Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en relación a la autorización ambiental y la evaluación de impacto ambiental de un proyecto de explotación ganadera en el término municipal de Villaespasa.
Esta instalación ganadera prevé albergar “5400 plazas de cebo de porcino ibérico” y, como ocurre con la mayoría de este tipo de proyectos están generando una importante oposición vecinal. La provincia de Burgos, como otras provincias de Castilla y León sufre un importante problema de contaminación por nitratos de origen agropecuario y ganadero que lejos de remitir va en aumento.
La propia Junta de Castilla y León reconoce que “las medidas llevadas hasta el momento para el control de la contaminación con nitratos de origen agrario, han sido poco eficientes, necesitando ser mejoradas y completadas” en su informe sobre zonas vulnerables.
Resulta evidente que las medidas no tendrán efecto si, al mismo tiempo, se siguen autorizando nuevas instalaciones. Por ello, Ecologistas en Acción, reclama como única solución posible que se apruebe una moratoria en la concesión de nuevas autorizaciones ambientales mientras se aplica un plan para la reducción paulatina del numero de cabezas de ganado hasta equilibrar los residuos generados con la capacidad de tratamiento y uso sostenibles.
En el caso de la instalación de Villaespasa, la organización ecologista ha detectado importantes deficiencias en la prevención de la contaminacion. Por ejemplo, el proyecto no se contempla la contaminación de acuíferos, pero para Ecologistas en Acción considera que sí afectaría al acuífero Ucero que aporta agua en la zona y abarca Lerma y Aranda.
Por otro lado, una de las fincas que podría albergar purines procedentes de la instalación está cercana a la zona de captación de agua de boca para Cascajares de la Sierra; municipio que junto a Hortigüela también podría ver comprometido su suministro de agua por la demanda de la instalación ganadera.
Otro elemento que la organización ecologista ha señalado en sus alegaciones es que no se han indicado “con precisión” como exige la normativa, las fincas adscritas a la gestión de purines, ni la forma de gestión, limitándose el proyecto a señalar generalidades y sin realizar ningún tipo de estudio sobre los terrenos en los que se piensan aplicar los purines.
Lo mismo ocurre con la contaminación por amoniaco, que reconoce el proyecto, pero sobre la que no establece ninguna solución.
Recordemos que España vulnera los limites de emisión de amoniaco permitidos por la Unión Europea en más de un 30% (según datos de 2016), y que se asocia al aumento de las instalaciones ganaderas industriales y el uso de fertilizantes sintéticos.
Además, Ecologistas en Acción considera y así lo ha referido en su escrito, que se está generando confusión ya que no es posible llevar a cabo la actividad prevista en las instalaciones que se pretenden recuperar para este uso; simplemente se utiliza una instalación antigua para intentar superar los requisitos urbanísticos y ambientales establecidos legalmente.
Según los cálculos que aporta la organización ecologista la actividad no puede autorizarse ya que la superficie excede en más de 3000m2 de lo permitido por las Normas Subsidiarias de aplicación y se vulneraría la normativa de bienestar animal.
Ecologistas en Acción de Castilla y León es contraria al desarrollo de este tipo de instalaciones en el medio rural que, además de no generar apenas empleo, son una importante fuente de contaminación; así como una pieza clave en un modelo agroalimentario con graves impactos sobre el medio y que maltrata a los animales.
Por esta razón, la organización conservacionista está presentando alegaciones a los proyectos de instalaciones ganaderas industriales que se plantean en esta comunidad autónoma, exigiendo que, al menos, se establezca una moratoria de cinco años para nuevas instalaciones.
