En Castilla y León la brecha de la desigualdad aumenta y la exclusión social severa se enquista

Por José Dixneuf

 Breve resumen del Informe FOESSA Castilla y León 2019

Precariedad, incertidumbre y desvinculación son características claves que definen nuestra sociedad actual, a la que Castilla y León no permanece ajena. En estos años, en los que los datos macroeconómicos apuntan la superación de los tiempos más duros de la crisis, no todas las personas han conseguido subirse a una ola, que se ha hecho más frágil, más débil y presenta importantes fallas estructurales.

El pasado 20 de febrero, en el contexto de la celebración del Día Mundial de la Justicia Social, Cáritas Burgos organizó un acto de presentación del Informe territorial 2019, sobre Exclusión y Desarrollo Social de Castilla y León, documento que tiene un carácter descriptivo y que forma parte del VIII Informe FOESSA. Este es un referente en el análisis de la integración social en España, elaborado a partir de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de 2018 y con una validez empírica claramente demostrada en sus más de 12 años de recorrido.

Guillermo Fernández Maíllo, su coordinador, ha destacado que nos encontramos en un contexto de cambio cultural, mientras que en 2011 emergió una “indignación esperanzada que impulsaba protestas y propuestas, hoy es una indignación desesperada y desesperanzada que nos encierra en un presente que cada vez más se parece a lo peor de otros tiempos pasados que creíamos definitivamente superados”

En Castilla y León, las personas en situación de exclusión social representan el 15,3% de la población, lo que implica que una de cada siete -alrededor de 368.000 personas se encuentran en lo que se ha denominado sociedad estancada. Si bien es cierto que crece el porcentaje de población en situación de integración plena (56,9%) y se reduce el peso de la integración precaria (27,8%), se mantienen las situaciones de exclusión, con un repunte de la exclusión severa, es decir, aquel sector de población que presenta niveles más bajos de participación en las distintos ejes analizados, el eje económico, el político y de ciudadanía, y el social y relacional. Son 214.000 personas quienes se encuentran en una exclusión social severa, con un incremento desde 2013 de un 65%.

La situación en Castilla y León resulta más positiva que la que se observa en el conjunto de España, en lo que se refiere a los niveles generales de inclusión y exclusión, señala el informe, debido en parte a un gasto social mayor relativamente y sus menores tasas de pobreza. Pero, en el otro extremo del eje integración-exclusión, asistimos a un proceso que apunta a la cronificación y agravamiento de la situaciones de exclusión, las dificultades se acumulan y los mecanismos de protección no alcanzan a este grupo de personas. Emerge, de esta forma, una sociedad polarizada en la que la crisis supuso para este grupo un importante deterioro de sus condiciones de vida, sin observarse una mejora, sino más bien un claro estancamiento. El ascensor social ha dejado de funcionar.

La vivienda, el empleo y la salud son las dimensiones que más contribuyen a generar situaciones de exclusión social. La vivienda tiene en Castilla y León un impacto particularmente importante. El 26,5% de la población castellano leonesa se ha visto obligada a reducir los gastos de suministros básicos de la vivienda (electricidad, agua, gas), una 6,8% reside en una vivienda inadecuada porque no reúne condiciones para vivir pero no puede cambiar, y un 6% vive en una vivienda insegura, no sabe si en un plazo corto de tiempo podrá continuar o tendrá que buscar otro alojamiento.

Respecto al empleo, se observa una creciente prevalencia de la pobreza en el empleo (un puesto de trabajo ya no garantiza la cobertura de las necesidades básicas). Así, destaca que el 45% de los hogares en situación de exclusión social en Castilla y León están sustentados por una persona que está trabajando, está dentro del mercado laboral pero no consigue abandonar las situaciones de exclusión.

La problemática de salud y las limitaciones relacionadas con la autonomía funcional presentan una mayor prevalencia entre las personas en situación de exclusión social (18%) que entre las que están en situación de integración (7%), y es que los apoyos tanto económicos, como de cuidados personales son mucho más reducidos.

Con respecto al perfil mayoritario de las personas en situación de exclusión social, el 48% de los hogares en situación de exclusión tiene como persona sustentadora principal a alguien entre 45 y 64 años, el 58% son hombres, el 46% sin estudios o con estudios incompletos, el 45% trabaja y nueve de cada diez son personas de nacionalidad española.

Como dato relevante del estudio, su autor ha querido destacar que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor desigualdad de España, cuando se analiza la relación entre la exclusión severa y la desigualdad multidimensional, en la que la soledad y el aislamiento son elementos claves de agravamiento.

La sociedad castellano leonesa presenta una mayor propensión que en el conjunto del Estado al uso de los servicios sociales públicos y hay una mayor disposición al incremento de la presión fiscal para la mejora de las prestaciones sociales.

Este puede ser un indicador esperanzador en un momento en el que nuestra sociedad presenta graves síntomas de desconexión y desvinculación, de “colapso relacional”, que necesita repensar el proyecto intergeneracional, reconstruir las relaciones humanas y profundizar en la construcción de los bienes comunes.

El papel del Estado se encuentra en proceso de transformación, con cambios sustanciales para las generaciones presentes y futuras, vivimos una encrucijada ecosocial, de emergencia climática y que exige una recuperación de la comunidad, tejer nuevas redes de apoyo mutuo y solidaridad, revincularnos como sociedad para hacer frente a los retos más inmediatos de este siglo.

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