Mañueco se lava las manos ante los 2600 fallecidos en la residencias de mayores

Por Rufino Hernández

Hasta que no se mancha la calle de sangre, las autoridades que se dicen ser responsables, no corren a poner el semáforo. Estamos demasiado acostumbrados a padecer estas dejadeces. Esto mismo ha ocurrido con las residencias de mayores. Lo terrible es que haya tenido que haber un número tan elevado de fallecidos en estos centros de Castilla y León para que la junta, con el señor Mañueco a la cabeza, se hayan visto obligados a ponerse en movimiento, a preocuparse por el matadero en que se han convertido estos establecimientos.

Fuera de toda lógica, el primer movimiento que ha hecho salir de su olvido y atonía a esta Junta, ha sido dirigir una carta a la residencias en las que se pedía:”que se atendería a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos a los hospitales”. Este escrito está firmado por D. Manuel Mitadiel, director gerente de la Gerencia Regional de Salud (Cs) y por Carlos Raúl de Pablos, gerente de Servicios Sociales del (PP). (Eldiario.es de 21 de mayo).

Al darse cuenta que las normas que rigen las residencias están obsoletas, que las circunstancias les han pillado sin los deberes hechos y más de 2.500 fallecidos, el día 18 de junio se lanzaron a publicar en el BOCYL, Boletín Oficial de Castilla y León, un decreto-ley que les pudiera servir de escudo y palangana para lavarse las manos, para eludir responsabilidades, para modificar ciertos contenidos de la actual norma y ponerse a salvo ante los posibles chaparrones. Según nos comunican diferentes fuentes, nuevos cambios a este decreto aparecerán en fechas próximas.

En este echar balones fuera y no asumir responsabilidades, en el primer capítulo del nuevo decreto ley se puede leer: ” las residencias deben disponer de un plan de contingencia dispuesto a prevenir y a dar respuesta urgente ante situaciones extraordinarias de Salud Pública, con el fin de velar por la seguridad y salubridad de los usuarios y profesionales…” Más adelante dictan sobre la formación de los trabajadores, del equipamiento sanitario, de las informaciones que deben dar a la Comunidad. Ya habían intentado echar la culpa del número de fallecidos al Gobierno Nacional, ahora intentan que se diluya en el entramado empresarial.

Al terminar de leer las 17 páginas en las que está escrito este nuevo decreto-ley, de releer las normas que aún rigen desde 2001, llega uno a la conclusión de que a esta Junta le importan poco los residentes. Su principal objetivo es legislar y defender a las empresas nacionales, a los fondos de inversión que se han implantado en este sector y a las residencias regidas por la Iglesia. En este sentido, el diario Infolibre nos lo confirma en un artículo firmado por Manuel Rico y publicado el día 22 de junio. Este periodista nos da a conocer un escrito de esta Junta, en el que se puede leer: ” los intereses económicos y comerciales de las empresas, están por encima de los intereses de los ciudadanos”.

Poco a poco van cambiando las normas que rigen a estos residencias, pero siempre bajo el mismo hilo conductor: quitarse responsabilidades, privatizar su gestión y convertirlas en negocios empresariales.

Desde la Junta terminan de anunciar su intención de legislar una nueva ley de residencias que, en su estudio y formulación, intervendrán sindicatos, empresarios y técnicos de los Servicios Sociales y de la administración. Es una buena noticia, aunque en esta comisión de estudio debieran participar más agentes sociales, como los movimientos de jubilados y pensionistas. Es imprescindible que esta Comisión esté equilibrada entre personas e instituciones que defienden diferentes intereses. De no hacerlo así, esta comisión no pasará de ser un postureo al servicio de las políticas que defiende la Junta de Castilla y León.

Hay diferentes voces que hablan de ” medicalizar las residencias”.Tras esta frase intentan esconder su determinación de mantener a estos centros como negocios privados. Las circunstancias que han ocasionado tantos miles de muertos nos dicen que los nuevos cambios que se den a estas residencias, tienen que pasar por una gestión 100% pública, los servicios públicos no pueden ser un negocio.

Las residencias deben convertirse en el nuevo hogar para los residentes, en su nueva casa, para que cuando ellos decidan y consideren oportuno, tomen la opción de ir a vivir a uno de estos centros. Ha de ser su nueva morada, desde la cual pueda continuar con su proyecto vital, su desarrollo social, cultural y humanamente satisfactorio, donde sus necesidades sanitarias estén cubiertas por la sanidad pública. El residente tiene su derecho a esta sanidad pública, no hay ninguna razón que pueda obligar a nadie a renunciar a este derecho ciudadano.

Esto obliga al Sistema Público de Salud a reforzar la sanidad primaria y preventiva que, como a un vecino más, tiene que atender a estos ciudadanos que han decidido vivir en una residencia.

Para poder llevar a cabo esta nueva forma de ver y concebir este sistema residencial, también es necesario que las actuales y nuevas residencias, se adapten a otras normas arquitectónicas que proporcionen espacios de habitabilidad más espaciosos, más humanos, donde se pueda disfrutar de una vida digna.

La actual pandemia ha puesto en evidencia estas carencias. Las actuales dimensiones que ofrecen estos establecimientos
han provocado que el confinamiento que se ha padecido, se haya convertido en tiempo de cárcel para estos residentes, además de haber impedido los cuidados sanitarios necesarios.

Todo esto obliga, no solamente a la Junta de Castilla y León a legislar una nueva ley que acoja estos nuevos parámetros, sino que también al Gobierno de la Nación le es obligado legislar una nueva ley de mínimos y de obligado cumplimiento en todas las residencias del Estado.

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