Por Olmo Blanco.
Dani Gago, El Salto
Durante más de setenta años Maricarmen vivió en la misma casa de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en Madrid. Setenta años dan para convertir unos metros cuadrados inscritos en el Registro de la Propiedad en algo bastante más difícil de medir: un hogar.
El 23 de septiembre de 2026, a los 87 años, salió de allí en una camilla. No se marchaba voluntariamente. Una comisión judicial ejecutaba el cuarto intento de desahucio después de años de litigio.
Podríamos dejarlo ahí: una anciana, una empresa, un contrato y una resolución judicial. Pero el problema no empieza ahí. Un día antes, Isabel Díaz Ayuso inauguraba The District, una gran feria internacional de inversión inmobiliaria, y proclamaba ante empresarios, promotores y fondos que «la propiedad privada es sagrada y la defenderemos a ultranza». No existe necesariamente contradicción jurídica entre ambas escenas. Precisamente por eso conviene mirar más arriba: cuando muchas decisiones perfectamente legales producen una realidad social difícilmente aceptable, quizá el problema esté también en las reglas que las hacen posibles.
En 1996, apenas unas semanas después de llegar José María Aznar al Gobierno, su Ejecutivo aprobó medidas liberalizadoras en materia de suelo. Dos años después, la Ley 6/1998 convirtió en suelo urbanizable todo aquel que no estuviera protegido. La idea económica parecía sencilla: más suelo, más construcción, más oferta, menores precios. El mercado haría el resto.
España urbanizó y construyó como pocas veces en su historia. Lo que aquella ecuación no resolvió fue algo bastante más elemental: para quién se construía, quién controlaba el suelo y qué ocurría cuando una necesidad básica se convertía también en uno de los principales activos de inversión. No basta con fabricar viviendas. Importa qué relaciones sociales fabricamos alrededor de ellas.
En 2013 llegó otro episodio revelador. Durante la alcaldía de Ana Botella, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo vendió 18 promociones que incluían 1.860 viviendas públicas a Fidere, vinculada a Blackstone. Los procedimientos posteriores terminaron sin responsabilidad jurídica para Botella y su equipo, pese a las primeras sentencias. Pero una absolución no convierte automáticamente una decisión política en acertada. Las viviendas cambiaron de manos y un patrimonio público concebido para intervenir sobre el acceso a la vivienda pasó a integrarse en un circuito privado de inversión.
Existe una palabra antigua para describir aquello que pertenece o sirve a todos: lo común. No significa que todo deba ser propiedad del Estado. Lo decisivo es que determinados bienes, capacidades o infraestructuras permanezcan bajo algún tipo de control colectivo y sirvan prioritariamente para satisfacer necesidades. Expolio del común es, precisamente, el proceso inverso: aquel por el que recursos creados, financiados o protegidos colectivamente son trasladados a circuitos privados cuya lógica fundamental es la rentabilidad.
No hace falta que exista delito. El mecanismo puede desarrollarse mediante leyes, contratos, licitaciones y escrituras. La justificación suele ser parecida: el mercado administrará mejor esos recursos y sus beneficios acabarán alcanzando al conjunto de la sociedad. Es la vieja promesa del derrame. La evidencia acumulada obliga, como mínimo, a desconfiar de esa fe mágica. Eso no significa que construir más vivienda sea inútil o que el mercado carezca de función. Significa algo más concreto: por sí solo no garantiza asequibilidad, acceso universal ni conservación del patrimonio público.
Aquí aparece una de las consecuencias menos visibles del expolio del común. Cuando una administración vende suelo o vivienda obtiene ingresos inmediatos, pero pierde capacidad futura. Pierde instrumentos con los que intervenir cuando el mercado falla. Primero nos desprendemos de las herramientas y después descubrimos que carecemos de ellas para resolver el problema. Entonces pedimos al mercado que solucione aquello para lo que precisamente renunciamos a intervenir.
Recurrentemente hablamos del “capitalismo de amiguetes” pero nos quedamos en la superficie. Puede haber clientelismo o conflictos de interés, y cuando existan deberán probarse. Pero el problema es más profundo. Una administración puede vender patrimonio público mediante procedimientos completamente legales y producir el mismo resultado: un recurso sometido antes a decisión colectiva pasa a estar gobernado fundamentalmente por la rentabilidad privada. El problema político no es solo quién conoce a quién, sino quién termina controlando aquello que necesitamos.
Por eso el expolio del común puede pasar casi inadvertido. No hay necesariamente sobres, hay balances; no hay maletines, hay consejos de administración; no hay una puerta forzada, hay una escritura. Todo parece normal hasta que necesitamos aquello que un día decidimos vender. Entonces descubrimos que privatizar no era solamente cambiar de propietario, sino trasladar capacidad de decisión.
Maricarmen nos obliga a regresar al principio. Para ella aquel piso era una casa; para la empresa propietaria es un activo. Ambas afirmaciones pueden ser ciertas, pero no producen las mismas consecuencias. Un hogar se mide en años vividos; un activo, en euros por metro cuadrado. Un hogar adquiere valor cuanto más permanecemos en él; un activo puede aumentarlo precisamente cuando quien lo ocupa se marcha.
Aznar liberalizando el suelo, Botella vendiendo vivienda pública, Ayuso proclamando que la propiedad privada es sagrada y Maricarmen abandonando su casa en una camilla son diferentes ángulos desde los que enfocar un problema, pero no tienen la misma responsabilidad. Pueden leerse como momentos de una misma concepción política: confiar crecientemente en la propiedad privada, la iniciativa empresarial y el mercado como principales mecanismos para organizar el territorio y la vivienda.
Quizá por eso la pregunta ya no debería ser únicamente cuántas viviendas podemos construir, sino cuántas queremos conservar fuera de la lógica especulativa; no solo cómo movilizamos suelo, sino quién lo controlará dentro de treinta años; no únicamente cómo atraer inversión, sino qué capacidad colectiva perdemos cuando aquello que necesitamos para vivir se convierte ante todo en una oportunidad de negocio.
Ahí está el expolio del común. No consiste solamente en vender algo que era nuestro. Consiste en descubrir, años después, que también habíamos vendido nuestra capacidad para decidir sobre ello. Maricarmen perdió su casa, pero el piso continúa exactamente en el mismo sitio. Quizá esa distancia entre una casa y un activo explique mejor que muchas estadísticas lo que llevamos décadas haciendo con la vivienda.
