Por Sara Doval.
Activista y ex-concejala de IU en Ávila
La caza de brujas ha empezado y amenaza con aplastar a toda aquella gente que intenta denunciar la corrupción, limpiar el sistema… Todos aquellos y aquellas que planteamos una alternativa sensata al sistema somos peligrosos, y se ha dado la orden de cazarnos a cualquier precio, porque todo vale para guardar su status y mantenernos en estado zombi.
Entre estas herramientas se encuentran las leyes Mordazas. El arsenal normativo que el sistema ha sacado para callar a la calle y a los que denunciamos, ya sean sindicalistas que ejercen huelgas, activistas que paran desahucios, ciudadanos anónimos que publican en las redes convocatorias u opiniones o cargos públicos que denuncian irregularidades o tramas corruptas, estamos en el punto de mira.
Pero ya no están solos los jueces e instructores valientes que se atreven admitir a trámite denuncias o instruir casos que tocan a políticos corruptos, altos funcionarios, policías o banqueros.. tampoco están ya solos los valientes inspectores de la Guardia civil o del CNP que se enfrentan incluso a sus superiores políticos implicados en los casos que destapan. Se acabó ya el miedo de “tirar de la manta” de la gran mayoría de honrados periodistas, que en una alarde de locura desean mantener limpia su profesión, la de informar y denunciar, aunque les cueste su empleo “parcial” como es el caso de Ignacio Escolar con la SER. Y qué decir tiene de los héroes que trabajan en Hacienda denunciando donde más le duele al capital.
No hay que irse muy lejos para tener ejemplos de cómo los oscuros brazos del sistema rebuscan debajo de las piedras para arrojar a los medios cualquier asunto para hundir personalmente a las personas que damos la cara, utilizando impunemente a los cuerpos y seguridad del estado o al poder judicial. Muchos son los ejemplos oscuros de cargos públicos valientes como Mirella Molla de Compromís, que destapó el caso Blasco del dinero para cooperación, o la ex-concejal de Barcelona Itziar González que destapó el frustrado y corrupto proyecto del Hotel Palau y, casualmente no volvió a encontrar trabajo como arquitecta pública. El sistema es más descarado en casos como el asesinato avisado de Berta Cáceres, activista ambiental, pro DD.HH. de Honduras. España no es Honduras pero el mecanismo funciona de forma muy similar.
Sin irnos más lejos, en Castilla y León desde donde les escribo, concretamente en Salamanca, mañana 18 de mayo le toca el turno a Gabriel de la Mora, activista legal del 15M y de la PAH, actual concejal por Ganemos Salamanca, llamado a declarar en los juzgados. El peculiar y “peligroso” activista defendió públicamente a los vecinos de un barrio de la ciudad denigrados por los medios de comunicación a través de una filtración policial, sobre cierta actuación de dudosa profesionalidad, donde los DD.HH quedaron en entredicho. Le acusan de mentir, porque y, por supuesto, no vaya a ser que llamen a mi puerta también, tendré que decir “presuntamente”, forzaron la detención de un menor, su abuela y varios testigos que sólo observaron la actuación de la policía, sacándoles de la casa a la fuerza, mientras amenazaban a los vecinos de que no grabaran lo que estaba sucediendo, so pena de ir también detenidos. Todos ellos acusados por “agredir a policías” y “resistirse”. El concejal cometió sólo una equivocación… ejercer su función pública como cargo público del Ayuntamiento Salamanca y contar, sin el “presunto” delante, la versión de la familia y del barrio, la que nunca apareció en los medios oficiales, en la que es la policía la que agrede, detiene injustamente y obliga a los vecinos a borrar los vídeos, la mejor prueba para dilucidar la realidad de los hechos.
No es casualidad que la Confederación Española de Policías, “sindicato” de extrema derecha, haya presentado una querella criminal por injurias y calumnias contra el concejal y que el PP de la ciudad llevara el asunto al pleno del Ayuntamiento, ya que Gabriel de la Mora lleva tiempo tirando de la manta sobre distintos asuntos y corruptelas políticas, empresariales… pero también policiales, como el misterioso “Grupo7” de la Policía Local de Salamanca, un grupo opaco de agentes títeres del caciquismo local, dedicados a investigaciones confidenciales, al servicio del alcalde y su jefe de policía.
Es evidente que buscan que antes de que se sienten en el juzgado ellos por lo que Gabriel de la Mora denuncia, se siente él y se le condene por denunciar, restándole credibilidad a sus palabras, mantener la ley del silencio y, de paso y si cuela, intentar lograr su dimisión del cargo, al echarse los medios de comunicación encima. No caerá esa breva con de la Mora.
La cosa acaba de empezar, después del 26J irán a por nosotros judicial y mediáticamente; resistiremos, porque ya no seremos cientos sino miles, cientos de miles, que cada día respaldan en la calle la unidad popular frente a los de arriba. Será la hora de construir alternativas porque el miedo ya ha cambiado de bando, porque poco a poco la gente de la calle va reaccionando y cada vez más, ya sabe cómo leer entre líneas de los mass-media.