Por Basilio el Bagauda
Una una vez más se ha puesto en evidencia cuán lejos están en su postura ante la defensa de los servicios públicos las centrales sindicales en Castilla y León. Tan lejos que ya es inevitable la batalla por el relato y por los espacios ideológicos. Así, mientras el sindicato Confederación General del Trabajo protestaba frente a las puertas de las oficinas de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos por la nueva privatización de un servicio público, UGT y CCOO esperan con los brazos abiertos más de tres millones de euros de dinero público, como beneficiarios de dicha privatización.
Las unidades del SMAC que tenían una plantilla de emplead@s públic@s, entre letrad@s y personal administrativo, de unos 50 en toda la Comunidad, tenían como cometido resolver los conflictos laborales individuales sin que estos llegaran a los tribunales. Ahora pasarán al SERLA (Servicios de Relaciones Laborales), fundación creada en 1996 y gestionada por CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León), UGT y CCOO, que ya se encargaba de los conflictos colectivos y de las huelgas.
Para quien no lo conozca y de manera resumida, el servicio de mediación consiste en el intento de una o varias personas para que exista un acuerdo entre partes; en el de arbitraje cada una de las partes elige a un “árbitro” para que llegue a un dictamen al cual ambas se someten, este procedimiento puede ser voluntario u obligatorio y en este último caso se elige un árbitro por sorteo; y, por último, el acto de conciliación es muy similar al de mediación, ya que normalmente un funcionario se encarga de buscar un acuerdo, pero con la diferencia de que si existe el acuerdo, éste tiene fuerza de ley y siempre se podría exigir en un tribunal su cumplimiento si no se ejecuta.
Por otro lado, al parecer se trata de una decisión meramente política, ya que ni la Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ni los directores de las OTTs estaban de acuerdo con dicha decisión que, a todas luces, le saldrá más cara a la Administración. De momento están presupuestados 700.000 euros para poner en marcha el 1 de junio el servicio centralizado en Valladolid, para ampliar la cobertura al resto de las provincias el 1 de enero del próximo año con un montante no inferior a 3 millones de euros que se derivarán al SERLA.
Sin embargo y a pesar de las opiniones en contra de los propios profesionales y de la Consejera, nada impedirá la privatización de este servicio público, puesto que es parte integrante de la firma del III Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León entre estas organizaciones y la Junta, que parece dispuesta, con Juan Vicente Herrera a la cabeza, a seguir aportando financiación, instrumentos y ventajas en el sector público tanto a CCOO como a UGT.
En este caso esta financiación pública conllevará con toda seguridad un aporte más a estas organizaciones, así como un buen número de abogados y administrativos a su servicio, ya que son las organizaciones las que deciden “a dedo” a quiénes contratan y realizan la lista de letrados, y de nuevos afiliados (más bien clientes), ya que se sentirán mejor protegidos por quién es “juez y parte”.
No resulta nada extraño, por tanto, que tras la celebración de una asamblea de funcionarios en Valladolid, con bastante éxito, organizada por la Plataforma en Defensa de lo Público para informarles de las últimas privatizaciones a través de las “encomiendas de gestión” y de la eliminación de puestos de trabajo en el sector público, CCOO se lanzara un día antes, como así lo denunciaron algunos de los convocantes, a repartir información para boicotear el acto, a pesar de haber sido invitado a la misma.
Así mismo, este sindicato, otrora “punta de lanza” del movimiento obrero durante la dictadura y con líderes tan honestos y valientes como Marcelino Camacho, se ha lanzado a una estrategia de desprestigio contra colectivos alternativos creados desde los primeros recortes de la última legislatura de Zapatero como “Viernes Negro” o la “Plataforma en Defensa de lo Público” con una circular a la que Burgos Dijital ha tenido acceso que se dirige a todos los representantes de los Comités de Empresa y Juntas de Personal de este sindicato.
Sin embargo, no les explicará a los mismos el porqué de las buenas relaciones con el responsable del SERLA, Agustín Gajate Martín, funcionario de la Junta que solicitó la excedencia para buscar mejores retribuciones con la aquiescencia del PP, hasta el punto de ser uno de los invitados preferentes por el propio sindicato para debatir sobre relaciones laborales.
Para desgracia de la historia del propio sindicato y de l@s trabajador@s públic@s, CCOO ha tirado la toalla para convertirse en un mero gestor de servicios y de prebendas.
