Por El Bagauda
En ningún otro momento la ultraderecha española se ha preocupado tanto de la vida y la muerte de sus conciudadanos como en estos tiempos de coronavirus. Como mucho hubo un tiempo, que se hizo más bien largo, en el que no sólo se preocupaban sino que también decidían sobre tan delicada cuestión en función del énfasis y de la entonación que se pusiera al proferir su “Arriba España”, datos que, como ya se sabe, son mucho más objetivos que los que está utilizando ahora mismo la exangüe e impotente sanidad pública para salvar la respiración de algunos pacientes sobre otros.
Cómo ya sabéis hasta la saciedad, pues amplificada ya está la noticia y esta es la tercera etapa lógica de la estrategia convenida, el presidente del gobierno junto a todos los delegados de gobierno de las comunidades ha sido denunciado por prevaricación por, como se transmite en diarios tan “profesionales” como OK Diario, “autorizar las multitudinarias manifestaciones feministas del 8M”. Mal comienza esta información cuando ni si quiera se domina levemente los conocimientos más rudimentarios de la Constitución: las manifestaciones no se autorizan, son comunicadas por los convocantes y solo se pueden prohibir o suspender cuando se dan las circunstancias prescritas.
En este caso no parece que ninguna de las premisas de las reglas del juego a las que nos sometemos se den a no ser que el exceso del uso del color morado entre las y los asistentes pueda considerarse un uniforme paramilitar y que de lemas como “Muerte al macho” pueda preverse una conducta violenta que se convierta en un indicio de posible conjura paramilitar para ejercer la violencia.
Si acaso, la señora jueza podría vislumbrar muy a lo lejos la segunda premisa que dice “cuando se produzcan alteraciones de orden público con peligro para bienes y personas” pero no parece que una pandemia pueda ser la causante de una alteración puntual del orden público, sí como estamos comprobando una alteración de nuestra forma de vida, que es una cosa completamente diferente.
Pero como la administración de justicia en España ha demostrado ser hace mucho tiempo el ejemplo práctico de la imposible utopía liberal de la separación de poderes, es ahí donde comienzan las dos primeras etapas de la estrategia política miserable a la que nos vamos a tener que ir acostumbrando hasta que todo esto se vaya al carajo…
En primer lugar, un tal Víctor Valladares, que tiene un nombre que podría ser el de un personaje de Mihura, aparece cual héroe justiciero en un juzgado de Madrid para poner dicha demanda. Un hombre preocupado por la salud pública y que muy probablemente el día 8 de marzo ya habría cumplido su segunda semana de autoconfinamiento con la despensa llena de alimentos y de papel higiénico.
Aunque también podría ser que hubiera asistido al bizarro encuentro de Abascal en Vistalegre y no convencido de las palabras del líder mesiánico se hubiera apuntado por la tarde a la manifestación feminista. Una vez enterado, días después, de que el Gobierno había recibido un informe sobre los riesgos del virus del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades el 2 de marzo y comprobar posteriormente que cerca del 65 % de los fallecidos por el coronavirus son hombres, ha entendido perfectamente que las manifas del 8M son producto de una conspiración entre el gobierno fasciocomunista y las hordas feministas para atacar a los hombres.
Quién sabe lo que tendrá en la cabeza este abogado sancionado por el Colegio de Abogados de Madrid, inhabilitado para el ejercicio de dicha profesión y condenado y sancionado en varias ocasiones por estafar a clientes, como ya adelantado el diario digital Diario16. Una joyita que no puede haber actuado por aburrimiento, ya que tiene unas cuantas causas pendientes. Más bien diría yo que se trata de una operación de marketing personal en la que a buen seguro caerán los bufones de Vox, como ya cayeron anteriormente algunos grupos animalistas.
El caso es que tras la denuncia realizada por Valladares se dirigió, como por casualidad, al juzgado de instrucción nº 51 dónde casualmente encontró a una juez, que no jueza, dispuesta a hacer justicia, de las que quedan pocas: una tal Carmen Rodríguez-Medel… Y por supuesto ella ha decidido, quien sabe si después de una buena dosis de alucinógenos, que existen indicios para abrir diligencias de investigación al delegado de gobierno en Madrid y ha elevado la denuncia al presidente al tribunal supremo.
Cuesta entender en cualquier caso, si no se trata de una malvada operación ideológica en la que la propia Rodríguez-Medel esté involucrada, porque las personas se podían contagiar más y mejor en la manifestación celebrada en Pamplona por 8000 personas y no en el partido del Osasuna al que fueron 15770 o en Valladolid a la que acudieron 4000 frente a los 21677 espectadores que acudieron a ver a su equipo.
Resulta que a poco que uno investigue Doña Carmen, nombre de resonancias místicas, es hermana de un coronel e hija de un general de la guardia civil y también es miembro, que no “miembra”, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Las personas que se han tropezado con ella dicen que es una persona de orden, recta, pero soberbia y prepotente y con muchas ambiciones. De hecho fue uno de los tres jueces que optaron por la plaza que fue dejada en la Audiencia Nacional cuando a Garzón le sacaron a hombros de la ídem.
Además “casualmente” Doña Carmen, no me refiero a “la Collares”, fue asesora, y así consiguió llegar a Madrid, de uno de los mejores ministros de justicia, y mira que los ha habido buenos, del reino de España: Rafael Catalá. Un experto tecnócrata en el apaño de las cosas del comer: el amigo de Ignacio González que colocó a Jose Manuel Maza como fiscal general y a Manuel Moix como fiscal jefe anticorrupción para favorecer los intereses en los líos judiciales de su amigo en la operación Lezo. La Faes los cría y ellos se juntan…
En cualquier caso estoy completamente convencido que si el sentir general en esos momentos hubiere sido el de ahora mismo, tanto a las organizaciones convocantes como a la gente no les habría hecho falta las advertencias de un gobierno para suspender toda actividad porque si de algo saben, y a lo que se han visto obligadas, la mayor parte de las mujeres es de proteger, de cuidar y de criar.
El gobierno, o mejor dicho los gobiernos, bastante tienen con lidiar con su inepta falta de previsión, con su lamentable lucha partidista, con los abyectos recortes materiales y humanos en la sanidad pública y con la criminal falta de empatía de la Des-Unión Europea.
