Por Burgos Dijital
El sábado 4 de febrero, las trabajadoras y trabajadores de Cruz Roja en Burgos han votado mantener el convenio colectivo propio que rige las relaciones labores con la ONG. Durante una hora, la presidenta del comité de empresa ha respondido a las cuestiones planteadas por las trabajadoras reunidas en asamblea en el salón de Actos de Sindicatos. A partir de las 12.00 horas, han votado el 81% de los empleados con un ajustado resultado de 35 personas en contra del cambio de convenio, frente a 31 personas por el cambio. 3 votos han sido en blanco. 21 de los votos fueron emitidos por correo.
La polémica estaba servida antes de la asamblea. El comunicado enviado por Juan Antonio Gutiérrez Zorrilla, de UGT, a los medios, había encendido las alarmas entre trabajadores y la empresa. LA presidenta del comité de empresa formado por 6 delegados de CCOO y 3 de UGT, ha rechazado hacer cualquier declaración, parece ser que por indicaciones de la sección autonómica de CCOO. Algún trabajador ha expresado su malestar por el comunicado enviado por Gutiérrez Zorrilla, y otros han reafirmado las presiones y coacciones veladas que están recibiendo por parte de la dirección para el cambio de convenio. Hay trabajadoras que ven peligrar sus puestos de trabajo al auspicio de la reforma laboral del Psoe y PP
El convenio provincial de hospitalización privada que rige las relaciones laborales en Cruz Roja, es propio de la entidad que emplea a casi 90 trabajadores y mantiene unas condiciones salariales ventajosas frente otros convenios provinciales en Cruz Roja CyL. Frente a las 1700 horas del convenio propio, la posibilidad de pasar al convenio de Intervención social, con algunas horas más y muy peores condiciones salariales ha sido rechazado por escaso margen por los trabajadores.
Dos problemas de fondo afectan a los trabajadores. El papel de los 1700 voluntarios dentro de la organización y su competencia con los 90 trabajadores asalariados y las condiciones de trabajo de los empleados temporales, que de haberse dado el cambio de convenio, advertían desde UGT, hubieran sido despedidos y contratados de nuevo bajo el nuevo convenio con menor salario, incluso en condiciones fuera del estatuto de los trabajadores, según UGT.
Los modelos de gestión empresarial bajo el paraguas de las reforma laboral, afectan a los empleados de empresas y organizaciones que prestan servicios sociales. La inquietud que se extiende entre los trabajadores de la Cruz Roja es perceptible también entre otras organizaciones del sector de Intervención y Servicios Sociales. Sin ir más lejos en Cáritas Burgos, han asistido recientemente a una negociación complicada. El director de Cáritas, Jorge Simón (proveniente y despedido de Caja Burgos y de la defenestrada Banca Cívica) ha presionado a los trabajadores a empeorar significativamente sus condiciones laborales, sobre todo a los próximos contratos que se realicen por la entidad. Parece que en este caso el Comité de Empresa se ha plegado a los deseos de la dirección.
Se pueden añadir los casos de las trabajadoras de la Fundación Lesmes que llevan varios años arrastrando un retraso considerable (de hasta cuatro o cinco meses) en el abono de sus nóminas por realizar trabajos que las Administraciones Públicas, en este caso el Ayuntamiento, subcontratan.
Otras pequeñas entidades o Fundaciones, cuyas nóminas no representan la responsabilidad que se exige en el desempeño de sus puestos de trabajo: atención a personas tuteladas, enfermos mentales, menores (la extinta Fundación O´Belén), suponen una amenaza a la calidad de vida de nuestras sociedades, las condiciones de trabajo de aquellos que se dedican a mantener una sociedad más inclusiva y en definitiva de mejor calidad humana se deteriora con rapidez.