Semillas patentadas, un canon a la producción agraria

DSC_0883La mecanización del campo en los años 60 y 70, unida a la “revolución verde”  y la química en el cultivo de cereal, aumentó muy considerablemente la producción por Hectáreas en los terrenos de las dos Castillas. Con la entrada de España en la Unión Europea el 1 de enero de 1986, la producción agraria y animal quedó regulada por la política agraria común.

En 1986, el porcentaje de población activa dedicada al sector primario era de un 20%. Esa cifra ha ido disminuyendo, desplazando población hacia las ciudades, agrupando las explotaciones agrícolas de las personas que han terminado su vida laboral. Menos personas viviendo en el mundo rural con más extensión de cultivo.

Castilla y León mantiene una superficie agrícola cerealista en secano de 1.700.000 Ha en 2013. En el año 2008 superaba los dos millones de Hectáreas.  Las previsiones son un descenso aún mayor del cereal sembrado para los próximos años y un leve aumento en los cultivos de regadío.

Centrándonos  en la producción de secano, en Castilla y León la siembra de cebada es algo superior al trigo, muy por delante del centeno y la avena que no llegan a las cien mil hectáreas en nuestra comunidad.

Asociacionismo agrario en Castilla y León

La principal forma de organización profesional en el mundo agrario de nuestra comunidad son las sociedades agrarias de transformación (SAT) con 1246, frente a 1099 cooperativas agrarias a  fecha de 2012. Estas estructuras potencian la competitividad frente a agentes comerciales y generan una mayor eficiencia en la gestión de recursos comunes.

La estructura política de nuestra comunidad, poblada de numerosas entidades menores ha facilitado la disgregación de pequeñas producciones sin almacenajes propios y una oferta escasa para la comercialización. Las cooperativas han servido para unir voluntades e intereses para la compra y venta de su producción. Una función importante que desarrollan estas cooperativas es el almacenaje de producto hasta la fecha de venta y entrega, pues los precios variables del mercado pueden suponer mucho dinero dependiendo de la fecha de venta.

En nuestra comunidad son cinco las sociedades agrarias de transformación, y a nivel nacional  unen a poco más de 28.000 personas socias y facturan algo más de 150.000 millones de euros, sólo las dedicadas al cultivo de tierras. Las cooperativas a nivel nacional reúnen a un 1.700.000 personas aunque su facturación no llegue a los 30.000 millones de euros. Las cooperativas tienen unas ventas medias por socio de más 272.000 euros frente a los más de 5 millones por socio de las SAT dedicados a la explotación de tierras.

La semilla que germina en Castilla

Desde el 2002, año de entrada en vigor de la ley sobre protección de variedades vegetales, se creó un reglamento para la producción de semillas que protege a las grandes empresas reproductoras de semillas. Las regulaciones internacionales y directivas de la UE,  han facilitado el trabajo legislativo de la administración central.

Las variedades de semillas existentes se hibridan y  potencian para terrenos y climas diferentes. Estas semillas se inscriben como protegidas por la ley de propiedad intelectual, con exclusiones concretas en su reutilización y uso. Un complejo mundillo que busca los resquicios a las regulaciones restrictivas para seguir cultivando con sus costumbres campesinas de mezcla, intercambio y reutilización de semillas.

La certificación de semilla es competencia de la administración. Los agricultores la llaman “R1” y supone una semilla de trigo no reproducido anteriormente y ronda los 600€/tonelada. “R2” es la semilla una vez reproducida, es también certificada por la administración y su precio es la mitad aproximadamente que la “R1”. A partir de la tercera reproducción, “R3”, no es necesaria la certificación de la administración, y supone un ahorro para los agricultores, llegando a ser su precio inferior a 200€/tonelada. Según varios almacenistas, la productividad de semillas “R1”, “R2”, no difiere mucho de semillas de tercera y cuarta siembra en toneladas por hectárea sembrada.

Los cooperativistas entregan el grano en los almacenes para la selección y saneamiento, manteniendo la posibilidad de replantar esas mismas semillas en cosechas posteriores. Por estas prácticas se supone que deben ser pagados unos royalties por la reutilización de semillas cosechadas por los agricultores.

A principios de febrero de 2016, el sindicatos agrario UCCL, organizó unas jornadas para hablar sobre las semillas y la PAC en Castilla y León. Con la asistencia de GESLIVE( empresa que une a los principales tenedores de propiedad de semillas,  ITACyL ( Instituto Tecnológico Agrario de la JCyL) y la dirección general de política agraria de la JCyL. Un interés creciente por parte de la UE en conocer la semilla sembrada por cada agricultor receptor de ayudas europeas, es la obligatoriedad de incluir en la documentación de la PAC, el tipo de semilla sembrada  para el posterior cobro de royalties por parte de las empresas de semillas.

