Viernes Negro denuncia la destrucción de la inspección en los fraudes agroalimentarios

Por Burgos Dijital

El escándalo de Eurofrits, que va camino de ser uno de los mayores fraudes cárnicos de los últimos 20 años en España, se ha producido únicamente por la delación de un trabajador despedido que, conociendo perfectamente el fraude, movió a los funcionarios inspectores a realizar una cuidadosa y trabajada investigación para comprobar la veracidad de los hechos. A medida que la investigación avanza, se comprueba que el fraude viene de lejos y ello, en buena parte, se puede deber a la extraña estrategia del ejecutivo de Herrera en debilitar premeditadamente los Servicios de Inspección, como denuncia hoy el movimiento Viernes Negro.

Algunos miembros de Viernes Negro nos confirman que el 17 de noviembre del año pasado enviaron un escrito-queja sobre el abandono del servicio público de Inspección de Calidad cuya gestión corresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería.

El 8 de marzo de 2017 el Secretario General de Agricultura y Ganadería Eduardo Cabanillas remitió a los firmantes la contestación a las preguntas planteadas sobre la Inspección de Calidad. La mayoría de estas contestaciones no aportaban ningún dato concreto e incluso ni siquiera contestaba a muchas de las preguntas.

Viernes Negro denuncia que las supuestas actividades de vigilancia, control e inspección de la cadena alimentaria en la “Estrategia Futura Alimenta” no existen, ya que en la actualidad sólo hay 4 empleados públicos para toda la Comunidad que “intentan tapar las vías de agua, que continuamente provoca esta Consejería, para que este barco no se hunda definitivamente”.

En algunas ocasiones se producen escenas bochornosas al coincidir en la misma industria y a la misma hora tres inspectores distintos (Sanidad, Consumo y Calidad) para la realización de inspecciones sobre la misma materia. Lo que demuestra que la coordinación entre las diferentes Consejerías es inexistente, lo que puede poner en serio riesgo a los consumidores.

Los inspectores de la Junta reconocen también que “para resolver todas aquellas dudas y cuestiones que nos plantean los empresarios agroalimentarios, tenemos que apoyarnos en una formación autodidacta y en consultas puntuales externas a técnicos o jurídicos del Ministerio de Agricultura o de otras Comunidades Autónomas”.

Por su parte, Eduardo Cabanillas considera que 15 Inspectores de los 25 potenciales son suficientes para la región más extensa de toda la Comunidad Europea y que tienen que inspeccionar a más de 3.000 industrias agroalimentarias. Pues bien, los funcionarios denuncian que en el Informe del Grado de cumplimiento de la programación de controles oficiales 2016 se refleja que sólo se han programado 630 inspecciones a industrias, escasamente el 20 % del total de industrias Agroalimentarias de C y L.

A día de hoy, y tras un concurso de traslados, quedarán solamente 10 inspectores para las nueve provincias. De hecho 3 provincias se quedarán, de momento, sin inspección alimentaria. Esta espantada, dicen los empleados públicos, se debe al “deterioro de este servicio, motivado por la falta de apoyo y de alicientes profesionales, así como la no protección y defensa de los inspectores ante agresiones verbales e intimidatorias de distintos empresarios, unido todo ello a la mala remuneración de estos puestos de inspección pese a su penosidad, gran responsabilidad y alta especialización técnica, científica y legislativa requerida”.

Nuestra provincia será una de las “afortunadas” sin inspección. Toda una bomba de relojería si tenemos en cuenta que es la provincia con mayor número de industrias agroalimentarias de C y L y donde radican varias de las más grandes de España: Alimentación Campofrío, Leche Pascual, Bollería Siro (antigua Hnos. Martínez), Cervezas San Miguel, Snack Venture (antigua Matutano)…, así como de la mayoría de las Bodegas de la DO Ribera del Duero.

Por otro lado, los trabajadores manifestan que la formación es tan escasa y deficiente que en distintos informes de las Auditorias del Programa de Control Oficial de C y L se expresa literalmente que “no todo el personal que lleva a cabo controles oficiales ha recibido la formación específica adecuada a su ámbito de actuación a través de actividades formativas organizadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería”. Apuntan incluso que desde el año 2012 la Junta no les forma en temas tan importantes como la aparición de nueva legislación comunitaria y nacional, las nuevas tecnologías industriales o los nuevos productos alimenticios…

Viernes Negro vuelve a recordar a Herrera el despilfarro detectado de más 4.500.000 € en reformas y edificios no utilizados en la provincia: el Laboratorio Agrario Regional de Burgos, la estación de avisos de Pedrosa de Duero o el Centro Tecnológico Agroalimentario de Aranda de Duero, entre otras.

Asimismo requieren al Secretario General de la Consejería de Agricultura y Ganadería para que haga públicas declaraciones sobre diversas dudas:

¿Se ha creado un gabinete de crisis ante la presunta existencia de un gran fraude alimentario en una importante empresa cárnica de Burgos?

¿Por qué se ha preferido desviar más de 100 millones de € anuales a la empresa pública ITACyL, en lugar de potenciar este servicio de Inspección de Calidad?

¿Alguien ha asumido alguna responsabilidad, en esa Consejería, por el despilfarro de más de 4.500.000 € en la construcción o ampliación de centros públicos en desuso?

¿Por qué no se dota a los inspectores de medios técnicos: teléfonos móviles, ordenadores, impresoras, cámaras fotográficas…, que faciliten su labor inspectora en las industrias agroalimentarias?

¿La Consejería de Agricultura y Ganadería está promoviendo que tanto el Plan como los informes de ejecución y sus propuestas de mejora tengan carácter público?

Por último, Viernes Negro nos adelanta, como se lo ha hecho saber al Presidente de la Junta, que ante la falta de respuestas y de la implantación de medidas correctoras que subsanen los múltiples defectos en la prestación de este Servicio Público, pondrá en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Agricultura y de la Unión Europea las irregularidades denunciadas para que estas instancias superiores se impliquen en la resolución de las mismas.

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