La idea de lo público en disputa

Por Burgos Dijital

Como ya informamos ayer, hoy entre las 11 y las 11 y media de la mañana, alrededor de la Gerencia de Servicios Sociales, se ha producido una manifestación convocada por el Comité de Empresa de Sanidad y Familia de la Junta de Castilla y León. En ella han participado numerosos trabajadores de las residencias públicas de mayores y asistidos junto a delegados sindicales de CCOO, CGT, CSIF, SATSE y UGT.

La primera manifestación fue convocada por CGT el 16 de diciembre debido a la alarma causada por un proyecto de modificación de la actual plantilla para el personal laboral fijo en esos centros que la Gerencia presentó a los representantes de los trabajadores. Con este proyecto la Consejera Alicia García Rodríguez pretendía crear en la Residencia de la Tercera Edad de Fuentes Blancas de Burgos 9 nuevas plazas de Auxiliar de Enfermería con una jornada laboral de solamente 11,66 horas a la semana (2 horas y 20 minutos diarios).

Tras esta manifestación, el resto de sindicatos, a través del Comité de Empresa, se vieron obligados a mover ficha y acordaron hacer mayor hincapié en la falta de recursos humanos especializados, los cuales realmente están provocando verdaderos problemas tanto al personal como a los residentes. Las listas de espera para la entrada en estas residencias públicas son interminables y se ha dado el caso de cierre de habitaciones en la residencia de Cortes.

De momento, cada dos martes se seguirán produciendo estas movilizaciones, ya que la propia Gerencia ha paralizado el proyecto aunque, quizás, a la espera de que la parte social se canse.

Otra cuestión realmente reseñable de estas protestas es que puede ser una de las pocas ocasiones en la que se produzca la unidad sindical en la defensa de todos los frentes abiertos hoy por hoy en el sector público.

Por un lado y en lo que se refiere al sector educativo y sanitario, tanto CCOO como CGT y UGT – además de STECYL en educación – se encuentran en los mismos espacios creados entorno a la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita y las diferentes plataformas que se han ido creando en defensa de la Sanidad Pública frente al sindicato CSIF, alejado de estos colectivos y con vínculos estrechos al Partido Popular.

Pero en lo que se refiere a la pugna por los derechos retributivos y laborales perdidos por los funcionarios y el personal laboral y la contrarreforma en la función pública que está dispuesta a hacer el PP en Castilla y León, los bloques se han ido conformando de tal manera que aquí es el sindicato CGT quien confronta sus posturas frente a CCOO y UGT, unidos para evitar el desplazamiento por parte de esta confederación sindical, junto al CSIF. Recordemos que en las pasadas elecciones de funcionarios, el sindicato CGT pasó a ser la tercera fuerza, muy cerca de UGT, en toda la Comunidad – en la provincia de Burgos el salto fue hasta la segunda posición.

A nivel estatal, la cosa resulta más evidente puesto que mientras CCOO y UGT están comenzando a movilizarse unidas sin más compañeros de camino contra los recortes públicos, en una estrategia clásica de estas organizaciones, CGT ha apostado por una gran campaña en esta primavera por la defensa de lo Común y la estrategia alternativa de inclusión en un movimiento multipolar y ya asentado como son las Marchas de la Dignidad que en nuestra ciudad comenzarán su periodo de calentamiento este sábado 25 con una gran manifestación.

Volviendo a nuestro territorio, las hostilidades se han ido abriendo por tres motivos, principalmente: el acuerdo marco firmado el 29 de octubre de 2015 por los sindicatos CCOO, CSIF y UGT con el gobierno del Partido Popular para la recuperación de los derechos de los empleados públicos; la no convocatoria de la Mesa Sectorial de Funcionarios donde está por representación CGT; y el Decreto 33/2016 que entró en vigor el 27 de septiembre del pasado año.

Para que se entienda, los sindicatos firmantes del acuerdo marco lo defienden porque con él consideran que los trabajadores recuperarán todos los recortes sufridos a lo largo de la anterior legislatura. De hecho, algunos de ellos ya han sido recuperados como los días de permisos y la paga extra de 2012. Pero como en el Acuerdo Marco también se recoge el paquete de la reforma de la función pública, el sindicato CGT considera que se trata de una trampa, puesto que lo único ganado hasta ahora han sido los días de permisos suprimidos, pues la paga extra ya estaba siendo ganada en otras comunidades en los tribunales.

Lo cierto es que esta reforma de la que CCOO reniega, a pesar de haberse publicado ya el decreto de la discordia sin que se hayan levantado de la mesa de negociación, es un caballo de troya que permitirá una mayor privatización de los servicios, puesto que se recoge por primera vez la supresión de unidades administrativas que no tengan una rentabilidad económica.

Muchos representantes de CGT han advertido que al haberse producido durante todos estos años una transferencia de trabajo de la administración pública a empresas públicas, gerencias y fundaciones, lo que ocurrirá será una legitimación definitiva de la supresión de un gran número de plazas de personal independiente del poder político, lo que abundará aún más en la privatización, en la precariedad laboral de quien trabaje para lo público a través de subcontratas y la instrumentalización por parte del poder político de los recursos públicos. Es decir, mayores niveles de corrupción, de nepotismo y de arbitrariedad.

Además, y después de haberse filtrado un borrador de las próximas reformas, el PP no parece que vaya a solucionar el discriminado aumento de las llamadas libres designaciones, sino que lo va a consolidar y a aumentar.

CCOO y UGT llaman a la calma a los empleados públicos, pues aún se está negociando, pero nadie se fía porque la posición de la parte social frente a un partido que ha manejado perfectamente los hilos durante más de 30 años a través de la “paz social”, se ha ido debilitando con el tiempo, con una pérdida de credibilidad que se ha ido traduciendo en una acelerada reducción de afiliación y de apoyo.

Mientras tanto, el CSIF se frota las manos y se centra en la lucha, aunque a rebufo del resto, de los derechos perdidos y sintiéndose a gusto con la contrarreforma, ya que sus intereses no se ven especialmente perjudicados por sus vínculos con altos cargos y por la alta tasa de afiliación que mantienen entre los trabajadores “colocados a dedo” en la administración B. Además su estrategia se centra en dar una imagen de solvencia a través de una potente maquinaria jurídica y unos pingües beneficios.

Parece que la unidad sindical será imposible, puesto que la concepción de lo público por parte de los sindicatos es diametralmente diferente.

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