Las trabajadoras de sexo de Madrid y el Colectivo Hetaira denuncian la precariedad con que trabajan

37263-877-550Trabajadoras del sexo de Madrid y el Colectivo Hetaira denunciamos las condiciones cada vez más precarias en las que ejercemos nuestra actividad debido a las normativas y leyes que nos castigan alas prostitutas que captamos nuestra clientela en la calle, mientras favorecen los intereses de los empresarios de los grandes clubes, ya que nos obligan atrabajar en esos lugares donde carecemos de cualquier ley que proteja nuestros derechos, dado que no existe un reconocimiento de que la prostitución sea un trabajo.

Estamos en contra de las ordenanzas y planes municipales que se han puesto en marcha en muchas ciudades españolas que nos persiguen, acosan, criminalizan y “espantan” a nuestros clientes poniéndoles multas con diferentes excusas.

Nos oponemos a la aprobación del proyecto de Ordenanza de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público presentado por el Ayuntamiento de Madrid, borrador que presumen haber consensuado y, sin embargo, se ha presentado sin la existencia de participación real y por igual de todos los entes sociales de la ciudad de Madrid.

Si multan a nuestros clientes, nos multan a nosotras, porque nos lo estarán poniendo más difícil, tendremos que escondernos aún más y trabajaremos en situaciones de mayor vulnerabilidad, empeorando nuestras condiciones laborales y mermando nuestras ganancias.

El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha una campaña contra nuestros clientes donde tergiversaban las cifras de mujeres que ejercemos voluntariamente la prostitución, ofreciendo números inventados, ya que no existen estudios fiables que avalen esos datos. Así pretende invisibilizar a las mujeres que trabajamos por voluntad propia, por lo que decidimos sacar adelante una contracampaña a la del Ayuntamiento de Madrid: “Tengo sexo con hombres a cambio de dinero cuando yo quiero”

Manifestamos nuestro rechazo a la propuesta de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior que,entre otras muchas cosas, sancionará a quienes ofrezcamos o contraten servicios sexuales cerca de los colegios. También seremos multadas si se considerase que nuestra presencia ocasiona “algún riesgo para la seguridad vial”, con lo que,soterradamente, estamos asistiendo a la prohibición de negociar un

intercambio de servicios sexuales por dinero en la calle en cualquier circunstancia. Por todas estas razones en materia de prostitución, a las que sumamos nuestro rechazo a la prohibición de concentraciones y manifestaciones no autorizadas,así como las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, la participación en los escraches, etc, nos oponemos a la aprobación de la ley mordaza.

Desde hace muchos años reivindicamos una negociación de espacios entre vecindario, administraciones y trabajadoras del sexo, donde seamos interlocutoras en pie de igualdad, para pactar dónde pueden organizarse estos espacios de manera que se puedan dar las condiciones que necesitamos, . Espacios donde podamos trabajar tranquilas, con mayor seguridad, limpios, con papeleras, con sitios para descansar, tomar un café o refrescarnos, bien alumbrados y con buenos accesos, etc. ¡Negociación de espacios ya!

Desarrollamos nuestra actividad en condiciones cada vez más precarias y penosas, pero estamos hartas de que se diga que todas somos víctimas de trata y se nos niegue nuestra capacidad de decisión para ejercer esta actividad.

Necesitamos que nuestra actividad sea reconocida para tener instrumentos con los que enfrentarnos a todo tipo de abusos (policía, empresariado, clientes, agresores) y que no sea posible elaborar normativas que nos criminalicen, empeoren nuestras condiciones laborales y provoquen situaciones de mayor estigmatización y vulnerabilidad.

Estamos hartas de que, bien por rechazo social, o bien por debates teóricos, se nos dé la espalda y nunca se cuente con nuestra voz. Estamos AQUÍ Y AHORA y mientras llegan mejores tiempos para todas, necesitamos mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo, por ello es imprescindible reconocer los derechos sobre la actividad que realiza

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