“A día de hoy, hay más de 2000 personas colocadas a dedo en la administración regional”

CGT se ha mostrado contraria a las libres designaciones, es decir al dedazo, para la promoción profesional y la selección de personal en determinadas plazas entre los y las empleadas públicas 

Creen firmemente que se trata de un instrumento perverso que se utiliza en la mayor parte de los casos para que un partido político colonice todos los puestos clave de una Administración

Foto. PLADEPU

En Castilla y León, a día de hoy hay más de 2.000 personas colocadas a dedo, este arma contraria al mérito y a la igualdad de oportunidades es más común en la provisión de plazas que los concursos ordinarios, los cuales en muchos cuerpos y categorías llevan años sin convocarse, con lo que la Junta y el Partido Popular vulneran y han vulnerado la legalidad de manera permanente.

El último escándalo producido por la desastrosa y malvada gestión de personal ha sido el nombramiento, por segunda vez, de Javier María García López como Jefe del Servicio de Medio Ambiente de Burgos.

El principal motivo que motiva a pedir el cese inmediato del nuevo Jefe de Servicio es la condena que recayó sobre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tras la sentencia 206 del Procedimiento 924/2014 de lo Contencioso-Administrativo, con la que se le obligó a indemnizar, conviene recalcar “con el dinero de todos y de todas”, al empleado público denunciante una cantidad por la omisión que la Junta había hecho ante el acoso laboral producido contra el denunciante por su Jefe de Servicio: Javier María García López.

En dicha sentencia el tribunal expresaba literalmente que el acoso sufrido “era algo notorio entre el personal que prestaba o había prestado servicio en Burgos y en otras provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como de la situación de debilidad en que el actor se hallaba, que extrañaba a quienes le habían tenido a sus órdenes y a quienes, en unas u otras Delegaciones y Servicios habían trabajado con él. Es decir, la situación era evidente, palmaria y patente en el ámbito laboral”.

La sentencia continúa expresando que “del examen conjunto de las pruebas aportadas, debe concluirse que, efectivamente hay datos de los que debe inferirse la existencia del comportamiento abusivo (…) poniendo de relieve la existencia de persecución y acoso al demandante (…) Los datos datos documentales se vieron reforzados por las pruebas testificales de personas que conocieron los hechos, especialmente la del anterior Jefe Territorial, que fue claro en sus manifestaciones afirmando la existencia de la persecución y también por la de los médicos que indicaron que el demandante achacaba su situación a problemas laborales y que, incluso, en algún momento, se le aconsejó cambiar de puesto de trabajo como terapia ante lo que consideraba era el origen de sus males (…)

Todos y cada uno de los padecimientos sufridos por el demandante y que se desgranan en la sentencia fueron causados por el nuevo Jefe de Servicio de Medio Ambiente.

El 19 de febrero de 2010 se aprobó el Código Ético de los Empleados Públicos. Entre los compromisos de la organización de la administración autonómica se cita expresamente el de “no permitir ninguna forma de violencia, abuso o acoso en el trabajo.

Entre algunos de sus principios se detallaban el de Cooperación, entendido como “la cohesión de los integrantes de la Administración que entienden como comunes los objetivos de ésta y son conscientes de la importancia de contribuir de manera convergente a su consecución”, y el de Responsabilidad en el que se expresa que “Las personas al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, plenamente conscientes de sus responsabilidades, ponderarán todas las consecuencias que sus decisiones e intervenciones impliquen para los ciudadanos y para la organización.

La gravedad de los hechos es aún mayor por cuanto a día de hoy el funcionario que sufrió el acoso laboral se encuentra aún de baja por los diferentes métodos de presión que, como representantes sindicales, sabemos está ejerciendo la Delegación Territorial contra él.

Ley de la Omertá y la supuesta “información reservada”

La mafiosa “ley de la omertá”, concepto utilizado también por el ponente de la sentencia, que se está aplicando por parte del Delegado Territorial Baudilio Fernández-Mardomingo para silenciar y obviar a la Junta de Personal de Funcionarios de Burgos toda información no sólo a este respecto sino también aquella que tiene que ver con el lamentable e insufrible clima laboral producido en este servicio territorial.

Por dar pruebas de lo que CGT quiere denunciar, el 7 de noviembre de 2016 la Junta de Personal aprobó tras el escrito presentado por nuestro sindicato, solicitar a la Secretaria General de Fomento y Medio Ambiente información sobre las competencias asignadas a la esposa del entonces Jefe de Servicio Javier María García López, el puesto que ocupaba, la forma de provisión, las direcciones de parques naturales que tenía asignadas y otras series de datos relativos a esta funcionaria. Los motivos de dicha petición tenían que ver con los extraños cambios realizados por la Junta en el puesto de trabajo de la esposa para que Javier María pudiera volver a ser Jefe de Servicio tras otra sentencia del TSJ que anulaba su nombramiento al ser Jefe directo de su cónyuge: “A día de hoy no tenemos ninguna respuesta”

El 1 de junio de este año pasado, la Junta de Personal emitió un escrito enviado al Delegado Territorial para, entre otras cosas, exigir la inmediata ejecución de la sentencia 206, solicitar informe sobre la “información reservada” supuestamente abierta en relación a este asunto y pedir la creación de una “Comisión de estudio y análisis de las situaciones de violencia interna” que se han producido y se estén produciendo en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

“A día de hoy no se nos ha respondido si la sentencia ha sido ejecutada, no se ha creado ninguna comisión ni se nos ha dado ninguna información relativa sobre la “información reservada” fantasma”

La última información recibida por parte del Delegado Territorial ha sido el 17 de octubre y en ella se  informa de manera sucinta que “el 27 de julio, tras la realización de las actuaciones precisas, se ha acordado archivar el expediente habida cuenta de que no han quedado acreditados los hechos denunciados por el funcionario el 27 de abril de 2017”.

Como se puede comprobar, tras el relato de estas últimas actuaciones, tanto la Junta como el Delegado Territorial destrozan la Ley de Trasparencia y Buen Gobierno de la que Santiago-Juárez hacía alarde hace bien poco y la convierte también en “carne de papelera”. Ya que ni siquiera los representantes de los trabajadores tienen derecho a obtener información o a ser parte actora principal en la defensa de los legítimos derechos de sus representados.

No es una excepción, puesto que siempre que hay temas críticos e importantes, el Partido Popular utiliza tanto la Ley de Protección de datos como el concepto pseudojurídico de “información reservada” para retrotraernos a conductas políticas y marcos legales íntimamente relacionados con la dictadura.

La excusa de la “información reservada” es aún más grave por cuanto el derecho a dicha información por parte de los y las representantes del funcionariado es reconocido tanto en el EBEP en su artículo 41 como en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de representación y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tras esto lo que sí queda claro es que tanto los responsables de la Consejería como de la Delegación Territorial ocultaron los abusos del acosador y maltrataron al acosado porque ellos son los “señoritos” y la Junta es su “cortijo”. Quieren que el miedo y el terror sigan siendo las principales armas de control sobre el resto los funcionarios. Quieren silenciar y debilitar constantemente a la parte social, convirtiendo a los representantes del funcionariado, junto a sus órganos de representación, en meros motivos decorativos.

CGT peleará con todas sus fuerzas y utilizando todos los medios posibles para denunciar este escándalo hasta que se produzca el cese de Javier María García López que no puede ser ni un minuto más superior de quién sufrió el acoso ni puede ser recompensado de esta manera después de conocer sus conductas como Jefe de Servicio.

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