Por Basilio el Bagauda
La Alianza Popular y el Partido Popular fueron diseñando una organización administrativa a su imagen y semejanza: una fuerte centralización administrativa que fomentaba el aglutinamiento en la capital de todos los poderes políticos efectivos, incluido el judicial en su pugna con Burgos, y de las relaciones económicas que han ido convirtiendo a Valladolid en el centro económico de la Comunidad, desplazando poco a poco a la pujante industria asentada en Burgos y a la rica y diversificada economía primaria basada en la agricultura, la ganadería y la minería, junto a la creación de energía, de la provincia de León.
Ese cambio de ejes económicos intrarregionales es paralelo al crecimiento de las inversiones en el sector servicios, el de mayor importancia en el territorio capitalino, frente a la pérdida de capital en los sectores primario y secundario.
En ese sentido, las principales cajas de ahorros asentadas principalmente en Burgos y León se convirtieron, como ocurrió en el resto del Estado español, en meros instrumentos especulativos al servicio de las élites políticas de la Comunidad e interpretaron el rol de meros sostenedores de relaciones clientelares para el beneficio de unos pocos. Así, tanto el PSOE, especialmente en Caja España, como el PP colocaron a “amigos” para conseguir intervenir en las decisiones de los Consejos directivos favorables a sus intereses en forma de dinero barato y de redención de deudas.
De esta manera, ambos partidos consiguen durante un largo período una financiación a muy bajo coste destinada a la compra de poder mediático para perpetuarse en las instituciones; a la realización de operaciones comerciales por parte de algunos de sus cuadros de mando altamente beneficiosas y moralmente cuestionables; a la confusa e intencionada interrelación entre élites económicas y políticas y a la posterior creación de hiperestructuras administrativas paralelas a la Administración pública para burlar todos los controles y filtros públicos, que generarán una deuda provocada con la finalidad de hacerse con recursos públicos que acabarán en manos de la “clase extractiva”.
Tras la implosión de las burbujas financiera e inmobiliaria, las Cajas de ahorros de la Comunidad no fueron inmunes a su autodestrucción y su proceso de quiebra y posterior bancarización, que fue muy rápida, y ello a pesar del gran despliegue mediático de la Junta de Castilla y León que anunciaba, de manera permanente, a través de sus responsables en materia económica la defensa sin tregua del músculo financiero de la Comunidad, e informaba a la opinión pública de la imposibilidad de la quiebra de estas entidades, dada la buena gestión realizada por el Partido Popular basada en los valores seculares típicamente castellanos: la austeridad y la seguridad conservadora, la Ley y el Orden.
Nada más lejos de la realidad: los resultados contables de las entidades castellanas y leonesas eran aún peores que muchas otras diseminadas por el Estado, y todo ello producto de pésimas inversiones decididas en muchos casos desde el poder político y del saqueo al que ya he hecho referencia.
En este orden de cosas y en este contexto sociopolítico, el Partido Popular, única fuerza que dirige desde 1986 los designios de la Comunidad con numerosas mayorías absolutas en diversas legislaturas, consigue “secuestrar” la incipiente identidad necesaria del nuevo sujeto político, convirtiendo en el imaginario político de los habitantes de la Comunidad a su principal órgano de gobierno, la Junta de Castilla y León, en una especie de “Consejo de notables” del aparato del Partido, y al órgano legislativo y de representación política, las Cortes de Castilla y León, en un mero escenario teatral vacío de contenido, en el que se hurta a la oposición todo control político.
Esta peculiar sinécdoque política se debe a diferentes causas. En primer lugar, al control cuasiabsoluto de las áreas rurales, de mayor peso en la distribución territorial y durante muchos años también en la demografía, a través de las Diputaciones Provinciales que actúan como redistribuidores del dinero público y de las cuotas de poder con una evidente tendenciosidad partidista.
En segundo lugar, el Partido Popular ejerce un profuso control mediático a través del mantenimiento de relaciones personales con los principales inversores de las empresas de comunicación, que son en muchos casos, a su vez, capitalistas de empresas de servicios y de obras públicas como Antonio Miguel Méndez Pozo y Jose Luis Ulibarri; de la inyección de capital público a través de propaganda institucional y de la compra masiva de suscripciones en los medios escritos y a través de subvenciones directas a medios, producciones y agencias de información.
En tercer lugar, los populares, especialmente en los tiempos de expansión del crédito, cuentan con una buena cantidad de capital sin ningún control ni fiscalización, como ya se ha demostrado, con el que compran voluntades y generan una maraña de redes clientelares que le dan la cobertura para utilizar los presupuestos públicos como parte de su patrimonio, aumentando de manera progresiva dicha estrategia con la confección de una arquitectura institucional al servicio del Partido con el nepotismo y las permanentes sospechas de corrupción por bandera.
En cuarto lugar y último lugar, la ausencia de cultura política entre los castellanos y leoneses durante la mayor parte de estos años, fomentada por unas televisiones autonómicas de contenidos vacuos y llenos de estereotipos, sin debates políticos y tendentes a la autocensura y con un distanciamiento intencionado de las instituciones a los ciudadanos.
Continuará…
Para leer más:
El viaje de Castilla a ninguna parte y el derecho a no decidir nada 3ª Parte
El viaje de Castilla a ninguna parte y el derecho a no decidir 2ª Parte
El viaje de Castilla a ninguna parte y el derecho a no decidir 1ª Parte
