Por Burgos Dijital
Hoy, 16 de junio, en rueda de prensa celebrada en el Salón de sindicatos de la C/ San Pablo, el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado a todas las personas a una gran movilización confederal que se producirá en Madrid este 18 de junio para defender los servicios públicos contra los recortes presupuestarios y los diferentes procesos de privatización de servicios que se están produciendo en todas las administraciones.
Para ello, la CGT ha lanzado una campaña de difusión de dicha convocatoria, ha realizado ruedas de prensa en buen parte de las localidades del país y fletará autobuses desde diferentes puntos del Estado. Concretamente en Burgos los autobuses saldrán a las 9 de la mañana desde el aparcamiento “Camino de la Plata”.
Para los representantes de CGT, la mal llamada crisis ha servido de pretexto demagógico para realizar reformas ideológicas que pretenden desmantelar lo público y entregárselo al mejor postor bajo la excusa de crear una Administración más ágil y flexible, para dar un mejor servicio a los ciudadanos y con una gestión más racional de los fondos públicos.
Manifestación en Burgos. CGT contra los recortes. Foto de archivo 29-09-2012
A su vez consideran que el desvío de funciones y de dinero público que conlleva, está favoreciendo el aumento de la corrupción y el uso malintencionado de los fondos públicos, a la vez que se deterioran o suprimen muchos servicios públicos básicos para los ciudadanos y se precariza el empleo en los servicios públicos, ya que la contratación pasa a ser privada con multitud de modalidades consentidas y fomentadas por las contrarreformas laborales realizadas en las dos últimas legislaturas.
Para demostrarlo han dado datos realmente escalofriantes: impacto directo de la corrupción hasta 2013 en España de 40.000 millones de euros; sobrecoste en los contratos de la administración pública del 25 %, según un informe de 2015 de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que representan unos 48.000 millones de euros anuales; el rescate de la banca privada calculado en más de 100.000 millones de euros; los informes técnicos del GESTHA de 2013 que apuntan a una cifra de 79.000 millones anuales no recaudados por fraudes fiscales y evasión fiscal.
Los representantes sindicales aducen que siempre se produce la misma estrategia para el desmantelamiento de cualquier servicio público: en primer lugar, se adopta una estrategia del desprestigio a través de calificaciones generalistas como su inoperancia, lentitud o sobredimensión de las plantillas; posteriormente, los gestores políticos deciden la infradotación en personal y en recursos para dar lugar al mal funcionamiento y la sensación de incapacidad, lo que se acaba transformando en quejas de los ciudadanos; un tercer paso, en el que se alaba la gestión privada por supuesta rapidez, competencia y eficacia; y una vez ganada a buena parte de la opinión pública se realiza la privatización del servicio.
A continuación, los presentes
han desgranado los mecanismos que se han fomentado para llevar a cabo la destrucción de lo público:
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La politización de la administración a través de las Libres Designaciones, colocando en puestos claves a personas afines al poder; a través de las comisiones de Servicios en los puestos intermedios para “conformar” un gran grupo de empleados públicos sumisos; y, por último, generando clientelas mediante la contratación arbitraria de personal y de la recompensa o castigo a determinadas empresas por parte de la Administración paralela.
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La compra de “la paz social” de los sindicatos mayoritarios a través de subvenciones y de asunción de servicios públicos por parte de los mismos, convirtiéndoles en meros gestores de servicios.
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Pérdida de los derechos fundamentales de los funcionarios como a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
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La creación y ampliación de un modelo gerencial, la Administración paralela, a la que se le exigen menos controles, ya que elude la normativa de contrataciones en el sector público, y es la gran causante de la corrupción sistémica de las administraciones públicas.
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Y por último, las privatizaciones de servicios públicos, servicios vaciados de empleados públicos y recursos técnicos de forma intencionada y que son contratados a empresas privadas, muchas de ellas cercanas a vínculos políticos.
Por último, CGT acusa directamente, en una clara postura de confrontación, de cómplices del Partido Popular del ejecutivo de Juan Vicente Herrera a los sindicatos mayoritarios en Castilla y León CCOO, CSI-F y UGT ante la apuesta de los populares de ir acabando con los bienes comunes.
