El consejero de Presidencia de CyL deja sin medidas legales la defensa del funcionario que denuncie la corrupción

IMG_0668 copiaPor Burgos Dijital

Tras la aprobación allá por noviembre de una moción en las Cortes de Castilla y León para instar al ejecutivo a la realización de una Ley para la protección de los informantes de corrupción, representantes de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denuncian que el consejero de la Presidencia Santiago-Juárez López quiere engañar a la opinión pública con una Ley que no servirá para nada.

Al parecer el grupo popular ha tenido oculto el anteproyecto de Ley mientras Ciudadanos, el partido que llevó la propuesta a la cámara a instancias de PLADEPU, reconoció en una reunión mantenida hace pocos días con representantes de la plataforma que desconocían su contenido.

Burgos Dijital ha tenido acceso al anteproyecto y  consultar a personas de la Plataforma. Según éstos, Santiago-Juárez pretende hacer de la Inspección General de Servicios el órgano principal responsable del establecimiento de las garantías de los informantes y de la realización de la investigación.

Para l@s funcionari@s esta estrategia no deja de ser “una tomadura de pelo” ya que esta Inspección ya era según el Decreto 13/09 la responsable de la inspección del régimen de compatibilidades y de las conductas irregulares por parte de l@s emplead@s públic@s. Recuerdan, además, que el colectivo “Viernes Negro” de Burgos denunció hace ya más de una año un presunto caso de delitos contra la Administración Pública por parte de, al menos, un funcionario de Hacienda y que la Inspección no sólo no ha actuado sino que ha permitido la reiteración de los hechos denunciados, por lo que se demuestra que este órgano, tal y como está configurado, es cómplice/responsable de los desmanes que se denuncian.

El documento hace hincapié en el castigo a los que utilicen el mecanismo de protección para difamar y difundir el descrédito, a lo que responden que esto es imposible ya que las investigaciones son reservadas y además apuntan a que si el mismo Consejero ha dicho que no era necesaria la protección del “whistleblower” dado el escaso índice de corrupción en la comunidad y la inexistencia de denuncias a ese respecto, no entienden porque pone todo su afán en algo que según la experiencia del mismo, basada en los datos que maneja, no se ha producido nunca. En este caso apuntan a que “quieren seguir utilizando la técnica del miedo para seguir incentivando las irregularidades, las malas prácticas y las corruptelas”.

Por otro lado y siguiendo en sus críticas hacia la Inspección expresan que “su personal, incluido el Inspector Jefe, sólo debería acceder a través de oposición y de concursos libres y no específicos al Cuerpo correspondiente”, lo que no ocurre ahora mismo.

La normativa, además, no recoge la necesidad de la contestación motivada de su “no intervención” ni expresa tampoco ninguna posible sanción en caso de inacción manifiesta, lo que contrasta con la “manía persecutoria” de l@s populares ante l@s funcionari@s difamantes. Tampoco contempla la protección de l@s testigos, la despenalización del uso de información del trabajo a efectos de pruebas ni la asistencia legal para l@s denunciantes.

Los miembros de PLADEPU no ven especiales medidas de protección en este documento e incluso detectan que el legislador deja la puerta abierta para que l@s superiores del funcionario denunciante puedan realizar acoso laboral al informante, ya que no entienden que se esconde tras la frase “el mismo no podrá ser removido de su puesto de trabajo, cualquiera que sea su forma de provisión, salvo aquellos cambios que se deriven estrictamente de la normativa aplicable”.

Por último se refieren a este instrumento como intelectualmente pobre, hecho sin ninguna intención de desactivar la corrupción y las conductas inmorales instaladas en las instituciones, y totalmente insuficiente, ya que éste sólo abarca al personal funcionario, que es a día de hoy una mínima parte de los empleados públicos que trabajan en la administración autonómica, más si cabe cuando buena parte de los hechos delictivos se están acumulando en la Administración B (empresas públicas, fundaciones, gerencias…) donde la mayor parte de la contratación es laboral.

Hace unos días y ante una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista acerca del anteproyecto, el Consejero Santiago-Juárez respondió en primer lugar que los sindicatos CSIF, UGT y CCOO estaban especialmente molestos porque los grupos de la oposición atendiesen a una plataforma que no representa, a su parecer, a los funcionarios.

El titular de Presidencia afirmó incluso que tras llevar la propuesta a la Mesa de negociación los representantes de CCOO dijeron “que no responde a ninguna necesidad de la función pública (…), que responde exclusivamente a una actual coyuntura política y que PLADEPU no representa a los sindicatos”.

Tras estas declaraciones no ha habido ninguna reacción por parte de responsables de CCOO, de lo que se deduce que las palabras del Consejero fueron las transmitidas por los representantes sindicales y que, para éstos, la lucha contra la corrupción no es ninguna prioridad.

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