Los ocultos intereses de CCOO en los contratos fraudulentos de Michelín

Por Burgos Dijital

Michelín sigue vulnerando la Ley de contratación de trabajadores con la connivencia de CCOO, CSIF, UGT y USO. Y ello a pesar de que la Inspección General de Trabajo resolviera hace un mes que la multinacional francesa estaba contratando de forma fraudulenta y contra los derechos de los trabajadores, tras una denuncia bien fundamentada del sindicato CGT en las tres factorías de la fábrica: Aranda de Duero, Valladolid y Vitoria.

Al parecer, la empresa en Vitoria va camino de convertir un total de 137 contratos temporales, en diversas modalidades, en indefinidos gracias al trabajo de los representantes de este sindicato, sin demasiado conflicto. Sin embargo, en Aranda de Duero, dónde los contratos denunciados hacen un total de 54, esta denuncia y posterior resolución ha generado un grave cruce de acusaciones entre los representantes sindicales y, mientras, los responsables de la factoría de La Ribera se han limitado a pagar una sanción de 3.000 euros, sin hacer efectiva la resolución de la inspección como se está procediendo en Vitoria.

Foto cedida por CGT

Michelín ha utilizado de forma abusiva y fraudulenta los contratos por obra o servicio, utilizando esta modalidad para cubrir tareas permanentes, habituales y propias del proceso productivo, con el ánimo de prologar la eventualidad de los trabajadores.

Además, en la modalidad contractual de contratos por circunstancias de la producción, Michelín no sólo no justifica con claridad la causa de esta eventualidad, sino que utiliza este tipo de contratación para absorver tareas propias del crecimiento sostenido y progresivo de su actividad productiva o simplemente para renovar plantilla, evitando así la contratación indefinida y el contrato relevo.

Los delegados de CCOO con el respaldo de su sindicato han pasado al ataque, acusando a los denunciantes de provocar problemas a los trabajadores que tenían contratos eventuales, ya que la empresa puede decidir no realizar más contrataciones. Mientras que los representantes de CGT expresan que si los trabajadores son contratados es porque la empresa realmente los necesita y no porque ésta sea una organización sin ánimo de lucro.

Lo cierto es que tras la resolución de la Inspección se trasluce que Michelín realiza habitualmente una ingente cantidad de contratos en fraude de Ley y que, lo que es más grave, los representantes de los 4 sindicatos han consentido que estas formas fraudulentas de proceder se plasmaran en el Convenio Colectivo, atacando el Estatuto de los Trabajadores.

CGT informa que estos hechos buscan dos estrategias que favorecen tanto a la empresa como al resto de sindicatos, especialmente a CCOO: por un lado, la empresa consigue condiciones más precarias para los trabajadores que se encuentran desprotegidos por la permanente eventualidad de sus contratos y además se beneficia de bonificaciones fiscales y, por otro lado, estos sindicatos encuentran trabajadores más asustados y dispuestos a la afiliación para aferrarse a la posibilidad que ofrece el sindicato, como si de un mercadeo se tratara, de seguir “empalmando” nuevos contratos.

Gracias al fraude ocultado por la empresa y silenciado por la mayor parte de la representación sindical, Michelín se hacía hasta con 6 bonificaciones fiscales por cada trabajador que entraba en la fábrica, bonificaciones que proceden directamente de los presupuestos del Estado a través de la Tesorería General de la Seguridad Social y que ésta, a pesar de la resolución, no ha solicitado a la empresa francesa.

Los delegados de CGT denuncian a su vez que la empresa no tiene necesidad, por razones de tipo económico, de realizar siquiera este fraude, ya que la multinacional tanto a nivel global como estatal lleva años obteniendo resultados operativos positivos e incluso aumentando su nivel de ganancia año tras año. Además argumentan, al contrario de lo que decía en una columna de opinión cedida por el Diario de Burgos a Jorge Melero – erigido portavoz de CCOO – sobre la supuesta creación de empleo, que la plantilla se ha visto reducida en un 25 % en los últimos años.

CCOO sigue metiendo presión en este conflicto a los que han denunciado el fraude, alineándose con las tesis de la empresa y convirtiéndose estrañamente en el portavoz de los responsables de la factoría, y el clima laboral en la filial arandina no es especialmente bueno, acusándoles de “sindicato empresarial” y “de jugar con el pan de la gente por paralizar la empresa nuevas contrataciones. Incluso han llegado a afirmar que “es demagógico e irresponsable denunciar los contratos de Michelín“.

Estas acusaciones de demagogia e irresponsabilidad contrastan a su vez con la postura mantenida por CCOO en conflictos y denuncias cercanas en el tiempo: en enero de este año, CCOO denunciaba ante los servicios de la Inspección de Trabajo los contratos en fraude de Ley por la empresa Nueva Pescanova, con la intención de convertirlos en indefinidos; en noviembre del año pasado CCOO critica que uno de cada tres contratos se encuentren en fraude de ley y “la poca voluntad del empresariado de Balears de cumplir con la legislación“; un mes antes, “el sindicato CCOO advierte que los Ayuntamiento de L´Horta deberán abordar los contratos en fraude de ley y la consolidación de empleo“. Y hay muchos más ejemplos…

A la luz de los hechos, la postura de esta central sindical respecto a los fraudes empresariales en la contratación de trabajadores, no se sabe si responde a pura estrategia de marketing, dados los contradictorios ejemplos, o a un posicionamiento cosmético para seguir buscando hegemonía y recursos a través de la representación en los comités de empresa, ya que de otra manera no se puede entender esta tremenda ambigüedad.

Un ejemplo palmario de la deriva posibilista de esta central se produjo en mayo del año pasado cuando la propia CCOO incurrió en fraude de ley al realizar hasta 200 contratos a sus formadores para cursos. Incluso, cinco profesores tuvieron cientos de contratos temporales con la Fundación Formación y Empleo de Euskadi, que depende de la central sindical, y demandaron a la central para reclamar su condición de fijos discontinuos.

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