La Junta de Castilla y León perpetúa la precariedad laboral del profesorado

interinos copiaPor Burgos Dijital

A menos de dos semanas para que comience el curso, miles de maestros y profesores de Castilla y León desconocen cuál será su puesto de trabajo para el próximo año escolar. Los más afectados son el profesorado interino y los propietarios definitivos -funcionarios de carrera- que han participado en el Concurso de provisión de puestos para su ocupación temporal (popularmente llamado “Concursillo”, es una posibilidad intermedia para funcionarios que o bien están muy lejos de su domicilio habitual o bien no tienen aún destino definitivo, que consiste en ocupar temporalmente una plaza distinta de la suya durante un curso escolar).

Cabría pensar que como este año ha habido oposiciones y han salido más plazas que en las últimas convocatorias, las cosas van con un “cierto retraso”. Pero no es cierto, ya que aunque así fuera, la Administración debería tener en cuenta este tipo de cuestiones para poner soluciones (como contratar personal si es necesario). La realidad es que cada año la administración educativa resuelve estas convocatorias muy tarde, a finales de agosto: el año pasado, el día 28 -a tres días de tener que estar en los centros educativos-, o incluso ya empezado septiembre, en el caso de las interinidades de secundaria y otros cuerpos, con el perjuicio que supone para los profesores incorporarse a los centros cuando en algunos casos incluso ya se han celebrado los claustros informativos de inicio de curso.

Los representantes de la administración educativa no tienen en cuenta los inconvenientes, a nivel personal, de que maestros y profesores no sepan dónde van a vivir (cuestiones como alquilar una vivienda no son baladí, ya que en multitud de ocasiones hay localidades pequeñas donde no abundan los alquileres), pierdan dinero de los alquileres del domicilio anterior por no poder notificar con suficiente antelación que deben dejar la vivienda, o sufran estrés y ansiedad por no poder organizar sus asuntos personales y familiares – hay quienes tienen que trasladarse con toda la familia, quienes tienen que realizar papeleos, etc-. Por otra parte, también están los inconvenientes profesionales de no poder planificar y organizar debidamente las clases por desconocer completamente cuáles serán sus funciones en los nuevos centros.

Llama la atención que el profesorado de religión -que no es personal funcionario, y cuya contratación no depende directamente de la administración pública, pero cuya distribución en los centros sí depende de la Consejería de Educación- ya sepa desde el 25 de julio cuál será su puesto de trabajo mientras que los trabajadores y trabajadoras dependientes directamente de las direcciones provinciales de educación tengan que esperar hasta casi incorporarse.

Este tipo de actitudes despectivas de las entidades políticas junto a las campañas de desprestigio a las que hemos asistido en los últimos tiempos respecto al profesorado hacen pensar a muchas personas que los representantes políticos no hacen todo lo que deberían para luchar contra el fracaso escolar ni para mejorar la calidad del sistema educativo, que es lo que dicen proponer en sus programas electorales.

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