Ecologistas en Acción ha reiterado recientemente su demanda de una moratoria en la instalación de grandes proyectos renovables en suelo rústico en Castilla y León
Ecologistas en Acción va a presentar alegaciones en la fase preliminar del macroproyecto híbrido eólico y fotovoltaico “Liceras”, una iniciativa de gran escala que prevé ocupar unas 7.600 hectáreas en el entorno de Tiermes (Soria) y que afecta de forma directa a municipios de las provincias de Soria, Burgos y Segovia.
En el caso de la provincia de Burgos, el proyecto incide directamente sobre los términos municipales de Fuentenebro, Huerta de Rey, Milagros, Santa Cruz de la Salceda, Vadocondes y La Vid y Barrios, cuyos ayuntamientos han sido ya consultados por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del procedimiento ambiental.
El proyecto contempla la instalación de numerosos aerogeneradores y plantas fotovoltaicas, junto con infraestructuras asociadas como vallados, líneas de evacuación y subestaciones eléctricas, lo que supondrá una transformación profunda del territorio afectado. Ecologistas en Acción advierte de que, en el sur de la provincia de Burgos, estas actuaciones se ubican en áreas rurales con elevado valor ambiental, paisajístico y agrario, donde la ocupación masiva de suelo rústico y la fragmentación del territorio pueden generar impactos acumulativos significativos.
La organización alerta de que este tipo de macroproyectos híbridos intensifican la presión sobre la biodiversidad y los usos tradicionales del suelo, afectando a hábitats de interés, corredores ecológicos y zonas agrícolas, al tiempo que incrementan la red de infraestructuras eléctricas de alta tensión que atraviesan amplias superficies del medio rural burgalés.
Ecologistas en Acción subraya que el despliegue actual de grandes instalaciones renovables en Castilla y León responde a una lógica desordenada, en la que la selección de emplazamientos recae fundamentalmente en las empresas promotoras en función de criterios económicos, lo que está generando conflictos ambientales y sociales en amplias zonas rurales. Esta dinámica resulta especialmente preocupante en una comunidad autónoma que ya presenta un elevado grado de producción energética en relación con su consumo, lo que incrementa la presión sobre territorios como Burgos sin responder necesariamente a necesidades locales.
En este contexto, la organización reitera su apoyo a la transición energética basada en fuentes renovables, pero insiste en que esta debe abordarse con criterios de planificación, proporcionalidad y respeto ambiental. Recuerda que el actual modelo de despliegue masivo resulta incompatible con una transición justa si no se acompaña de una reducción del consumo energético y de una adecuada ordenación territorial, evitando proyectos sobredimensionados desvinculados de la demanda local .
Moratoria a los proyectos de renovables
En línea con esta posición, Ecologistas en Acción ha reiterado recientemente su demanda de una moratoria en la instalación de grandes proyectos renovables en suelo rústico en Castilla y León. Durante la reunión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid celebrada el 25 de marzo de 2026, el representante de la organización manifestó que: “Insistimos en la necesidad de que la Junta de Castilla y León aborde una planificación del despliegue de las energías renovables en la Comunidad, que cuantifique las potencias razonables a instalar en función de las necesidades propias, y determine los terrenos en los que pueden instalarse, de forma análoga al Plan Eólico elaborado al final del siglo pasado. Entretanto, debe procederse a una moratoria en la instalación en suelo rústico de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en Castilla y León, con excepción de las de autoconsumo.”
Ecologistas en Acción considera que el proyecto “Liceras” ejemplifica los riesgos de continuar autorizando macroinstalaciones sin una planificación estratégica previa. Por ello, las alegaciones que presentará se centrarán en la evaluación de los impactos acumulativos, la afección a la biodiversidad, el paisaje y los usos agrarios, así como en la necesidad de reconsiderar el modelo de implantación de energías renovables en el territorio.
La organización concluye que la transición energética no puede convertirse en un nuevo factor de degradación ambiental ni de desequilibrio territorial, y reclama a la Junta de Castilla y León que ejerza sus competencias de ordenación para garantizar un desarrollo energético compatible con la conservación del patrimonio natural y el bienestar de las comunidades rurales.
Ubicación macroproyecto híbrido eólico y fotovoltaico “Liceras”
