La Inspección de Servicios de JCyL protege irregularidades en la Administración

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La Inspección General de Servicios de la Junta hace caso omiso ante las denuncias de conductas irregulares de empleados públicos a los que parece proteger.

Esto es lo destacable en la nueva denuncia realizada por el Colectivo Viernes Negro, pocos días después de que el Partido Popular rechazara en las Cortes  la creación de un mecanismo de denuncia de posibles delitos de corrupción que amparara y protegiera a los denunciantes.

La Inspección General de Servicios de la Junta hace caso omiso ante las denuncias de conductas irregulares de empleados públicos a los que parece proteger.

Esto es lo destacable en la nueva denuncia realizada por el Colectivo Viernes Negro, pocos días después de que el Partido Popular rechazara en las Cortes  la creación de un mecanismo de denuncia de posibles delitos de corrupción que amparara y protegiera a los denunciantes.

De hecho, una de las principales razones que adujeron los populares para la innecesaria creación del sistema fue la existencia de la Inspección General de Servicios, ya que este organismo de control tiene entre sus funciones, como se expresa en el artículo 3 del Decreto 13/2009:

  • “Realizar actuaciones inspectoras dirigidas a detectar indicios racionales de responsabilidad disciplinaria en la actuación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad, proponiendo, en su caso, al órgano competente la incoación de expedientes disciplinarios.
  • Tramitar los expedientes en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad.”

Pues bien, al parecer hace exactamente un año una serie de empleados públicos registraron una comunicación dirigida a la Inspección General de Servicios en el que se detallaba un hecho producido en las dependencias del Servicio Territorial de Hacienda de Burgos que involucraba a un funcionario de dicho servicio y que podría ser motivo de investigación más que sobrado dadas las funciones y competencias ya desgranadas en los párrafos anteriores.

En esta comunicación se relataba que el 27 de octubre de 2014 se había presentado un ciudadano reclamando la presencia de un funcionario del que solicitaba una factura cobrada por un servicio íntimamente relacionado con las funciones públicas de dicho empleado. También se expresaba, dando una serie de ejemplos que se sucedían en el tiempo, que su trabajo privado interfería con el público.

Posteriormente y a petición de la Inspección de Servicios se amplió la información de que se disponía en la que se aportaban datos de las incompatibilidades de dos funcionarios que mostraban a las claras tanto la realización de trabajos privados y personales dentro de su jornada de trabajo como el uso privilegiado de información con intereses lucrativos que podrían dañar a los intereses públicos.

Las actuaciones de la Inspección son de carácter reservado y sólo tienen acceso a la documentación obrante en los expedientes el personal de la Inspección que tiene encomendada la investigación. Pero los denunciantes afirman que trascurrido un año desde la denuncia inicial ninguno de los firmantes ha recibido notificación por la propia Inspección General que, a su vez, no ha recogido lo que podría ser la principal prueba de lo denunciado a través de las declaraciones de los testigos.

La principal conclusión que apuntan, a la luz de lo ocurrido hasta ahora, es que la Inspección está protegiendo a estos empleados públicos bien por inacción bien por inhibición e incluso “informando” presumiblemente por alguna vía a alguno de los denunciados, ya que afirman que les consta que ha habido una solicitud de compatibilidad por parte de uno de los funcionarios denunciados.

Parece muy evidente que a los populares, que llevan manejando con puño de hierro la administración pública de esta comunidad, se les va escapando parte del control de la nave, ejercido con silencios cómplices y con multitud de trabajadores “agradecidos”. Por ello Viernes Negro motiva buena parte de la mala praxis de la Inspección en su verdadera falta de autonomía e independencia.

Por ello ponen el foco en que las plazas están cubiertas a través de la Libre Designación o a través de un concurso específico, lo que conlleva, a su parecer, “un alto porcentaje de discrecionalidad por parte de las autoridades que juzgan la ocupación de estos puestos“. Así mismo han comprobado que el máximo responsable está elegido “a dedo”, no obstante es un importante peso pesado en el PP de Valladolid, y que de las 13 plazas, 3 están ocupadas en Comisión de Servicios, otro instrumento de discrecionalidad y politización de la Administración, y otras 3 están vacantes.

Viernes Negro expresa en su denuncia “que detrás de la falta de acción de la propia Inspección en el asunto denunciado no hay más que la búsqueda del silencio para que no trascienda más allá de nuestras paredes, hecho que a todas luces produce, como otros tantos, la erosión de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos y la desmotivación y la desilusión entre aquellos trabajadores públicos, la mayoría de ellos, que cumplen con su deber fundamentado en el trabajo ejercido y en su sometimiento a las reglas de juego”.

Esta denuncia es un jarro de agua fría para aquellos que crean que basta con controlar los tiempos y mentir en sede parlamentaria, como parece haberlo hecho el Partido Popular, si se confirma que la Inspección, a la que apelaban hace 10 días como órgano fiable para los empleados públicos, no es más que otra tramoya institucional a las que nos tiene acostumbrado el gobierno de Herrera.

A tres semanas de las elecciones generales los populares siguen mostrándose refractarios a liberar la administración de sus tentáculos y a luchar realmente contra la corrupción: mientras venden transparencia, compran voluntades.

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