Por Ecologistas en Acción Burgos.
La ampliación de Rheinmetall Expal y Maxam en el Páramo de Masa no es solo una operación urbanística: consolida una parte de la provincia como territorio al servicio de la industria militar
A unos 28 kilómetros de la ciudad de Burgos, en el Páramo de Masa, se está decidiendo algo más que el futuro de una fábrica. La Junta de Castilla y León ha aprobado un Proyecto Regional para las instalaciones de Rheinmetall Expal Munitions y MaxamCorp International en la Merindad de Río Ubierna, en el entorno de Quintanilla Sobresierra, Hontomín y el nacimiento del río Ubierna. Sobre el papel, la iniciativa se presenta como una ordenación territorial para dar seguridad jurídica a unas instalaciones ya existentes. En la práctica, abre la puerta a consolidar y ampliar un complejo industrial vinculado a explosivos, municiones, campos de prueba, residuos peligrosos y almacenamiento de sustancias de riesgo.
No hablamos de una fábrica cualquiera. El propio expediente conecta la ampliación con el incremento de las necesidades de fabricación militar derivadas de la coyuntura internacional. Es decir, con el rearme europeo, con el crecimiento del gasto militar y con la normalización de una economía de guerra que avanza mientras se multiplican las carencias en sanidad, vivienda, educación, cuidados, transición ecológica y protección del territorio
Desde Ecologistas en Acción Burgos lo decimos con claridad: lo que se tramita en el Páramo de Masa no puede analizarse como una simple inversión empresarial ni como un expediente urbanístico más. Es una decisión política de fondo. Afecta al modelo industrial, al uso del territorio, a la seguridad ambiental y sanitaria de la población y al papel que Burgos quiere desempeñar en la cadena europea de producción militar.
Un proyecto regional de interés público para blindar el complejo
El Proyecto Regional aprobado por la Junta no se limita a reconocer unas instalaciones industriales. Su objetivo es crear un “soporte urbanístico y territorial específico” para que Maxam y Rheinmetall Expal puedan mantener y consolidar sus actividades actuales, pero también desarrollar ampliaciones futuras.
Un Proyecto Regional es un instrumento de ordenación del territorio promovido por la Junta de Castilla y León que puede fijar sus propias determinaciones urbanísticas y condicionar el planeamiento municipal. En este caso, el documento parte de una idea central: las instalaciones no funcionan solo dentro de una parcela industrial, sino de manera extensiva sobre el territorio, con recinto productivo, campos de prueba, caminos, carreteras, zonas de amortiguación y espacios de reserva.
La escala explica la dimensión real del asunto. El ámbito de ordenación alcanza 578,20 hectáreas. Incluye un recinto principal de 328,03 hectáreas, dos recintos de pruebas al oeste de 24,41 y 13,65 hectáreas, zonas de protección alrededor de esos espacios y una zona de reserva situada en suelo rústico. No se está ordenando una nave ni una parcela aislada. Se está reconfigurando una parte significativa del territorio rural burgalés para consolidar un enclave industrial vinculado a explosivos y defensa.
La guerra no empieza únicamente cuando una bomba cae sobre una ciudad. Empieza antes, cuando un territorio se organiza para fabricar, almacenar, probar y normalizar la producción de esas bombas.
Más polvorines para fabricar más armamento
Uno de los puntos más relevantes del expediente aparece en el informe del Ministerio de Defensa. El documento reconoce la necesidad de Rheinmetall Expal de ampliar su capacidad de almacenamiento y vincula esa necesidad al aumento de la fabricación motivado por la actual coyuntura internacional. También considera de “particular interés” la actuación sobre la parcela S3, definida como zona de ampliación de polvorines.
Un polvorín no es un almacén convencional. Es una instalación destinada a guardar pólvora, explosivos, municiones u otros materiales energéticos. Por eso la ampliación no puede presentarse como una mejora industrial ordinaria. Supone aumentar la capacidad de almacenamiento en una instalación que el propio expediente identifica como fábrica de armas de guerra con incorporación de explosivos.
El Ministerio de Defensa advierte, además, de que los proyectos de ampliación deberán ser autorizados por la dirección general competente como modificación sustancial de una fábrica de armas de guerra. Esta expresión tampoco es menor: implica alterar de manera relevante las condiciones de una instalación sometida a controles específicos por su peligrosidad, su función militar y el uso de explosivos.
Este dato debería bastar para abrir un debate público de primer orden en Burgos. ¿Queremos que el Páramo de Masa se consolide como infraestructura del rearme europeo? ¿Puede una decisión de esta naturaleza tramitarse como una cuestión técnica, lejos del debate social? ¿Quién decide qué territorios se ponen al servicio de la producción militar y qué riesgos se aceptan en nombre de la seguridad?
