Mientras dormimos, ellos velan por que nuestras pesadillas no parezcan intuiciones. Mientras unos y otros llenan nuestros hogares con el ruido de sillas resbalando por los mármoles sabiendo que el gobierno es imposible, la Comisión Europea (CE) sigue adelante con el liberal y criminal acuerdo con los EEUU
Por Burgos Dijital
La “Campaña Estatal contra el TTIP” (Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión) nos informa del envío por parte de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea de cartas a los ayuntamientos que han aprobado mociones contra el TTIP.
La CE entiende en esta carta que, las mociones reflejan preocupaciones de muchos ciudadanos acerca de las consecuencias que el Tratado de Libre Comercio puede suponer para cuestiones como la protección de la salud, la seguridad de los alimentos, las normas laborales y ambientales, la vida privada, los criterios de contratación pública o incluso la capacidad reguladora del propio Gobierno.
Por otra parte, reconoce a regañadientes que la transparencia en las negociaciones de este Tratado no han existidos, como se ha denunciado en innumerables ocasiones, aunque lo único que le preocupa al respecto es que esta estrategia haya dado lugar a rumores infundados en la propia población civil europea y que la propia Comisión los define como “mitos”. Según la CE, existe una Declaración conjunta, firmada el 20 de marzo de 2015, de la Comisaria Malmström y el representante de Comercio de los EEUU, Michael Fromanpara la protección de los servicios públicos (salud pública; enseñanza pública; servicios sociales; gestión, depuración o distribución del agua). Según este Acuerdo, España podrá seguir controlando libremente, la forma en que organiza sus servicios públicos. A juicio de muchos de los detractores del posible Acuerdo, se trata de otra trampa dialéctica más de los especuladores neoliberales, ya que los servicios son públicos en tanto en cuanto son pagados a través de los impuestos pero, la legislación mercantil creada alrededor de este negocio sirve para eliminar toda soberanía relativa a las decisiones colectivas sobre cómo queremos gestionarlos. La reversión sería, en muchos casos, económicamente inviable.
Respecto a las pymes y empresas locales, el escrito continúa diciendo que, el éxito del TTIP será lograr que se faciliten las transacciones comerciales en este tipo de empresas, aunque no dice nada sobre la reducción de estándares laborales y medioambientales a la que se verían abocadas en su “libre” competencia con los productores norteamericanos, la destrucción del pequeño comercio y el subsiguiente deterioro de nuestra vida social en las urbes y, la más que cuestionable, posibilidad de deslocalización de las industrias agroalimentarias.
También dedica una parte del documento al mecanismo ISDS, que es la resolución de litigios entre inversores y Estados, determinando que la propuesta de la Comisión es un sistema de Tribunales de Inversores que sustituirá al ISDS. Se puede consultar este sistema en la página de la Comisión.
Este punto conflictivo del Acuerdo afectaría muy directamente a nuestro país, por motivos que demostramos a continuación.
España fue el país más demandado en 2015 ante tribunales privados homólogos a los planteados en el TTIP. Así, un organismo dependiente de la ONU documenta que sólo el pasado año España fue demandada por multinacionales inversoras hasta en 15 ocasiones, el doble que Rusia. El tratado comercial entre la UE y EEUU permitiría que esta cifra creciese aún más, siguiendo la tendencia registrada en los últimos años.
Bruselas repite hasta la saciedad que el mecanismo de blindaje de las multinacionales que incluirá el TTIP no pondrá en riesgo el derecho a regular de los estados, algo completamente falso ya que los neoliberales aprovecharán esta situación para legislar contra los intereses colectivos. De hecho ya está ocurriendo y eso que aún no está claro qué forma adoptará este mecanismo en el tratado que se negocia en la sombra con Washington y que en 2015 volvió a crecer el número de demandas de empresas inversoras a estados a través de mecanismos ISDS (Investor State Dispute Settlement).
El pasado año España fue el país que recibió un mayor número de demandas de corporaciones ante tribunales en todos los casos documentados de este periodo las corporaciones esgrimieron el “hachazo” del PP de Mariano Rajoy a las renovables en 2013 para actuar contra España.
La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo) advierte que en 2015 ya tenía constancia de la existencia de 700 demandas presentadas por distintas corporaciones (los estados no pueden recurrir a este mecanismo), lo que supone que las multinacionales han lanzado más casos en los últimos cinco años que en las primeras tres décadas de funcionamiento del sistema.
Esto supondría otorgar un mayor peso a estos mecanismos privados dentro del orden jurídico internacional. España es el cuarto país del mundo con mayor demanda de arbitraje en su contra. A este mecanismos acceden las transnacionales para defender sus intereses en contra de las políticas de los Estados.
En septiembre de 2015 la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, presentó su apuesta de reforma del ISDS, el ICS (Investor Court System), al que se hace referencia en la carta. Esta nueva versión, que incorpora la posibilidad de apelar contra los laudos, no convence ya que los árbitros no son jueces, como vende la Comisión, ya que en realidad uno de los requisitos para arbitrar en este nuevo mecanismo es que tengan formación de juristas.
Por último, hay que tener presente que EEUU no ha mostrado interés por su nueva versión del ISDS. Desde el arranque de las negociaciones del polémico TTIP, las corporaciones y los propios negociadores americanos han dejado claro que el ISDS debe ser una pieza clave en el acuerdo, a pesar de que un 97% de los 150.000 ciudadanos europeos que participaron en una consulta abierta del Ejecutivo comunitario haya rechazado este mecanismo de blindaje a las multinacionales y muestren su desacuerdo con los grupos políticos que han votado a favor de este nocivo tratado para los intereses de las clases trabajadoras: conservadores, liberales y los autodenominados socialdemócratas.