Campo de cereal en Burgos

Pago de royalties por siembra

El sistema de pago de royalties por siembra obliga a los agricultores a pagar por la reutilización de su semilla una tasa de 11€/tonelada, según la UCCL. Para recaudar este dinero , GESLIVE y la administración realizan inspecciones a los almacenistas y cooperativas en busca de semillas de cereal de variedades protegidas. Obligan a las cooperativas y almacenistas de semilla a identificar a los agricultores y enviar los datos a GESLIVE. La Guardia Civil, recoge muestras y analiza las semillas en busca de trazas de variedades protegidas entregadas por los agricultores, imponiendo multas e incoando delitos a los almacenistas y reclamando el pago de royalties por el grano saneado y preparado para la siembra. Los almacenistas se defienden diciendo que es imposible saber el tipo de grano que cada agricultor trae antes de seleccionar el grano, y sería inviable mantener espacios separados para almacenar todo el grano que recogen. Algún almacenista ha sido condenado a penas de cárcel por apropiación indebida y contra la propiedad intelectual. Las sanciones administrativas reclamadas están entre los 15.000 y 30.000 Euros.

Los datos aproximados de ingresos por royalties de semillas de 3º siembra en adelante son: 220Kg/Hectárea de grano para siembra, se utilizarían 120.000 toneladas a 11€/tonelada, sólo en la provincia de Burgos el importe sería de 1,3 millones de euros, unos 4,5 millones de Euros en nuestra comunidad. Para un agricultor medio, con 20 Hectáreas de terreno, y unos 45.000 Kgs de semilla, los royalties supondrían unos 250 euros por cosecha.

El papel del Instituto tecnológico agrario de Castilla y León

El instituto tecnológico agrario tiene como objetivo primordial: “potenciar la actividad del sector agrario y de sus industrias de transformación, mediante el desarrollo tecnológico y la dinamización  de las iniciativas que comporten nuevas orientaciones productivas”. Se encarga fundamentalmente de investigar variedades, realización de análisis y certificar semilla.

Desde el sindicato agrario UCCL piden que Investigue para el interés de los agricultores de la comunidad variedades de semillas acondicionadas al clima y tierras de nuestra comunidad.  Piden, que reproduzca semilla sin costes añadidos y que no se vea desmantelado los proyectos de investigación por la competencia de laboratorios privados y que potencien la creación de bancos de semillas, sobre todo en semillas de gran consumo como trigo y cebada.

Desde la cooperativa del sindicato denuncian que las semillas certificadas de GESLIVE están acondicionadas para climas como el francés o ucraniano, y que tras siembras experimentales son vendidas en España. Este proceso se apoya en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, aunque el estado tiene la potestad de incluir semillas dentro del interés público y delimitar los derechos de una patente vegetal. Las patentes de semillas terminan a los 20 de años de su inscripción en los registros nacionales, pero un pequeño cambio en el genotipo de la variedad puede hacer renovar los derechos sobre esa semilla durante otros 20 años.

Ante esta situación, que los agricultores definen como indefensión ante los tenedores de semillas, existen variedades “libres” de patente que pueden ser sembradas sin el pago de royalties. Un ejemplo es el trigo blando Marius. Trigo para el consumo humano, fundamentalmente dedicado a la elaboración de harina panificable, aunque cada vez son menos los agricultores que siembran este tipo de variedades ante nuevos granos más productivos.

El futuro del agro comunitario

El futuro del agro español depende de las políticas europeas. Las negociaciones globales con EEUU y Canadá marcarán el desempeño de nuestros agricultores en los próximos años. Los tratados de libre comercio condicionan las superficies de cultivo, los productos, las reglamentaciones y el precio de comercialización.

La defensa en Europa de nuestro modelo agrícola, demanda posiciones de fuerza frente a la importación de grano del exterior. Los almacenistas así lo denuncian: “Si es más barato comprar el grano fuera, la producción del país tendrá que acondicionarse a los precios de mercado” Los agricultores se escudan en la calidad del grano cosechado en nuestras tierras, pero la estandarización de semillas, los procesos de producción, abonos y herbicidas hacen similar la calidad de las cosechas y presionan a los agricultores y almacenistas a un bajada de precios.

El modelo de empresas latifundistas frente al campesino autónomo agrupado en cooperativas, se impone. El acceso a la tierra para nuevas explotaciones es costoso y los números no salen. Las pequeños y medianos agricultores carecen de capacidad de endeudarse para la compra de terrenos para incrementar su producciones y conseguir aumentar la rentabilidad. Heredar terrenos es la opción más común para afrontar el relevo generacional de las explotaciones y la supervivencia del modelo de vida rural existente en ambas castillas.

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