La Plataforma en defensa de lo público, (PLADEPU) ha pedido que se investigue los datos aportados en el informe del Consejo de Cuentas sobre encomiendas de gestión de la Administración Autónoma.
Un duro informe, que según PLADEPU, supone un grave perjuicio económico para las arcas autonómicas, con graves irregularidades analizadas por el tribunal durante 2013.
Representantes públicos de la oposición en las Cortes de CyL. Foto PLADEPU
La encomienda de gestión es un instrumento jurídico donde la Administración Pública encarga a otro ente u organismo, también público, la realización de una determinada actividad o prestación, sin cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. El gobierno de CyL crea fundaciones amparadas por una regulación propia, sin un control previo de fiscalización. También utilizan empresas públicas, reguladas por la normativa de empresas privadas, para saltarse los controles de transparencia y buen gobierno de la administración pública y contratando personal ideológicamente afín.
Esta figura normativa constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario en la contratación pública, cuya finalidad, es garantizar los principios de igualdad, concurrencia y no discriminación, además de la consabida transparencia, en los procedimientos de licitación pública.
Según el órgano fiscalizador externo de Castilla y León, “prácticamente la totalidad de las prestaciones que son objeto de encargo se refieren a obras o servicios que podrían haber sido objeto de ejecución directa indiferenciada por los propios servicios de la Administración, o bien haber sido ofertados a pública licitación”. El gasto público se incrementa debido a los “intermediarios públicos” creados, que sin ningún contenido real, ni especialización contratan con consultoras y empresas privadas los servicios demandados por la administración, eludiendo requisitos legales que la Ley de Contratos exige a las Administraciones, pero no a estos entes.
Hasta ahora, las Cortes de Castilla y León no han solicitado al gobierno de Herrera responsabilidades, ni una investigación al Consejo de Cuentas sobre el alcance de esta práctica.
