SOS por el derecho a la vivienda

El jueves 9 de noviembre, de 18 a 21 horas en la Plaza del Cid, el grupo de activistas de Amnistía Internacional en Burgos recogerá firmas para exigir al Gobierno que asuma sus responsabilidades y garantice el derecho a la vivienda.

En la carta a firmar, se pide la adopción de un Protocolo Marco sobre desalojos que garantice la coordinación entre juzgados y autoridades municipales orientado a asegurar alternativas de vivienda a las personas que no dispongan de recursos. Se pide también al Gobierno que trabaje en coordinación con las Comunidades Autónomas para ampliar el parque de vivienda social y proporcionar ayudas adecuadas a la vivienda.

El pasado mes de mayo, Amnistía Internacional publicó un informe bajo el título “La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España”.

Este informe de Amnistía Internacional se enfoca en los desahucios de viviendas en alquiler, por ser más numerosos estadísticamente, y describe la falta de garantías de protección de los derechos para las personas afectadas. El informe se centra en la Comunidad de Madrid y Cataluña por ser las dos Comunidades Autónomas que concentran mayor número de desahucios en toda España. Con alrededor del 26% de la población, estas Comunidades concen­tran el 34% de todos los desahucios de viviendas en alquiler del país.

Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, decenas de miles de personas que no podían mantenerse al día en el pago del alquiler de su vivienda han sido desalojadas. Desde 2013, se han producido 153.667 desahucios. Tan solo en 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España, además de 26.397 desalojos hipotecarios.

El Comité de Derechos Económicos, So­ciales y Culturales de Naciones Unidas pidió a España en 2012 que recopilara información estadística desglosada con vistas a identificar a las personas y grupos afectados por las medidas de austeridad. Sin embargo, hasta la fecha el Gobierno no ha implementado esta recomendación. Estos datos son esenciales para contar con un diagnóstico sobre las necesidades de vivienda de la población y diseñar una estrategia en materia de vivienda que garantice de manera efectiva el derecho a la vivienda adecuada, priorizando los colectivos más desfavorecidos. La crisis del derecho a la vivienda no afecta a todas las personas por igual. Tiene un efecto añadido sobre mujeres, especialmente las que encabezan los hogares monomarentales, mujeres con discapacidad, o víctimas de violencia de género.

 Asimismo, casi una década después del inicio de la crisis económica, el gobierno español no ha adoptado medidas orientadas a reforzar las garantías de protección del derecho a la vivienda adecuada, o a garantizar los derechos de las personas afectadas, especialmente aquellas en situación de marginación y discriminación. Por otra parte, la liberalización y mayor flexibilidad de los contratos de alquiler y el proceso de desalojo, propiciados por las sucesivas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil, no han venido acompañadas de medidas para garantizar el derecho a la vivienda adecuada.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula el proceso judicial de desahucio, no obliga expresamente a los jueces a examinar la proporcionalidad de cada desalojo basada en las circunstancias personales del caso, incluidas las desigualdades de género. La evaluación de la proporcionalidad también adquiere una importancia fundamental cuando hay menores implicados en el procedimiento de desahucio.

Por su parte, la Ley de Arrendamientos Urbanos, no garantiza la seguridad de la tenencia al reducirse la duración legal de los contratos de alquiler y acortarse los plazos judiciales en caso de desahucio.

Amnistía Internacional considera que una importante causa de esta desprotección jurídica es la consideración de la vivienda como un derecho que no está protegido con las máximas garantías en la Constitución.

España cuenta con un porcentaje de vivienda social de menos del 2% del total del parque de viviendas; uno de los que menos gasto público emplea en vivienda, tan solo el 0,5% del Producto Interior Bruto y, sin embargo, es uno de los que ha visto cómo el gasto personal en vivienda se ha incrementado del 17,4% del gasto total de los hogares en 2005 al 23% en 2015, el mayor en la Unión Europea.

Asimismo, en un momento de creciente demanda de vivienda social, las autoridades han procedido a adoptar medidas regresivas sin ningún tipo de justificación. Así, el presupuesto público español para el acceso a la vivienda y fomento de la edificación se ha reducido en un 70.4% si comparamos los presupuestos de 2009 y 2017.

Ante esta situación, Amnistía Internacional, ha lanzado una campaña para exigir al Gobierno central, la adopción de las siguientes medidas:

  • Adopción por parte del Gobierno de un Protocolo Marco sobre desalojos que garantice la coordinación entre juzgados y autoridades municipales orientado a asegurar alternativas de vivienda a las personas que no dispongan de recursos, tal y como Naciones Unidas le acaba de exigir.
  • Trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social y proporcionar ayudas adecuadas a la vivienda.

 

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