Viernes Negro denuncia las mentiras de nuestros altos cargos

Por Burgos Dijital

VIERNES NEGRO DE BURGOS denuncia a la opinión pública que algunos altos cargos de la Junta nombrados por el ejecutivo de Juan Vicente Herrera burlaron el Código de austeridad para beneficiarse de múltiples privilegios materiales sin que pudiera ser detectado por la propia Administración.

Como ya nos hicimos eco en BD a raíz de la denuncia de este colectivo sobre el uso privilegiado de un coche oficial con conductor de Virginia Arnaiz González, directora del Gabinete del presidente de la Junta, se conoció que el 29 de septiembre de 2011 la Junta de Castilla y León había tenido a bien regular las conductas y establecer criterios éticos y responsables de uso de los recursos públicos por parte de los Altos cargos mediante un Código a l@s ciudadan@s de nuestra Comunidad.

Tal era el silencio sobre el mismo que el propio Procurador del Común confirmó que tenía una copia del mismo sin aportar más información que la transcripción de un párrafo en el que se contemplaba el uso de vehículos oficiales, reconociendo implícitamente la imposibilidad de hacerlo público, “y ello a pesar de que no existían razones basadas en la Ley de Protección de Datos ni de ningún otro tipo de reserva que pudiera afectar al interés general de la Comunidad”, según argumenta el colectivo de empleados públicos. Por fin y tras mucha insistencia el Consejero de la Presidencia José Antonio Santiago-Juárez López les remitió el Código de Austeridad, cuatro años después de su aprobación.

Tras las informaciones aparecidas a lo largo de estas últimas semanas en referencia a los “Gastos diversos” contemplados en los presupuestos y desveladas por el Grupo Socialista en las Cortes, el colectivo entiende que las verdaderas razones por las cuales se ocultaba todo a la opinión pública se debían a su escandaloso incumplimiento, como ya intuían en una denuncia realizada el 6 de noviembre de 2015, con gastos tan alarmantes como:

• “Una factura de 382 euros pasada por el Departamento de Familia por la estancia en una casa rural de Puebla de Sanabria.

• Dos facturas que suman 93 euros facturadas por la Gerencia Regional de Salud a la bolera “Bowling Zool”, ubicada en Valladolid.

• Gastos en supermercados como El Árbol, Mercadona o Hipercor que ascienden a un total de más de 9.000 euros y hasta 1.514 euros en bazares chinos de todas las provincias.

• Dos facturas en carnicerías de Palencia y Segovia, e incluso una factura de 305 euros en las “Pescaderías Coruñesas” de Madrid.

• También se han pagado 115,37 € en una peluquería de León y 748,80 € a una empresa de cosmética de Valladolid.

• En el apartado de restaurantes se han pagado, que se conozca hasta ahora, 192.330,61 € en famosos establecimientos como “El caballo de Troya” y “La Perla” de Valladolid, “Cocinandos” en León, el “Mesón Cándido” de Segovia o “La Cántara” de Palencia. Bien sabemos los empleados públicos que nuestra administración no es tan dadivosa cuando se trata de pagar las manutenciones en los pocos desplazamientos que nos toca realizar y que con su salario, buena parte de ellos, ni se atreverían a acercarse por tan notables espacios gastronómicos”.

• Al parecer, también las copas de sus señorías han sido sufragadas con nuestros impuestos y sacrificios retributivos. Así, se recogen en un famoso y céntrico pub de la capital de la Comunidad nueve facturas por un total de 1.128, 5 €.

• E incluso, para acabar con esta innumerable ristra de gastos “demenciales” e incomprensibles, se han aireado anotaciones sin especificar de 10.000 € en “tecnología espacial” o más de 1.000 euros en “incineración de miembros”.

El código de austeridad hecho público por los altos cargos de la Junta de Castilla y León gracias al empeño de Viernes negro incluía “un catálogo de medidas de entre las que destacamos las siguientes: (…) se mantiene la actual renuncia expresa a las indemnizaciones previstas por asistencia a consejos u órganos de los que formen parte por razón del cargo; se restringen al máximo los gastos en atenciones protocolarias y representativas y las comidas de trabajo; los regalos institucionales consistirán únicamente en publicaciones de la Junta, o en productos elaborados por la propia Administración (…)”.

Por ello, y no sin sarcasmo, denuncian que “Desconocemos si los gastos en pescaderías, pastelerías y carnicerías son un pago en especie posible como indemnización por razón del cargo; si los gastos en famosos restaurantes o los “cubatas” en pubs de moda se podrían definir como atenciones protocolarias y “comidas de trabajo”; o si los gastos que se recogen en entradas para la contemplación taurina o los gastos en corsetería o bisutería son los definidos por el “código” como “regalos institucionales”.

Tras estas indecentes facturas, la conclusión es “que el acuerdo de contención de conductas de los altos cargos no sirve para el fin que se ha creado”.

Con esta denuncia, aprovechan para analizar este código ético, e informan a la ciudadanía que se trata de una verdadera tomadura de pelo, además de los posibles delitos por malversación de caudales públicos si es que algún fiscal se atreve a abrir las investigaciones oportunas, porque “con el código en la mano se comprueba que los únicos garantes del cumplimiento de “buena conducta” de los altos cargos son los Secretarios Generales, a su vez también “altos cargos”; la Inspección General de Servicios, de la cual hemos denunciado sus “servidumbres políticas”; y las Intervenciones, que no hacen sino más que confirmar que los gastos se hacen conforme al procedimiento y no entran a juzgar sobre los valores humanos de dichos gastos ni de quien los hace”.

Por último exigen al Consejero de Presidencia que conteste a una batería de preguntas, que aquí detallamos:

“Si los Secretarios Generales son los que autorizan parte de los gastos, ¿se autorizan ellos así mismos sus propios gastos como altos cargos que son?

¿No resulta peligroso, ya no sólo para el buen funcionamiento del sistema sino para la confianza de los ciudadanos en el mismo, que los principales responsables de la fiscalización de los altos cargos no sean funcionarios “inamovibles”, puesto que están designados libremente?

¿Por qué este tipo de gastos encajados en conceptos presupuestarios totalmente opacos y abstractos no son accesibles al detalle para los castellanos y leoneses?

¿Cuáles fueron las razones para no publicar ni oficial ni “oficiosamente” el código de austeridad que parece haber sido burlado tras las informaciones vertidas? ¿Se debe quizás a que existía el miedo a que algunos altos cargos lo incumplieran y pudiera ser utilizado políticamente?

¿Va a hacer algo el Consejero de Presidencia al respecto? ¿Puede sostener que sin ninguna medida inhibidora de las posibles malas conductas vaya a funcionar este código ético?

¿No le parece que ante la evidente falta de transparencia y ante la inexistencia del “castigo”, la opinión pública castellano-leonesa no se puede creer la pretenciosidad del código ético y de austeridad de los altos cargos?”