Rheinmetall, Expal y la nueva economía de guerra
Rheinmetall es hoy una de las grandes beneficiarias del rearme europeo. En 2023 compró Expal Systems, hasta entonces integrada en Maxam, por unos 1.200 millones de euros. En 2024 alcanzó una facturación récord cercana a 9.800 millones, un 36% más. Su sector militar creció un 50% y el beneficio operativo se elevó hasta unos 1.500 millones. Su consejero delegado, Armin Papperger, lo resumió de forma inequívoca: “ha comenzado una era de rearme en Europa”.
La información publicada sobre el proyecto concreta qué papel puede jugar Burgos en esa estrategia. Entre los proyectos destacados figura el Sistema Lanzamisiles de Alta Movilidad, SILAM, un lanzacohetes basado en tecnología israelí cuya munición se fabricaría íntegramente en el complejo del Páramo de Masa. Se trata de un programa militar español para dotar al Ejército de Tierra de un sistema móvil de cohetes de artillería de largo alcance. Rheinmetall Expal y EM&E han presentado una propuesta conjunta que incluye lanzadores, munición, vehículos de reconocimiento y mando, y desarrollo de cohetes guiados.
También aparece el proyecto ASSEGAI, orientado a producir un nuevo proyectil de 155 milímetros, junto a un edificio de curado destinado a elevar la capacidad de producción de proyectiles de artillería y calibres medios. No hablamos, por tanto, de industria genérica. Hablamos de piezas concretas de la cadena europea de munición, artillería y sistemas de defensa.
El contexto europeo refuerza esta lectura. La Comisión Europea ha presentado el plan ReArm Europe / Readiness 2030, con el objetivo de facilitar hasta 800.000 millones de euros para reforzar el gasto en defensa, flexibilizar reglas fiscales, movilizar préstamos y acelerar la industria militar europea. La Comisión lo presenta como una estrategia de seguridad. Desde el ecologismo social y el antimilitarismo lo vemos como una apuesta política por el rearme en plena emergencia climática y social.
La relación entre Burgos y la economía europea de guerra no es una exageración. Está en las prioridades industriales de la empresa, en los proyectos vinculados al complejo y en el propio expediente administrativo.
Maxam y la retórica verde de los explosivos
MaxamCorp International también forma parte del proyecto, ya que se reparte el recinto principal con Rheinmetall. Maxam mantiene actividad vinculada a explosivos civiles y materiales energéticos, es decir, sustancias capaces de liberar grandes cantidades de energía y utilizadas en voladuras, minería, obra civil u otros usos industriales.
En los últimos años, la empresa ha presentado iniciativas relacionadas con explosivos de menor huella de carbono, entre ellas la producción de amoniaco verde, obtenido a partir de hidrógeno producido con electricidad renovable y nitrógeno del aire, en lugar de procesos convencionales basados en gas fósil.
Pero conviene no dejarse arrastrar por el brillo de la palabra “verde”. Una tecnología puede reducir emisiones en una fase del proceso y, al mismo tiempo, seguir alimentando actividades social y ecológicamente problemáticas. No hay transición ecológica real si el hidrógeno, el amoniaco o la innovación industrial se ponen al servicio de la voladura, la minería destructiva o la guerra.
La pregunta no es solo cómo se produce. La pregunta decisiva es para qué se produce, quién se beneficia, quién asume los riesgos y qué alternativas industriales podrían responder mejor a las necesidades reales de la población.
Aguas subterráneas, nitratos y vertido cero en el Páramo de Masa
El expediente ambiental desmonta cualquier relato de normalidad. La Confederación Hidrográfica del Duero advierte de que el ámbito está atravesado por cauces y recuerda que cualquier actuación que afecte al dominio público hidráulico o a su zona de policía requiere autorización. Dicho de forma sencilla: los cauces, riberas y aguas públicas tienen protección legal, y las intervenciones en su entorno deben controlarse para evitar daños al agua y al ecosistema fluvial.
La Confederación también señala que la documentación del proyecto no define adecuadamente la posición del nivel freático, es decir, la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea. Si ese dato no se conoce con precisión, resulta difícil evaluar con seguridad cómo pueden afectar excavaciones, obras, derrames o filtraciones a los acuíferos.
