Las “reválidas” no son obligatorias ni necesarias

Manifestación contra la LOMCE Fotos de archivo

Por CGT Educación CyL 

Con el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, el Presidente del Gobierno anunció un farol que quedó muy bien de cara a la opinión pública: nos aseguró que eliminaba las reválidas o pruebas de evaluación final de 6º de Primaria y 4º de Secundaria, pero en realidad solo eliminó los efectos académicos de estas pruebas. Por eso, ahora las tenemos aquí.

Debemos recordar que, en la actualidad, ninguna de estas pruebas es de obligada realización para ninguna alumna ni alumno, pues carecen de consecuencias académicas.

El alumnado y sus familias tienen derecho a negarse a hacerlas, sin que esta decisión suponga para ellos ninguna discriminación ni consecuencia negativa. También la prueba individualizada de 3º de Primaria tiene carácter voluntario y, si las familias no desean que sus hijos la realicen y aportan un documento en el que lo expresan, su voluntad debe ser respetada, aun cuando en el decreto recién publicado diga como en años anteriores que: “Los alumnos o alumnas que no realicen las pruebas en la fecha establecida con carácter general, deberán hacerlas el primer día lectivo de su reincorporación al centro”.

El profesorado no está obligado a exigirles que la realicen si ellos deciden no hacerla. Es una lástima que desde la Consejería y las Direcciones Provinciales hayan perdido de nuevo la oportunidad de informar de esto adecuadamente a los centros y a las familias, evitando presiones y tensiones innecesarias.

Y para quienes digan que qué más da hacer o no estas pruebas, si no sirven para nada, les diremos que en realidad sí sirven: 

Sirven para cuestionar la labor del profesorado, ya que no se fían de nuestro criterio de evaluación.

Sirven para segregar ya que, aunque “no tienen efecto académico”, pueden ser un argumento más para “clasificar” al alumnado.

Sirven también para sobrecargar al profesorado, que tiene que haber acabado el temario cuando todavía quedan varias semanas de clases y corregir las pruebas si la Administración les selecciona.

Sirven para someter a una presión innecesaria a familias y alumnado. También sirven para gastar dinero inútilmente, mientras se sigue disminuyendo la cantidad dedicada a becas. Solo la prueba de Secundaria costará 2,3 millones de euros en todo el país. 

Sirven para comparar centros y, aunque no se hagan rankings oficiales, para que los centros que mejores calificaciones obtengan publiciten sus resultados para atraer más familias y caer en una competitividad estúpida.

Desde CGT revindicamos la eliminación total de las pruebas de evaluación externa y hacemos un llamamiento a la comunidad educativa para que no colabore en su realización.

No son pruebas obligatorias, no tienen valor académico alguno y, por tanto, si las familias y el alumnado se niegan a hacerlas, no pasa absolutamente nada. Suficiente prueba diagnóstico es la evaluación continua que los profesores y profesoras realizamos a diario con nuestro alumnado. Estas pruebas no nos van a decir nada que no sepamos. Porque bien sabemos que lo que hace falta son ratios más bajas, más apoyos y refuerzos, más profesorado de PT, AL y compensatoria, más horas de orientación en Primaria, dos orientadores/as en centros grandes, descarga de horas lectivas, que se sustituya al profesorado de baja de forma inmediata…

Si quieren diagnosticar el estado de la educación que nos pregunten al profesorado.

NO A LOS CUESTIONARIOS PERSONALES EN LAS AULAS

La Consejería de Educación está entregando en las aulas una encuesta personal a rellenar por los alumnos, padres o tutores que tienen cursos o materias subvencionadas por la Unión Europea, con cuestiones “sensibles” relacionadas con la situación socioeconómica, laboral y de la estructura familiar que atentan contra la intimidad del alumnado y sus familias.

Así por ejemplo se preguntan cuestiones como: “¿El o la alumna vive en una infravivienda o no tiene domicilio familiar conocido?” o “¿El o la alumna tiene menos de 25 años y vive sólo con uno de los progenitores? “y así varias más.

Además, estos datos como se señala en el píe de página, pasarán a conformar un fichero por la Junta de Castilla y León para el uso de sus funciones.

Si bien es cierto que en el documento figura, también en el pie de página, que estos datos pueden ser cancelados, rectificados o anulados, la mayoría de la población al que va dirigido el cuestionario posiblemente desconoce no sólo que se pueda hacer sino cómo hacerlo. No es la primera vez que la Administración realiza este tipo de encuestas personales en las que pide a las familias datos sensibles sobre su condición familiar, estilo de vida, o sobre los bienes económicos que posee.

Desde CGT, estamos en contra de que las Administraciones realicen este tipo de cuestionarios, metiéndose en la vida de las familias hasta el punto de que se las obligue a dar datos de carácter personal, cuestionando mediante determinadas preguntas el modo de vida de los ciudadanos.

Por otro lado, pedimos tanto al alumnado como a sus progenitores o tutores que se nieguen a responder a este tipo de cuestionario y exigimos a la Junta de Castilla y León que se reserve el derecho a tratar con los datos derivados de esta y otras encuestas por el estilo.

Creemos que estos cuestionarios se están pasando en muchos centros del Estado Español, pues en ellos aparecen, además del logo de la Junta de Castilla y León, los del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte y el de la Unión Europea que es quien financia parte de los cursos o de las asignaturas.

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