Condena infame al Pueblo Saharaui

Por Burgos Dijital

Un Tribunal marroquí, parcial y dependiente en palabras de la Coordinadora Estatal Asociaciones Solidarias con el Sáhara y según han denunciado diferentes observadores internacionales, acaba de hacer pública las condenas impuestas a los defensores saharauis de los derechos humanos, injustamente encarcelados desde la represión desatada contra el campamento de la dignidad, conocido como Gdeim Izik.

Las condenas impuestas, desde la cadena perpetua a los 20 años de prisión, en lo que la CEAS considera un juicio ilegal y por parte de un tribunal ilegal, describen que han sido una muestra más del odio que la monarquía marroquí demuestra contra toda la lucha pacífica del Pueblo Saharaui en defensa de los derechos humanos y en particular en defensa del derecho de autodeterminación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) del país marroquí que invadió a la ex colonia española tras la Marcha Verde en 1975. 

CEAS-Sáhara denuncia que se trata de un Tribunal extraterritorial e incompetente dado que los hechos se circunscribieron al Sáhara Occidental, Territorio No Autónomo, ocupado ilegalmente por Marruecos, y por tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción del citado Tribunal, siendo todo el proceso llevado a cabo nulo de pleno derecho. (Según la Onu el territorio estaría todavía bajo administración española).

Desde CEAS-Sáhara han calificado todo el proceso como un juicio político y a los presos como presos de conciencia, basándose de forma exclusiva las condenas en confesiones presuntamente obtenidas mediante la tortura y los malos tratos. También recuerdan que el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó el pasado mes de noviembre de 2016 que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura en relación a uno de los condenados, Naâma Asfari. Asimismo han recordado que igualmente que atendiendo a los hechos denunciados la Audiencia Nacional Española concedió el 3 de octubre de 2016 el Estatuto de Refugiado Político a Hassanna Aalia, uno de los activistas juzgado en rebeldía y actualmente residente en el Estado Español.

La Coordinadora hace un llamamiento a todas las personas, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, sindicatos, fuerzas políticas y demás entidades a expresar su repulsa por esta condena a todo un pueblo, denunciarla y movilizarse ante esta ilegal sentencia.

“El Pueblo Saharaui tiene derecho a la autodeterminación, ampliamente reconocido por la comunidad internacional y clasificado como una obligación erga omnes. Este derecho, y la lucha pacífica en su defensa, NO pueden aniquilarse mediante el establecimiento de condenas injustas e infames contras personas que únicamente han mostrado su compromiso con los derechos humanos de su pueblo”.

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