Los abusos laborales y la situación de los ancianos hasta su desalojo en la Residencia Valle del Cuco de Adrada de Haza por el COVID19

 

Foto Google

 
Por Carolina García (Enfermera de la Residencia)
 
En la Residencia Valle del Cuco de Adrada de Haza han acontecido grandes faltas que se replican cada día en otros negocios dedicados a la Salud.
Lo grave de todo ello no es que ocurran estas faltas derivadas de una gestión inadecuada, sino que sea palpable en todas las esferas humanas de esta residencia, y mediante el beneplácito y silencio de la empresa.
Los hechos comienzan, según las trabajadoras, con la publicación, por parte del Ministerio de Sanidad, del ‘Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo Coronavirus’, el día 5 de marzo. Desde ese mismo día la responsable de salud del centro en calidad de enfermera bajo el consentimiento médico, comienza a tramitar y solicitar las medidas y bienes necesarios para adecuar el trabajo a este problema.
La situación general fue progresando en el país, mientras que en la residencia, por contrario, fue encrudeciéndose por el trato que la empresa dio a los trabajadores.
Desde el primer momento en que estalló el Covid19, la dueña de la residencia, Lucía Rodríguez Adrados, abandonó su puesto de gestión, cediendo en poderes a la recién incorporada Directora.
La falta de material era un hecho. Había guantes disponibles pero se les dio la orden escrita de reutilizarlos, no hubo mascarillas quirúrgicas hasta finales de mes que se repartió una a cada trabajador.
A día 16 de marzo ya había 4 ancianos con síntomas claros de Covid, y debido a que en ese momento no había pruebas de diagnóstico disponibles para realizar a la residencia, la dueña Lucía (en nombre y poderes de la residencia) tomó la vía de dejar que corriera su curso, en palabras literales: “ya hay personas con el posible virus, se van a infectar todos”.
 
Ante la situación que se sobrevenía, las trabajadoras presentaron un escrito a la empresa solicitando el equipamiento necesario para poder trabajar. A lo que la empresa no respondió alegando que no habían recibido el escrito. Días más tarde, reconocido ya implícitamente, se negaron a firmarlo.
 
Mientras tanto, las trabajadoras seguían poniendo de su parte todo tipo de iniciativas y propuestas a la empresa (no solo en calidad material, sino organizativa) .Recibiendo de esta, por contra, mensajes escritos y orales en los que se les tildaba de “histéricas” o “alteradas”. No solo han tenido que soportar esta crítica por reconocer, como sanitarias, qué era lo más conveniente,  sino que llegó a amenazas o presiones.
 
A día 20 de marzo, se presentó la primera denuncia (de varias) a la Inspección del Trabajo, ya que seguían sin equipos de protección, había ya tres compañeras con incapacidad temporal, se llegó a ver a una compañera desinfectándose con lejía por la desesperación de no tener soluciones de desinfección tópica, y casi la mitad de los residentes presentaban síntomas graves y leves de COVID.
 
En concreto, y según la enfermera, en ese momento ya había 11 ancianos con síntomas de un total de 33 residentes, y se había comenzado a ‘encerrar’ a 8 ancianos en habitaciones como medida precaria de aislamiento. Se habla en términos de encierro porque a pesar de los protocolos y medidas propuestos por las responsables de salud, “el aislamiento no es necesario, estarán todos infectados en unos días y es trabajo inútil”, decía la empresa. Se optó por abandonar individualmente a los residentes en las habitaciones sin ningún tipo de cuidado personal. Obtuvieron negativas de refuerzo ante la situación tan crítica de ejercer un aislamiento sin las medidas para ello.
 
No solo se negaron estas medidas de seguridad, sino que se aceptó en estos días el ingreso de tres nuevos ancianos clientes, con el riesgo que supone la entrada de nuevas personas durante el
confinamiento.
Las tareas asistenciales estaban siendo reforzadas por la administrativa del centro, llegando a tomar temperatura y constantes, calentar comidas…A todo esto, el silencio y la censura imperaban en el recinto. Los familiares no tenían información de lo que estaba ocurriendo, se borraron temperaturas elevadas del registro de auxiliares, no se comunicó hasta semanas más tarde el motivo de baja de los primeros trabajadores al resto de la plantilla. Varias trabajadoras recibieron verbalizaciones tipo “como esto salga de aquí…”, “ten cuidado”, o “poneos las pilas o será peor”.
 
Mientras tanto, las compañeras seguían notificando la situación ante diferentes organismos. Se mantuvo el contacto con el Centro de Salud de Aranda en todo momento, se puso en conocimiento de la Guardia Civil (que visitó la residencia en más de una ocasión), las diferentes Gerencias de Salud de Burgos, etc.
Fue gracias a que las trabajadoras dieron este aviso, que a día 26 de marzo se intervino la Residencia por parte de la UME, desplazando a la totalidad de los ancianos a otros centros como el Hospital Santos Reyes (los más graves) y las residencias Virgen de las Viñas, Cortes, Parquesol y Puerta del Hierro.
 
El silencio y la negligencia no acaban ahí. Debido al contagio de los ancianos, se dieron hasta 10 fallecidos que la empresa ha negado en todo momento para lavarse las manos. Una vez desalojada la residencia, la plantilla también cesó su actividad laboral. Y este es otro de los problemas. La situación laboral que desencadenó esto pone todavía más en tela de juicio el bien-hacer de la dueña de la residencia.
 
Hay una compañera que denuncia que recibió amenazas por negligencias que veía, encontrándose actualmente de baja por depresión. Otra de ellas cuenta que cuando enfermó no recibió llamadas de la empresa para saber de su estado, no tuvo contacto desde que cerraron hasta el 6 de mayo por esquivas de la empresaria.
También se sabe que las bajas están sin cobrar, Lucía Rodríguez aseguraba que estaban tramitadas desde el principio, y se comprobó con la gestoría que no llegaron los papeles hace escasos días. De hecho, fueron modificadas en su totalidad, cambiándose el registro de enfermedad común a enfermedad por contingencias profesionales, para que fuese la Mutua la que abonara los importes.
 
Los trabajadores que han  tenido ERTE también están a la espera de cobro, y quienes ya lo han hecho ha sido porque lo han solicitado expresamente a la Seguridad Social, si bien es cierto que esta gestión ya no depende directamente de la empresa. Incluso una trabajadora con familiares directos de riesgo llegó a solicitar reducción de su jornada o permiso no retribuido y la empresa le respondió negando el virus y con palabras como ‘ojito con hablar esto por ahí, el virus es mentira”. Tuvo que coger una baja por ansiedad cuando se enteró que había compañeros con síntomas y no volvió a saber nada más de la empresa.
 
En definitiva, no se ha tramitado ni se ha cobrado lo que han trabajado en los últimos meses hasta ahora; y todavía tienen la idea de hablar públicamente de la reapertura del centro próximamente.
Queremos denunciar públicamente y como trabajadoras del centro, que estamos en contra de todo tipo de banalización de los hechos negligentes y que no concebimos cómo se puede hablar públicamente de la reapertura de un centro en el que más que cuidados, se ve un abandono claro que roza la maldad.
Primero, ha de darse el pago a las trabajadoras, segundo, el reconocimiento público de que la responsabilidad es de la gestión de la dueña (y no de las, trabajadoras, o de hechos fortuitos como cuenta Lucía Rodríguez), tercero, el respeto a la vida de los ancianos y de todas las personas afectadas.

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