Por Burgos dijital
Cientos de miles de personas marcharon el pasado mes de agosto por Santiago de Chile y otras ciudades del país para protestar contra el sistema privatizado de pensiones creado por la dictadura de Pinochet. Más de 1,3 millones de personas, de acuerdo con los organizadores, asistieron a la manifestación a lo largo del país. Un sistema de pensiones que, entre muchas otras cosas, penaliza injustamente a las mujeres del país porque deben jubilarse antes que los hombres teniendo unas mayores espectativas de vida, por lo que ganan menos. Los manifestantes exigen el fin de las empresas privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que son básicamente la raíz del problema. Sin embargo, ningún gobierno tiene la voluntad política de eliminarlas porque, aducen, es demasiado costoso.
El descontento acerca de las pensiones en Chile se ha estado acumulando durante años. La razón: la mayoría de la gente debe seguir trabajando aún después de su edad de jubilación pero eso sí, no se lo pierdan, según asegura New York Times (no precisamente el faro de la izquierda) las empresas privadas han obtenido 
enormes ganancias invirtiendo los ahorros de seguridad social de los chilenos; el dinero que recaudan de las cotizaciones es más del doble de lo que pagan en pensiones. Ante estas cifras las entidades administradoras se lavan las manos diciendo que ellas no tienen la culpa de que las pensiones sean bajas; sin embargo los datos hablan por sí solos y el enorme excedente de ganancia indica que la gestión es buena, pero para obtener beneficios y negocio lucrativo, no para las ciudadanas y ciudadanos de Chile. Ahí es donde radica la total falta de lógica y choque de trenes con lo público del modelo privado, que solo sirve para obtener un cuantioso beneficio empresarial, no para servir al ciudadano. Conforme la población envejece las administradoras reducen más las pensiones para obtener aún mayor rédito, un sistema perverso e irracional.
La opinión pública chilena quedó conmocionada el pasado mes de julio, cuando se hizo pública la pensión mensual de casi 7800 dólares de la exesposa de un dirigente del Partido Socialista, una dote de más de 5.000.000 de pesos chilenos después de jubilarse de Gendarmería. La cifra convierte en ridícula la pensión mensual promedio de 315 dólares, la cual es mucho más baja que el salario mensual mínimo de 384 dólares (poco más de 257.000 pesos chilenos); bajo el sistema privatizado, los trabajadores deben destinar el 10 por ciento de sus ingresos a cuentas individuales administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Seis de esas administradoras privadas son propiedad al 50% de empresas extranjeras y controlan 171 mil millones de dólares en fondos de pensiones, el equivalente a cerca del 71 por ciento del producto interior bruto de Chile. Las administradoras invierten el dinero y les cobran a los trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores. A los chilenos se les dio la opción de permanecer en el antiguo sistema o cambiarse al nuevo. La mayoría se cambió, pero quienes entraron a la fuerza laboral después de 1981 han tenido la obligación de afiliarse al sistema privado. Un dato importante que denota el notable fracaso del sistema es que las fuerzas armadas y la policía, que quedaron exentas del cambio, hoy disfrutan pensiones varias veces más elevadas que las disponibles en el sistema privatizado.
