Por Rufino Hernández
Parecía que nos habíamos librado de este covid19, de las pesadillas que han crecido en el confinamiento, de los sermones y aleluyas de los negacionistas, de los que han estado utilizando el virus y nuestros silencios para robar nuestros derechos que, apoyándose en las distancias y aislamientos que nos imponía el bicho, han estado negociando a nuestras espaldas, a escondidas, el nuevo Pacto de Toledo, el sí o el no de la mochila austriaca, o si el modelo inglés de nuestras pensiones. Han aprovechado la ocasión para unir esta crisis sanitaria y económica, para tapar la crisis sistemática y medioambiental en la que estábamos sumidos antes de la llegada de este maldito virus.
Estábamos en esta tesitura, cuando aparece de nuevo este virus que renace, que se extiende, que nos sigue amenazando con nuevos confinamientos en nuestras casas, mientras que los poderes económicos y políticos siguen maquinando el cómo aumentar sus carteras y sus estatus.
En esta nueva etapa vírica nos siguen hablando de muertos, pero ya no especifican la edad de los finados, de cuántos proceden de las residencias de mayores. De estas ocultaciones nacen las sospechas de un posible pacto entre dueños y gestores de residencias, con los poderes políticos, con el fin de ocultar estos datos. A nosotros tampoco nos llegan estas informaciones y, ante estos silencios, nacen las dudas. Dudas basadas en los múltiples intereses de las empresas multinacionales, del gran capital nacional y de la Iglesia, que se lucran de este sector.
Como hemos dicho muchas veces, estas residencias necesitan una profunda remodelación de sus estructuras. Es necesario que sus habitaciones sean individuales o de pareja de convivencia; que el espacio de las habitaciones, ahora de ocho metros cuadrados, se multipliquen por tres y las de parejas por cinco; que tengan diferentes salas de multiusos para que realicen las diferentes actividades que demanden y les ayude a fomentar la sociabilidad; tienen que tener espaciosas zonas de recreo.
Con estructuras similares a esta propuesta, se hubiera evitado la sensación de encarcelamiento y soledad que han tenido que padecer nuestros mayores en el pasado confinamiento y, sobretodo, se podrían haber salvado muchas vidas.
Con esta nueva estructura de residencias, el usuario podría sentirse como en su propia casa, disfrutaría de la sensación de haberse cambiado de domicilio. Para que todo esto sea posible, es necesario que, desde las diferentes administraciones, se plasme un nuevo concepto de residencias, dotadas con nuevas normas gerenciales, desde las que se potencie al morador, para que éste siga siendo y sintiéndose útil y un miembro activo de la sociedad. Siga desarrollando sus saberes y potencialidades humanas, siga siendo el artífice de su propia vida hasta sus últimos días.
Todo esto exige que estas residencias no pueden ser un negocio privado. Han de ser una parte más de los Servicios Públicos competenciales del Estado que, con su descentralización autonómica, son éstas las que tienen que gestionar al cien por cien estos establecimientos.
Las actuales residencias públicas, las gestionadas por la administración, también tienen que evolucionar, tienen que reconvertirse, tienen que salir de su penosa situación, dejar de ser víctimas de los recortes económicos, dotarse del personal suficiente y formado, librarse de tanta burocracia asfixiante, y de los reyezuelos de turno. Es necesario que se promulgue una ley de mínimos y de obligado cumplimiento que abarque a todo el Estado, que unifique las diferentes normas autonómicas.
También debe ser obligado por ley, que todas las poblaciones de más de veinte mil habitantes, a la hora de confeccionar sus planes urbanísticos, deben preservar suficientes terrenos para estos inmuebles.
Los mayores tienen que seguir viviendo en su original entorno, no pueden vivir aislados, ni se pueden crear guetos con ellos. Es necesario que las residencias permitan mantener el arraigo y vida social activa de los mayores.
Las personas que decidan cambiar de casa y vivir en una residencia, conservarán todos sus derechos, como la sanidad pública, los beneficios que le otorgue la ley de la dependencia, así como todos los demás derechos y deberes a los que, como ciudadano les corresponden.
Al dignificar a nuestros mayores, nos estamos dignificando a nosotros mismos y a toda nuestra sociedad.
