Por Burgos Dijital
La Fundación estatal para la Prevención de Riesgos Laborales fue creada en 1999 para dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), con la finalidad de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Dentro de la Fundación se creó un Patronato como principal órgano, y en él están representadas tanto las Administraciones Central y Autonómicas como las organizaciones empresariales (CEOE-CEPYME) y sindicales (UGT y CCOO) más representativas. Estas organizaciones empresariales hasta septiembre de 2015 tuvieron mayoría en dicho Patronato.
Así, mientras el principal responsable de CCOO Unai Sordo tenía un encuentro con delegados de este sindicato hoy en Burgos para hablar de posibles movilizaciones, el sindicato CGT ha desvelado, tras un estudio pormenorizado, un gran número de irregularidades y posibles delitos cometidos tanto por la Fundación como por sus principales beneficiarios recogidos en un informe, realizado por el Tribunal de Cuentas el año pasado y hecho público hace dos meses, sobre las acciones realizadas por la Fundación en su cometido entre 2012 y 2015.
Al parecer, en estas tres campañas el reparto de las subvenciones ha sido de un monto total de 78.600.000 €, los cuales han ido a parar prácticamente en exclusividad a las 4 organizaciones, dándose el caso de que tanto UGT como CCOO recibían cantidades similares. Los representantes de CGT consideran que si a ello se añade que tanto las organizaciones empresariales y sindicales eran juez y parte, no se puede pensar más que en un pacto de antemano.
Foto cedida por CGT Burgos
Han apuntado también que en muchas de las acciones proyectadas, como la realización de jornadas de formación y las visitas a empresas, no se ha aportado ninguna justificación documental, hasta el punto de que la Fundación ha dado por bueno la inexistencia de partes de asistencia a los cursos o de recibís o algún tipo de justificante en la recepción de material supuestamente distribuido a los trabajadores. El propio Tribunal, en su informe, revela que parte de las visitas realizadas a las empresas se hacía por parte de liberados sindicales, con lo que el dinero solicitado y supuestamente justificado con contrataciones no se ha utilizado realmente para gastos de personal.
Por otro lado, se ha contratado a personal temporal para impartir jornadas de prevención de riesgos laborales, sin ninguna cualificación en prevención de riesgos laborales. Incluso se apunta en el informe, que la CEOE contrató a través de otra fundación propia a una persona, sin ningún tipo de conocimientos en prevención, para elaborar una guía sobre la “comunicación en la prevención de riesgos laborales“, de la que únicamente 5 páginas trataban sobre la prevención, por un total de 23.970,56 €.
También se realizó la subcontratación de acciones con determinadas empresas, sin solicitar presupuestos alternativos, a lo cual estaban obligados.
La Fundación no realiza el exhaustivo seguimiento de las acciones realizadas con las subvenciones ni de los resultados de éstas, “lo que es aún más grave puesto que con ello se demuestra el poco interés que tienen las 4 organizaciones en conocer si sus acciones están siendo positivas en la prevención de riesgos de los trabajadores, en un entorno, como es el laboral, en permanente cambio“, expresaban en la rueda de prensa.
Quizás esto tenga que ver con una pequeña parte que el propio Tribunal de Cuentas ha elevado a la Fiscalía para su investigación al detectarse una posible falsificación masiva de partes de visitas a empresas, ya que buena parte de los documentos presentados por los representantes de CCOO, UGT y las confederaciones empresariales eran meras fotocopias que en algunos casos resultaban ser idénticas. Incluso se expresa de la imposibilidad de la asistencia de algunos “visitadores” por encontrarse éstos, según los documentos presentados, en diferentes ciudades el mismo día y horas cercanas.
Por último, los representantes de CGT expresaban que los hechos son aún más graves cuando, tras un informe realizado por el propio Tribunal en 2006, se repiten idénticas maneras de proceder 6 años después. Al parecer las recomendaciones tanto al Gobierno como a la Fundación cayeron en saco roto, por lo que se estaría ante “Un presunto desvío de estos fondos a la financiación de gastos de estas organizaciones” y “ante una presunta malversación de fondos públicos y un evidente amaño de la asignación de las subvenciones“.
Las personas responsables de este estudio y afiliadas a CGT han querido mostrar también su solidaridad contra la represión de algunas de las mujeres acusadas de diversos cargos y que formaban parte del piquete de la huelga feminista del 8 de marzo.
