del alquiler de las viviendas. Si no fuera por lo grave de la situación, parecería un chiste…

Parece que estamos ante una competición hacia el abismo donde la falta de empatía y la estulticia de nuestros políticos campan a sus anchas de manera proporcional al ejercicio despótico de un poder que ha puesto en suspenso el derecho de reunión y manifestación y este 14 quiere acabar con la igualdad ante la Ley.

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