Opacidad en el Ministerio sobre la reapertura de la central nuclear de Garoña

Ecologistas en Acción exigiendo el cierre de Garoña en la ciudad de Burgos Archivo 2015

Por Ecologistas en Acción Burgos

En febrero el Consejo de Seguridad Nuclear informó favorablemente a la reapertura de Garoña, en una decisión que poco tuvo de técnica y mucho de favorecer al lobby eléctrico. A partir de ese momento la pelota quedaba en el tejado del Palacio de la Moncloa: el Gobierno debe tomar la decisión definitiva sobre el futuro de la central nuclear. El Ministro de Industria, Álvaro Nadal, anunció que no se tomaría ninguna decisión sin tener en consideración a todas las partes implicadas.

Ese momento ha llegado, aunque de una forma mucho más discreta. De reunirse con comunidades autónomas afectadas, agentes sociales y quien lo pida, hemos pasado a un burofax que anuncia la apertura del periodo de audiencia para emitir alegaciones. Diez días hábiles y solo once los llamados a alegar. Por el lado del Sí, Junta de Castilla y León y Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, a quienes se ha sumado UGT[1] a pesar de no haber sido citada por el ministerio. El resto en contra o, en el caso de Nuclenor, no se sabe no contesta, debido a la falta de acuerdo entre Endesa e Iberdrola, propietarias a partes iguales de la central atómica.

Mientras el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dice que no les renta y lo mejor es cerrar; José Bogas de Endesa defiende que la central está en perfecto estado de revista y que podría seguir funcionando. Así llevan meses y no retiran la solicitud de reapertura.

Independientemente de que Garoña vuelva a ponerse en funcionamiento, una autorización hasta los 60 años sentaría un valioso precedente para los intereses de la industria. La central extremeña de Almaraz es la siguiente de la lista, cumple 40 en 2020 y también es propiedad de Endesa e Iberdrola, junto con Unión Fenosa. Solo uno de sus reactores puede producir un millón de euros de beneficios netos diarios. Palabras mayores.

De aquí a 2028 irán cumpliendo 40 años el resto de las centrales en funcionamiento. En su totalidad o en parte importante, también son propiedad de Iberdrola y Endesa y, por mucho que se queje Ignacio Sánchez Galán el kilovatio nuclear se paga entre 3-8 veces más de lo que cuesta producirlo. Esto quiere decir que aunque Garoña no merezca la pena para los intereses empresariales porque es pequeña y se encuentra en un estado lamentable, la industria nuclear sí genera beneficios. Más cuando se reducen los gastos en seguridad y se alarga la vida a centrales ya amortizadas.

En realidad estamos asistiendo a negociaciones sobre el futuro de la energía nuclear. Pero ni a las grandes eléctricas, ni al gobierno les interesa que se convierta en un debate en el que pueda participar toda la sociedad. Prefieren negociar a puerta cerrada las condiciones más ventajosas para sus intereses y las posibles compensaciones, en vez de hablar del interés general y de nuestro modelo energético.

Así no se están poniendo sobre la mesa, por ejemplo, las consecuencias de alargar la vida de unos materiales sometidos a radiación durante más años para los que fueron diseñados o la incapacidad para gestionar de forma satisfactoria los residuos radioactivos. En este proceso el ministerio y el Consejo de Seguridad Nuclear han trivializado las cuestiones de seguridad hasta el punto de no son requisito indispensable para autorizar la reapertura. Es probable que Garoña no se conecte nunca más a la red eléctrica pero, por mínimas que sean las posibilidades conviene no descuidarse, que hace dos años si nos dicen que hoy estaríamos alegando en contra de su reapertura hubiéramos dicho que ese tren ya pasó. Y mira, aquí estamos.

[1]Lo que nos parece bien. No que apoyen la reapertura de la central, sino que hagan valer su derecho a opinar en una cuestión tan crucial como es el futuro de la energía nuclear. 

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