La Junta de CyL está enviando cartas al sindicato CGT para que acredite su condición de interesado para la presentación de alegaciones a la licencia medioambiental, concedida para la instalación de un incineradora de residuos en Burgos.
A sabiendas que no tiene derecho a rechazar las alegaciones de sindicatos u otras personas físicas o jurídicas para la presentación de alegaciones, intenta dilatar la aceptación de alegaciones para no admitir dichas alegaciones por estar fuera de plazo.
La misma práctica dilatoria la intenta utiliza el Ayuntamiento de Burgos para intentar no admitir las firmas de los vecinos contra la incineradora, pidiendo un certificado de empadronamiento de los ciudadanos que han firmado las cartas de rechazo a la incineradora de Burgos en Cortes.
La propia normativa de transparencia de la CYL acreditan la condiciones de interesado en temas medioambientales para cualquier persona física o jurídica. Así como la Ley 27/2006 (participación pública en materia de medio ambiente), y con carácter supletorio la Ley 19/2013 (transparencia), y la normativa autonómica antes citada.
¿Por qué teme la Junta de CyL las alegaciones de los ciudadanos?
En España, la Ley 27/2006, de 18 de julio, que incorpora los convenios internacionales de Aarhus, regula expresamente el derecho de toda persona, física o jurídica, a participar en los procedimientos de autorización ambiental, incluyendo la presentación de alegaciones durante los periodos de información pública. Esto se aplica con independencia de que la persona tenga o no un interés directo, legitimando la participación ciudadana y de entidades sociales, vecinales o ecologistas.
En el ámbito ambiental, la legislación española y europea (incluyendo la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, y la Ley 27/2006, que incorpora el Convenio de Aarhus) amplía el concepto de “interesado” para garantizar la participación pública:
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Se reconoce como “público interesado” a cualquier persona física o jurídica, así como a las asociaciones, organizaciones y grupos constituidos conforme a la normativa aplicable, que puedan verse afectados o tengan un interés en la toma de decisiones ambientales
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Esto incluye tanto a quienes puedan verse directamente afectados por el proyecto como a quienes actúan en defensa de intereses colectivos, especialmente los relacionados con la protección del medio ambiente y la salud pública.
Nos encontramos con prácticas represivas a la participación ciudadana y sindical en los asuntos de salud pública y medioambiental. Para seguir manejando el cortijo, a su antojo. Sin respetar los mínimos de participación en la vida pública de organizaciones que luchan por el bien común.
Será que: ¿Instalar un incineradora contaminante y perjudicial para la salud de todos los burgaleses, a 2 km del centro de Burgos, no es posible si nos movilizamos y protestamos?
Será que: ¿con la licencia ambiental concedida a la incineradora de Burgos nos quieren colar una macro-incineradora para toda CyL?