El elemento más preocupante es otro. Según el expediente, en controles de aguas subterráneas realizados por Maxam en sus instalaciones del Páramo de Masa se han detectado concentraciones de nitratos superiores a 50 miligramos por litro en los puntos “Surgencia del Ubierna” y “Campo de destrucción”. Los nitratos son compuestos nitrogenados que, en concentraciones elevadas, deterioran la calidad del agua y pueden generar riesgos ambientales y sanitarios. El umbral de 50 miligramos por litro es una referencia legal especialmente relevante en la protección de aguas destinadas al consumo humano.
La Confederación es clara: por falta de caracterización del medio subterráneo, no puede asegurarse la no afección a las aguas subterráneas. Reclama, además, un protocolo de actuación ante posibles incidencias, medidas de impermeabilización y contención de derrames, y un plan de seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas. El expediente exige también que Maxam y Rheinmetall implanten las actuaciones necesarias para alcanzar el vertido cero y cesen las actividades de fertirrigación, de forma que se elimine el aporte de sustancias nitrogenadas a las aguas.
Si ya existen nitratos por encima de 50 miligramos por litro en puntos de control, cualquier ampliación debería ir precedida de información pública exhaustiva, evaluación independiente y garantías ambientales verificables. Lo contrario sería una irresponsabilidad.
Residuos peligrosos, suelo contaminado y riesgo Seveso
El expediente recoge que MaxamCorp International cuenta con autorización ambiental para la fabricación de explosivos y planta de hidrogeles, además de inscripción como productor de residuos peligrosos. Hay otro dato que no puede pasar inadvertido. El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados señala que Maxam no había presentado el informe actualizado de situación del suelo conforme al Real Decreto 9/2005, que regula actividades potencialmente contaminantes. En una instalación con explosivos y sustancias peligrosas, conocer el estado del suelo no es un trámite menor: es una garantía básica.
Además, la Agencia de Protección Civil indica que Merindad de Río Ubierna está afectada por la zona de alerta e intervención de un establecimiento sometido a la Directiva Seveso. Esta norma europea obliga a prevenir accidentes graves en instalaciones que almacenan o utilizan sustancias peligrosas. Su origen está en el accidente industrial ocurrido en Seveso, Italia, en 1976, que provocó una grave contaminación química y dio lugar a una regulación específica.
Por tanto, el debate no puede reducirse a empleo e inversión. Estamos ante explosivos, residuos peligrosos, posibles suelos contaminados, aguas subterráneas vulnerables, zonas de alerta por accidentes graves y ampliación de polvorines. La población de los pueblos afectados y de Burgos tiene derecho a información completa, comprensible y previa.
Un territorio rural que no está vacío
El Páramo de Masa no es un espacio sin valor. Es un territorio rural con cauces, surgencias, vías pecuarias, hábitats naturales, fauna esteparia, cavidades kársticas y paisajes agrarios. El documento de alcance exige estudiar la posible afección sobre masas forestales, hábitats de interés comunitario, flora protegida, fauna vinculada a cauces y cavidades, aguilucho cenizo, posible presencia histórica de sisón y murciélagos.
También reclama analizar ruido, contaminación lumínica, integración paisajística, consumo de agua, depuración, tráfico y riesgos naturales y tecnológicos. No son cuestiones accesorias. El ruido no es una molestia menor cuando hablamos de campos de pruebas, detonaciones o actividad con explosivos. La iluminación artificial nocturna tampoco es inocua: afecta a fauna, paisaje, salud y calidad del cielo.
La cuestión territorial es de fondo. Una comarca rural no puede convertirse en el patio trasero de decisiones tomadas por grandes empresas y administraciones en nombre de intereses estratégicos definidos lejos de los pueblos. El mundo rural no necesita más actividades impuestas, peligrosas y opacas. Necesita servicios públicos, transporte, empleo digno, vivienda, agua limpia, protección del paisaje, agricultura y ganadería sostenibles, restauración ecológica y capacidad real para decidir su futuro.
Seguridad, pero ¿para quién?
Nos dirán que todo esto se hace por la seguridad de Europa. Pero seguridad no es fabricar más armas. Seguridad es poder beber agua sin sospecha de contaminación. Seguridad es tener servicios públicos. Seguridad es que las personas jóvenes no tengan que marcharse. Seguridad es que los pueblos no vivan rodeados de riesgos que no han elegido. Seguridad es reducir la dependencia de industrias destructivas. Seguridad es democracia, información, salud, cuidados y territorio vivo.
El discurso del rearme europeo pretende que aceptemos como inevitable una transferencia gigantesca de recursos públicos hacia la industria militar. Pero cada euro destinado a armas es un euro que no se destina a prevención de incendios, sanidad, vivienda, dependencia, educación, rehabilitación energética, adaptación climática o transporte público. En plena emergencia ecológica, apostar por la economía de guerra no es realismo: es una huida hacia adelante.
