Por Burgos Dijital
La Consejería de Educación de Fernando Rey está dispuesta a hacerle la vida imposible a a toda la comunidad educativa en Castilla y León.
Si hace pocos días informábamos de la la tardía incorporación del profesorado a Ciclos Formativos como en el gravísimo caso que llevó a las alumnas del “Enrique Flórez” a realizar una protesta frente a la Dirección Provincial de Educación por la ausencia de docente en una asignatura que por fin, y gracias a la lucha de estas escolares, ha sido contratada, esta vez le toca el turno a los docentes y es que la Dirección Provincial de Educación de nuestra provincia ha decidido, gracias a su desidia, que sus trabajadores sufran lo indecible para cobrar lo que han ganado en los tribunales.
Este año, a las variaciones cotidianas producidas por las incapacidades transitorias, las sustituciones temporales, las jornadas a tiempo parcial y el resto de circunstancias que se producen en el resto del personal respecto a permisos y licencias, se han añadido dos incidencias más que están provocando una carga extraordinaria en el personal que gestiona las nóminas: el pago íntegro y proporcional de la paga extra suprimida ilegalmente en 2012 y la ejecución de las sentencias acerca del reconocimiento del derecho del cobro de sexenios por parte del personal interino.
Al parecer, y como han “destapado” varios representantes sindicales de la Confederación General del Trabajo, las causas de los retrasos en estos impagos, que se arrastran desde mayo de este año, tienen que ver directamente con la pésima gestión del órgano dirigido por Francisco Rodríguez Santillana.
La gestión de nóminas tiene como principal soporte tecnológico una aplicación denominada SIGP (Sistema Integrado de Gestión de Personal). Dicho programa procede del Ministerio de Educación y su mantenimiento fue transferido a la Junta de Castilla y León, aunque el Ministerio, a falta de otro instrumento, sigue pagando las licencias correspondientes. Aunque según fuentes consultadas, el estado ha advertido a la administración autonómica que en breve delegará la responsabilidad de su coste.
La propia Consejería de Educación es consciente de la obsolescencia del producto informático, así como de las necesidades creadas desde hace años a ese respecto. Es tan “chapucero” el sistema que el personal de nóminas debe de realizar buena parte de los cálculos de las nóminas del personal docente prácticamente con calculadora en mano e introduciendo dichos datos en una aplicación que debería de computar automáticamente los mismos. Los propios trabajadores han advertido en muchas ocasiones de la inseguridad que les produce el instrumento hasta el punto de no estar seguros de conformar correctamente las nóminas de los más de 4.000 docentes que existen en la provincia.
Por otro lado, la plantilla de informáticos con la que cuenta la Dirección Provincial de Educación para toda la provincia está conformada por un Jefe de Sección de Informática, un Operador y un Técnico de Soporte Informático. Aunque en realidad, sólo hay dos personas para atender todas las incidencias, entre ellas las que causa la propia aplicación de nóminas, puesto que la funcionaria que ocupa la plaza de Operador, trabaja, precisamente, en la sección de nóminas como administrativa tras obtener una comisión de servicios, según lo ha reconocido la propia Secretaria de la Dirección Provincial de Educación en Burgos.
Si a esta exigua plantilla le unimos los problemas que genera una aplicación que ya no sirve a los intereses por los que fue creada, tenemos como consecuencia una situación que parece resultar ya insostenible en Burgos y que ha provocado un colapso en el pago extraordinario de ciertas cantidades fuera de la nómina.
Los representantes de CGT apuntan “que se está provocando una grave irregularidad por los retrasos en el pago que afecta a los derechos retributivos de parte del personal docente, además de la incertidumbre permanente en la que se encuentran las empleadas públicas que gestionan las nóminas.“
Quizás, y a la luz de las circunstancias, esta gran cantidad de docentes tengan que unirse y hacer el mismo ruido que las alumnas del “Enrique Flórez” o que el número ingente de estudiantes, profesores, madres y padres que han secundado huelgas y manifestaciones y han conseguido eliminar unas reválidas inútiles, perversas e innecesarias pero sumisamente impuestas en los centros de Castilla y León, con Rey y Herrera de mamporreros engañando a los castellanos y leoneses al expresar que nada podían hacer, mientras otras comunidades como Castilla La Mancha, Extremadura o Cataluña las habían suspendido y recurrido.
