Por Burgos Dijital
Contundentes planchas de hierro soldadas no han servido para que la gente del Banc Expropiat del barrio de Gràcia cesen sus actividades para las personas del barrio. Los muros metálicos que la policía y los funcionarios de la Generalitat han soldado en esta esquina del barrio han servido de pizarra para la difusión de las actividades y la información de la realidad que están viviendo el barrio y el local.
El barrio de Gràcia lleva meses sufriendo la burbuja del turismo y también la especulación urbanística; se asegura que los comercios locales están cerrando por no poder asumir el coste de las subidas de alquiler y también que hay gente que está sufriendo presiones y mobbing a manos de empresas para abandonar sus casas. Fondos financieros y especuladores (como el actual dueño del inmueble) están comprando edificios de viviendas para crear edificios turísticos, realidades que no salen en los medios (la especulación inmobiliaria y el mobbing a vecinos de viviendas antiguas es muy frecuente en Barcelona desde siempre o en barrios cercanos, como por ejemplo Esplugues de Llobregat con el Pla Caufec).
Los activistas y organizadores del Centro Social del Banc Expropiat aseguran que el turismo y la especulación están destruyendo el tejido social del barrio como denuncia la Asamblea de la Vila de Gràcia; de momento han optado por no hacer más manifestaciones que perjudiquen a los comercios a pesar de que las consideran imprescindibles. No obstante, continúan con su labor social, actividades e información en la puerta del centro. El secretario de la Asociación de comercio de Gràcia, que a su vez es activista de l’Obra Cultural Mariana y la pastoral catòlica, ha impulsado un manifiesto en contra del centro social y mantuvo una reunión de marcado carácter elitista -con el manifiesto ya redactado- con asociaciones (elitista debido a que a alguna se le invitó a abandonar dicha reunión) y comerciantes.
Como muchos otros locales y viviendas de este país este inmueble, primero en manos de una inmobiliaria y ahora de un especulador, se encontraba vacío y sin uso a pesar de la enorme emergencia social y la realidad que se está atravesando.
En palabras de la alcaldesa de Barcelona en una reciente entrevista a la revista local Barcelona Més, “el interés del Ayuntamiento de la ciudad está en que el derecho al uso social se encuentre por encima del uso especulativo”; sin embargo está claro que no opinan igual en el Gobierno de la Generalitat del president Carles Puigdemont (dedazo de Artur Mas) y su Departamento de Interior. Es curiosa la conducta de Junts pel Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el anterior alcalde de ese partido, Xavier Trías, financió durante todo su mandato el alquiler del local, cifra que ascendería a una mensualidad de 5500 euros, unos 66000 euros en total, y que haría efectiva sin comunicárselo a las vecinas y vecinos que realizaban las labores sociales en el inmueble. Durante su mandato el Departamento de Interior de la Generalitat no mandó ni un solo policía.
En todo este tiempo, cinco años de labor social, los organizadores del centro social han dado clases de catalán, realizado todo tipo de talleres -de telares, costura, serigrafía…-, actividades culturales como cinefórums, asambleas de vecinas/os, red de alimentos para ayudar y dar apoyo mutuo, lavandería, información del barrio y tienda gratuita, etc. Una serie de actividades que quizá pueden poner en entredicho los mecanismos actuales de un sistema capitalista al que escuece cualquier tipo de reunión, bien público, ocio gratuito y solidaridad sin lucro, cultura gratuita para las vecinas y vecinos del barrio y redes de apoyo mutuo.
Estaba claro que tarde o temprano el sistema iba a construir con planchas de metal muros contra una espléndida actividad solidaria a pie de calle, era necesario destruir cualquier atisbo peligroso que tuviese rasgos de solidaridad diferenciada, basada en la cooperación, autogestión y apoyo mutuo.
Mediante el uso de la violencia legal se ha procedido al desalojo del local; con el uso de los medios de comunicación exhibiendo las peores imágenes de la resistencia; se ha condenado y estigmatizado a la gente que desarrollaba las actividades; la labor de cinco años de trabajos sociales ha intentado ser destruida con la criminalización en pantalla de quienes gestionaban y apoyaban el centro así como con una planificada y estudiada estrategia de división de la de gente del barrio y comerciantes (entre los que estaban a favor del centro y los que no, y tras la cual se asegura que hay intereses electoralistas).
Los activistas creen que el coste policial asumido por Cataluña para producir el desalojo en dos semanas de conflicto ha sido de más de 565.000 euros incluyendo el coste del helicóptero. Catalunya Caixa, anterior dueño del inmueble que vendería en poco tiempo, fue rescatada por el estado con 13.221 millones de euros de dinero público de los cuales ha devuelto 300 millones, a pesar de haber declarado beneficios desde 2013.
Los activistas y gestores del centro aseguran que ha habido una utilización política electoral del conflicto así como un uso de los vecinos y vecinas del barrio como frente electoral y ruegan que se tenga esta consideración a la hora de juzgar la situación.
Las activistas aseguran que seguirán luchando dado que su labor es más amplia que los objetivos del Centro Banc Expropiat como proyecto, pues se basan en una lucha conjunta con diferentes colectivos y asambleas del barrio contra la masificación turística, la especulación de diferentes inmobiliarias y particulares que ponen el beneficio económico especulativo como eje de su estrategia sin escrúpulos, a costa de la vida del resto de las personas del barrio de Gràcia.
Tampoco han descartado volver a entrar en el centro dado que consideran que se ha hecho un uso mediático del conflicto como “cortina de humo” para tapar esta realidad especulativa y todos los problemas reales por los que está pasando el barrio.
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