Alrededor de 800 personas se han manifestado este viernes, 13 de marzo, por el centro de la ciudad en la primera reivindicación de la recién creada plataforma burgalesa por la defensa del territorio, Burgos se defiende.
La plataforma creada por organizaciones medioambientales y asociaciones de los pueblos afectados por los proyectos de biometano planificados en la provincia de Burgos, denuncia la expoliación del territorio sin un consenso social.
La provincia de Burgos atraviesa un momento decisivo. La implantación masiva de macroproyectos industriales está configurando un modelo de desarrollo que no nace del territorio ni responde a sus necesidades reales.
Lejos de fortalecer el medio rural, este despliegue está acelerando la despoblación, el deterioro ambiental y la pérdida de calidad de vida en los pueblos, todo ello sin una planificación territorial rigurosa ni una participación efectiva y vinculante de la población afectada.
En los últimos años, Burgos está soportando una concentración creciente de grandes proyectos energéticos (solares y eólicos), ganaderos e industriales (producción de gas, amoníaco o hidrógeno), con especial preocupación por la expansión de macroplantas de biogás y biometano, que se deciden lejos de la provincia y se implantan sin diálogo real ni consenso social.
Se presentan como soluciones inevitables para una mal llamada transición energética, pero su despliegue acelerado y desordenado está generando impactos profundos sobre el territorio, la salud, la actividad agraria y el valor patrimonial de los pueblos, sin que los beneficios reviertan de forma clara en quienes viven y trabajan aquí.
En lo que respecta a las plantas de gasificación, se está promoviendo un modelo de gran escala que incluye el tratamiento masivo de purines, lodos de depuradora y subproductos animales, generando preocupación por la gestión de digestatos, la presión sobre los acuíferos, el aumento del tráfico pesado y los riesgos asociados a la acumulación de proyectos en determinadas comarcas. El cambio de modelo energético no puede utilizarse como argumento para industrializar el medio rural ni para convertirlo en receptor permanente de residuos.
Lejos de contribuir a fijar población o a fortalecer el medio rural, este modelo está agravando problemas estructurales ya existentes. La ocupación extensiva del suelo, la presión creciente sobre los recursos hídricos, la pérdida de tierras agrícolas y la saturación de infraestructuras están deteriorando la base material que sostiene la vida en los pueblos.
A ello se suman molestias constantes, riesgos ambientales y una progresiva devaluación de viviendas y explotaciones, factores que empujan a muchas personas a marcharse. No se trata de casos aislados, sino de una lógica de implantación que prioriza la rapidez y la rentabilidad de grandes inversiones frente a una planificación territorial equilibrada.
Las decisiones se toman desde instancias alejadas del territorio, con escasa transparencia y sin una evaluación acumulada de impactos, mientras los costes sociales y ambientales recaen de forma desigual sobre nuestros pueblos. La promesa de empleo y dinamización económica rara vez se materializa y, cuando lo hace, no compensa la pérdida de calidad de vida ni el deterioro de actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería o el turismo rural.
La población queda en una situación de clara indefensión frente a decisiones empresariales que se imponen de forma unilateral sobre el territorio, priorizando intereses privados sobre derechos colectivos y sin asumir plenamente los costes sociales y ambientales que generan.
Las compañías deciden dónde y cómo implantan sus proyectos amparadas en marcos normativos que facilitan la tramitación acelerada y reducen el control público, mientras las administraciones renuncian en demasiadas ocasiones a ejercer con firmeza su función de garantía del interés general. Esta subordinación de la acción pública al poder empresarial debilita la capacidad de decisión de los pueblos y erosiona la democracia local.
A esta situación se suma una preocupante limitación efectiva del derecho a participar y a estar informados. El acceso a los expedientes y a la información ambiental sigue siendo complejo y fragmentado, pese a que la legislación reconoce expresamente este derecho.
La falta de transparencia y de evaluación acumulada impide que la ciudadanía pueda conocer el alcance real de lo que se está autorizando en su territorio. En este contexto nace Burgos se defiende, una plataforma que coordina organizaciones sociales, colectivos vecinales y plataformas locales de toda la provincia.
Su objetivo es compartir información, coordinar respuestas y fortalecer una voz provincial común frente a proyectos industriales de gran escala impuestos sin participación. Un espacio para defender el territorio, la salud, los pueblos y la biodiversidad, y para reivindicar el derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que necesita la provincia de Burgos.
Imágenes y vídeos de la manifestación
