Las residencias tienen que convertirse en nuevos hogares para mayores

Por Rufino Hernández

La pandemia rompe mitos y deja a personas e instituciones al descubierto. Este derrumbe se ha llevado por delante ese cacareado eslogan: ” la sanidad española es la mejor sanidad del mundo”. El virus se ha encargado de dejar al descubierto sus tripas, sus carencias, su falta de previsión, protocolos y medios para enfrentarse a una pandemia. Ha dejado al descubierto los negocios privados que viven en su seno, la falta de trabajadores en sus plantillas y la explotación laboral a la que están sometidos.

Similares problemas han salido a relucir en los servicios de cuidados a domicilio.Teníamos conocimiento, a través de las reivindicaciones y protestas de sus trabajadores/as, debido a la situación laboral en que se encuentran las personas que se ocupan de estos trabajos. El impacto que está teniendo esta pandemia, nos ha obligado a preocuparnos e investigar el funcionamiento de estos servicios, la privatización a la que están sometidos, las empresas que lo gestionan y, con todo ello, descubrir las carencias, mermas y eficacia del servicio de cuidados.

El mundo de las residencias estaba semioculto. De vez en cuando saltaba alguna noticia negativa sobre el funcionamiento de alguna de ellas, pero no calaba en el tejido social. Las familias ingresaban a sus mayores como un mal menor, aunque necesario, y asumian la realidad en silencio. Otras familias, hasta llegaban a presumir de las condiciones lujosas y hoteleras de ciertas residencias. Los más de 18.000 muertos causados en estos establecimientos, dos terceras partes de los fallecidos en todo el Estado, han dejado al descubierto su verdadera organización.

Este coronavirus también ha conseguido que ciertos representantes del empresariado nacional, hayan perdido sus formalidades, sacándoles a los medios a defender sus pensamientos, cosa poco corriente, ya que no suelen mezclarse en estos temas, prefieren que este trabajo se lo hagan sus verdaderos portavoces, los partidos de las derechas. Fue el señor Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, el que salió a reivindicar, que “son ellos, los empresarios, los que crean la riqueza”. Recientemente la señora Ángeles de Miguel, vicesecretaria de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), la que ha ensanchado más estos conceptos, al asegurar: ” los mayores son personas improductivas”

El estado de alarma y el consiguiente confinamiento y paralización de gran parte de los puestos de trabajo, han venido a recordarnos una vez más, que la riqueza es fruto de la combinación entre medios de producción y trabajo. Este paro impuesto por el Covid-19 desmiente las palabras del señor Garamendi. Fueron los propios empresarios los que empezaron a lamentarse de la ruina que se les venía encima si no acudían los trabajadores a sus tajos. La señora de Miguel también se tendrá que desdecir de sus manifestaciones, pues es evidente que los mayores somos muy productivos: somos grandes consumidores, entre otras cosas, de fármacos, por lo tanto, somos mantenedores de un gran número de laboratorios, de empresas farmacéuticas y su distribución, de las que dependen un importante número de trabajadores.

Recuerdo una frase de Almudena Grandes, “para pasar una página hay que haberla leído anteriormente”, tomo esta frase porque en distintas tertulias y programas, se repite la idea de que después de la pandemia nada puede ser igual, que hay que pasar página, lo que nos obliga a leerla con anterioridad. Este maldito virus nos ha demostrado el origen de nuestra realidad, ha roto las cortinas de humo que ocultaban, también nos pone al descubierto las fuerzas e intereses que seguirán peleando para que nada cambie.

Tenemos suficientes datos que nos muestran el camino para enfrentarnos a la nueva época, es la hora de hacernos la gran pregunta: ¿Qué hacer?

Desde los hospitales, mareas blancas, trabajadores de las residencias y cuidados a domicilio, desde los técnicos de los servicios sociales, sale una voz coincidente:” los servicios públicos no pueden ser un negocio”. Esto significa que no pueden estar en manos privadas. Surge una nueva pregunta: ¿Qué pasos habrá que dar para conseguirlo? Es cierto que dar contestación a esta pregunta conlleva una gran complejidad, no se puede solucionar de la noche a la mañana, hay muchos intereses económicos y políticos en juego.

Saber en qué manos están las distintas competencias de este sector, es un verdadero maremagnum. Unos pertenecen a las comunidades autónomas, otras a las diputaciones, otras a los ayuntamientos.Y las de gestión privada, unas están en manos de la Iglesia y otras, en diferentes empresas y fondos financieros.

Ante este batiburrillo organizativo, es necesaria una ley estatal que impida las privatizaciones o externalizaciones, que abarque desde la ratio de asistidos por trabajado, a la formación y prevención de los trabajadores, hasta los espacios y servicios del inmueble. Esta ley estaría supervisada por un servicio de inspección. Todo ello permitiría ordenar el sector y dar pasos hasta conseguir que estos servicios sean 100% públicos.

Es necesario un nuevo concepto de residencias, acorde con las necesidades que la sociedad exige y necesita. El funcionamiento de las actuales residencias ha cambiado muy poco, son herederas de los viejos asilos, centros asistenciales donde el residente es una simple mercancía. Si la residencia es privada, el residente se convierte en un sujeto de negocio, si es pública, la residencia no pasa de ser una guardería y un alivio ante las imposibilidades y diferentes motivos que le impiden ser atendido en su familia.

Las residencias han de convertirse en el nuevo hogar para los residentes, en centros que posibiliten un envejecimiento activo, donde el morador pueda mantener su intimidad, pueda sentirse útil, participe en la dirección y gestión del centro, y potencie la socialización de los convivientes. Este nuevo concepto exige también un cambio en la arquitectura de estos centros, deben estar construidos dentro de los cascos urbanos, facilitando así mantener el contacto con la sociedad. Esto obligaría a los ayuntamientos a asignar espacios para estos inmuebles en los planes urbanísticos.

Las organizaciones de mayores, los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas, tienen que seguir profundizando en esta realidad, tienen que aprovechar estas enseñanzas que nos deja la pandemia para buscar alternativas. El quedarse en las denuncias, en las deficiencias y mala gestión de estos centros, por muy importantes que sean éstas, sino se pasa al campo de las alternativas, se perderán un sinfín de energías, y el no haber aprovechado los tiempos de cambio que hoy se abren.

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