¿Cuánto vale el pacto de coalición en el Ayuntamiento de Burgos, entre el Partido Popular Cristina Ayala, que ejerce como alcaldesa, y VOX, encabezado por Fernando Martínez–Acitores, como vicealcalde?
Recientemente se ha puesto precio a este pacto de gobierno municipal, exactamente la subvención que recibían tres organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que vienen atendiendo a las personas extranjeras que residen en Burgos.
El presupuesto de Burgos para el año 2025 necesita de los votos de los concejales de los dos partidos del gobierno de la ciudad: PP y VOX, y el voto de los cuatro concejales electos de esta formación vale exactamente 119.000 €, que son los que dejarán de percibir el año próximo las tres entidades señaladas: ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural. A esto se añadirán los 19.000 € a los que ha renunciado solidariamente Caritas Diocesana. Nadie entiende porqué Cáritas podría haber recibido este apoyo y las otras asociaciones no.
Su delito, atender a personas de origen extranjero, favorecer los procesos de integración en nuestra ciudad, facilitar el conocimiento del castellano, apoyar en la búsqueda de empleo, proporcionar trabajadores a las empresas burgalesas, mediar, en definitiva, construir comunidad, esa de la que tanto estamos necesitados.
La argumentación de VOX, responde a una obsesiva directiva de ámbito estatal que se estrella con las realidades locales. La viejuna estrategia del “chivo expiatorio”, representado en los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, los últimos en llegar.
Desde luego hay una enorme cobardía y miseria en esta estrategia, miseria humana de la peor calaña, los extranjeros, señalados como responsables de los males de nuestro tiempo, sacrificados en el altar de un imaginado paraíso, perdido por su culpa. Lapidados ideológicamente, solo porque son las víctimas más fáciles y con menos capacidad de defensa.
Sin embargo, más grave aún es la estulticia absoluta del mal. La ignorancia en los procesos humanos, acerca de las aportaciones de los nuevos vecinos, de su necesaria energía y vitalidad para que esta ciudad funcione, y no pierda algunos miles de habitantes y capacidad productiva. Hay que ser ignorante para no darse cuenta que residimos en una tierra que pierde población, que es recesiva demográficamente, que necesita IMPORTAR brazos para seguir existiendo. Se lo están explicando hasta las asociaciones empresariales y comerciales.
Y aún más estupidez, cuando un representante municipal, como Fernando Martínez-Acitores pretende eliminar subvenciones a asociaciones que atienden a personas inmigrantes, cuando no parece saber que los funcionarios de la entidad pública que copreside, la Gerencia Municipal de Servicios Sociales atienden a las mismas personas y tratan de ofrecer respuestas similares. ¿Sinrazón, majadería, intencionalidad política abstrusa, o todas a un tiempo? Desde luego los razonamientos que ha manifestado en público el concejal Martínez-Acitores transmiten grandes dosis de confusión, prejuicios e ignorancia trufadas de falsedades, espero que intencionadas…cegados por sus preconceptos y miedos atávicos.
Y, a pesar de la dañina y cansina cantinela de VOX que basa todo su proyecto político en generar señalamientos hacia colectivos concretos que no son de su agrado y con gusto eliminaría, es su socio de gobierno, el Partido Popular quien tiene la responsabilidad de aceptar estas perniciosas ideas que van contra la convivencia, los derechos humanos el respeto y la misma esencia de la humanidad.
Es Cristina Ayala, Alcaldesa, la portavoz del Gobierno Municipal y a la sazón Presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, con todo su equipo quienes aceptan esta imposición. Consideran un precio razonable guillotinar algunos derechos humanos para seguir gobernando la ciudad de Burgos. Quizá hayan calculado mal el coste de la medida. Acaso el golpe de efecto de la misma haya removido suficientes conciencias en la ciudad como para que manifiesten el desagrado de vivir en una ciudad que niega el pan y la sal. Ya recortaron los presupuestos a las entidades de cooperación al desarrollo. Ni un paso atrás en esta línea.
De momento los profesionales del Sistema de los Servicios Sociales, incluso los propios de la Gerencia Municipal dependiente del Ayuntamiento de Burgos, tras el estupor inicial, plantean manifestar su profundo rechazo a la misma, a fin de cuentas ¿Qué gerente sanitario pediría a su equipo que dejasen morir a los pacientes?
Andrea Ballesteros como responsable de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales tiene que reflexionar sobre su presente y su futuro político. ¿De verdad quiere ser recordada por esta vil e inútil medida? Es momento de posicionarse, decir no y asumir las consecuencias.
De Andrea Ballesteros, Cristina Ayala y su grupo de concejales depende.
Burgos es y será una ciudad de acogida, aunque les pese a ese grupo de xenófobos ignorantes que llegó al poder municipal tras las últimas elecciones locales.