La industria militar no solo destruye cuando sus productos llegan a un frente de guerra. También consume energía, materiales, agua, suelo, inversión pública, talento técnico y capacidad política. Militariza el territorio y estrecha nuestra imaginación colectiva, como si la única respuesta posible a un mundo inseguro fuera producir más instrumentos de destrucción.
Contra la plantilla no, contra la economía de guerra
La oposición a la declaración de Proyecto Regional no va contra las personas que trabajan en la fábrica. La plantilla no es el problema. El problema es un modelo industrial que convierte empleo, conocimiento técnico e inversión pública en dependencia de la producción militar y de las guerras.
Por eso defendemos una reconversión industrial justa. Reconversión no significa abandono de las personas trabajadoras. Significa planificar democráticamente el cambio de actividad, garantizar derechos laborales, formación, salarios, seguridad y empleo estable, y orientar capacidades industriales hacia sectores socialmente necesarios.
Burgos y Castilla y León necesitan industria, sí. Pero industria para la vida: rehabilitación energética de viviendas, transporte público, protección civil, prevención de incendios, restauración ecológica, gestión pública del agua, economía circular real, adaptación climática, cuidados y producción útil para garantizar vidas dignas dentro de los límites del planeta. Precisamente por eso, la cuestión no es mejorar la imagen del proyecto ni tramitarlo con más cuidado. La cuestión es si una ampliación de la industria de guerra puede presentarse legítimamente como interés general. Nuestra respuesta es no.
La fábrica de armas no es de interés general, es de interés militar y empresarial
Ecologistas en Acción Burgos ha recurrido judicialmente la declaración de Proyecto Regional porque considera que la Junta de Castilla y León está utilizando un instrumento excepcional de ordenación del territorio para sacar adelante un proyecto que no responde al interés general. No estamos ante una infraestructura necesaria para mejorar la vida de la población, garantizar derechos, proteger el territorio o fortalecer servicios públicos. Estamos ante una ampliación de la industria de guerra, impulsada por una multinacional armamentística en un contexto de rearme europeo.
La transparencia, la información pública y la evaluación ambiental rigurosa son exigencias mínimas. Sin ellas, el proyecto ni siquiera debería poder tramitarse. Pero el problema de fondo no es solo que falte información o que el expediente tenga graves lagunas ambientales. El problema de fondo es que esta ampliación no debería aprobarse bajo ningún concepto: consolida un enclave militarizado, aumenta los riesgos sobre el territorio, refuerza la producción de armamento y subordina suelo, agua, seguridad y planificación pública a los intereses de Rheinmetall Expal y Maxam.
La Junta presenta el proyecto como si fuera una actuación estratégica para Castilla y León. Pero estratégico no significa necesariamente deseable. También puede ser estratégica una decisión profundamente equivocada. En este caso, la Administración autonómica está convirtiendo una operación empresarial vinculada al rearme en una supuesta actuación de interés regional. Esa es la trampa política: vestir de interés público lo que en realidad beneficia a la industria militar y a la nueva economía europea de guerra.
Por eso no basta con pedir mejores documentos, más informes o mayor participación. Todo eso es imprescindible para frenar la tramitación y desmontar el relato oficial, pero la posición de fondo debe ser clara: el Proyecto Regional debe anularse. No puede considerarse de interés general una ampliación que pone el territorio al servicio de explosivos, polvorines, municiones, campos de prueba, residuos peligrosos y producción militar. No puede llamarse seguridad a un modelo que incrementa los riesgos ambientales, tecnológicos y sociales de los pueblos afectados.
Rechazamos el rearme, la ampliación de la industria militar y la normalización de la economía de guerra. Los conflictos no se resuelven fabricando más armas, sino con diplomacia, justicia internacional, desarme, cooperación, derechos humanos y cultura de paz. Y rechazamos que se utilice el empleo como chantaje para blindar actividades peligrosas. Burgos y Castilla y León necesitan industria, sí, pero industria para la vida: rehabilitación energética, transporte público, protección civil, restauración ecológica, gestión pública del agua, cuidados y adaptación climática.
En el Páramo de Masa no se está decidiendo solo el futuro de una fábrica. Se está decidiendo si aceptamos que el territorio se ponga al servicio del negocio de la guerra. La Junta puede llamarlo Proyecto Regional, pero no es interés general: es rearme, riesgo y subordinación del territorio a la industria militar. La guerra empieza también en nuestra provincia. Y aquí debemos empezar a pararla.
