Madrid: ¿Proscritos por el gasto social?

Recientemente se hacía pública la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto cerrar el 2016 con superávit, siguiendo la estela de años anteriores. Una buena noticia.

Pero el dato que la acompañaba no lo era tanto, la cuantía de ese superávit ascendía a la escalofriante cifra de 1100 millones de €, una cantidad ingente de dinero que ponía rápidamente encima dela mesa una pregunta: con la que está cayendo, con tanta gente socialmente desamparada por un sistema cruel como el que vivimos ¿cómo es posible que al Ayuntamiento le “sobre” tanto dinero?

Que lo invierta en fomentar iniciativas de desarrollo alternativo, de refuerzo de la asistencia social, de puesta en marcha de nuevas experiencias económicas, de creación de vivienda pública en alquiler para jóvenes, de mejoras del trasporte público, de elaboración de diagnósticos sociales de los barrios para que los ciudadanos veamos cumplido nuestro derecho político de conocer la realidad de nuestros barrios antes y después de su gestión, etc, etc. ¿Es que acaso sólo son buenos gestores atajando el despilfarro pero tienen un problema de falta de iniciativa?

Sin descartar que alguna de estas preguntas hayan pasado por las cabezas del lúcido equipo que lleva la responsabilidad de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, hace un par de semanas el Ministerio de Hacienda enviaba al concejal encargado de estas responsabilidades dos cartas. ¿Para felicitarles por los logros de gestión?, no. ¿Para pedirles la fórmula y que nonos saquen los colores al gobierno central en Bruselas con tanto incumplimiento del déficit y tanta mentira?, no.¿Para que le expliquen al equipo de Cifuentes en la Comunidad de Madrid cómo se alcanzan esos niveles de superávit cuando ellos tienen un déficit de más de 3000millones de € según datos del segundo trimestre?, no.

Para Hacienda toda una gestión brillante desde el punto de vista de los balances, queda eclipsada por hacer propio un objetivo imperdonable en tiempos del ídolo del ajuste: el del aumento del gasto social para mejorar las condiciones de vida de los vecinos de Madrid. Se abre un capítulo más en una batalla política y social que no es nueva y que puede precisar de una movilización contundente de los vecinos y vecinas, porque esta vez no se trata de endeudarnos más, ni de vivir por encima de “nuestras posibilidades” como les gusta decir a los conservadores de turno, se trata de algo tan básico como poder destinar nuestro propio superávit a la cobertura de nuestras necesidades, a veces, de necesidades muy básicas.Democracia económica pura y dura. 

Pero ¿cómo se llega a esta situación? Un año después de la reforma del art 135 de laConstitución, que limitaba el gasto público priorizando el pago de deuda sobre cualquier otro gasto social, nació la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera2/2012. En esta ley se establecían 3 reglas fiscales que debían cumplir las administraciones:

 No superar un tope de déficit público (los gastos no deberían superar a los ingresos).
 No superar un tope de deuda.
 Respetar la Regla de Gasto, esto es, ninguna administración puede aumentar su gasto público en un % superior a lo que fije la Administración Central, durante al menos 3 ejercicios. Si hubiera superávit, éste debería dedicarse a adelantar el pago de deuda, yen el caso de que no hubiera deudas pendientes, las administraciones locales no podrían dedicar ese superávit a inversiones.

Los dos primeros puntos hoy no parecen ser un problema para Madrid, si tenemos presente el superávit que se espera para finales de este año, 1100 millones de €, y si le añadimos el dato de que el ritmo de pago de deuda es endiablado, y que desde junio de 2015, en que arranca la gestión de Ahora Madrid, hasta finales de este 2016 se habrá reducido la deuda heredada delAyuntamiento de Ana Botella en unos 1793 millones de €, lo que significa una reducción demás del 30% en un año y medio. Decimos ritmo endiablado porque si se sigue así incurriremos en gastos adicionales por adelantar la amortización de deuda. Por tanto, el conflicto surge con la Regla de Gasto.

Si un gobierno local, como el del PP en 2015, reduce drásticamente el gasto social en un presupuesto y le aplicamos la Regla de Gasto, al año siguiente no se podrá recuperar el nivel de años anteriores, aunque se tenga superávit. Es como el efecto memoria de una batería que luego no hay quien la cargue a fondo. Es una medida intervencionista que estrangula toda política económica alternativa y que se construye al margen de la realidad de cada municipio.

Pero volvamos a las cartas que envía Hacienda. En 2015, con una gestión municipal cercana a los 4500 millones de € de presupuesto, el gobierno central dio orden de pagar a los funcionarios la segunda parte de la paga extra que se les sustrajo en 2012. Esto supuso un extra coste de unos 30 millones y una desviación de casi 17 millones al final del ejercicio de ese año.Esto suponía no cumplir todos los requisitos de la ley de Estabilidad Presupuestaria e implicaba dos cosas: la recepción de una carta con un Acuerdo de No Disponibilidad para congelar ese dinero en el próximo presupuesto, y la obligación de elaborar un Plan Económico y Financiero(PEF) para indicar cómo se iba a volver al redil, esto es, cómo se iba a cumplir las 3 reglas fiscales.

¡Es posible! Pero la ley dice que no puede decidir sobre sus recursos ya que debe invertirlos en adelantar el pago de deuda. ¡Vaya una lección de democracia económica! Es más, en la segunda carta que envía Hacienda pidiendo que se corrija el PEF por incumplimiento de la Regla de Gasto se le recuerda al concejal Sánchez Mato que la “falta de cumplimiento de esta obligación constituye infracción muy grave” del artículo 28 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información política y buen gobierno, que en la práctica supondría su destitución.

Señor concejal siga firme, es un chantaje antidemocrático y un atentado contra el sentido común, aunque la ley lo permita. Además, saben que adelantar pago de deuda supone cuantiosas penalizaciones económicas: los swaps, los recargos por acortar plazos, otras penalizaciones, y todo ello sustrae recursos muy necesarios. Señores del Gobierno ¿no se les cae la cara de vergüenza por obligar al Ayuntamiento al pago de innecesarias penalizaciones, cuando hay tanta gente castigada por la crisis que necesita una mayor atención de las instituciones locales? Señores concejales de otros ayuntamientos, sean solidarios en esta causa, no están en sus cargos para ser gestores de la miseria y colaboradores con la degradación progresiva de la vida de sus vecinos. Opten por ellos.

El poder marca su ruta con nitidez. Si hay déficit, ajustes. Pero si hay superávit, al banco con él, sin poder invertirlo en la mejora de los servicios que todos requerimos y en especial los más castigados por la crisis, pero la rueda no para ahí, después argumentarán que como hay dinero ahorrado hay que reducir los impuestos hasta que caigamos en déficit, y entonces… nos aplicarán, nuevamente, un plan de ajuste.
Vecinos y vecinas, apoyemos a quienes demuestran con hechos que otras gestiones públicas son posibles y no dejemos que unas leyes injustas les conviertan en un grupo de proscritos, por poner a las personas en primer plano. Y mientras todo esto ocurre, no dejemos de hablar de participación, de iniciativas y de cómo mejorar el camino municipalista hecho hasta hoy.