La Junta obliga a competir entre centros escolares para tener libros en las bibliotecas

El pasado 19 de octubre salió publicada en el BOCYL la lista de centros de titularidad pública cuyas bibliotecas, previa presentación de un proyecto “para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares”, iban a ser dotadas de fondos. Junto a esa lista, que incluía un total de 72 centros, aparecía otra con 171 centros cuyos proyectos habían sido “desestimados por agotamiento del crédito”.

  • hasta 2000 euros los centros de primaria
  • hasta 3000 los centros de secundaria

La convocatoria del concurso en el BOCYL del 22 de mayo era de 170.00 euros anuales. La elección de los proyectos objeto de financiación corre a cargo de una comisión compuesta por “diez miembros elegidos entre expertos de la educación y técnicos de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa”.

Conclusiones del sindicato CGT educación al proyecto: para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares

1. Los fondos para dotar a todas las bibliotecas de los centros no universitarios de titularidad pública de Castilla y León son miserables: 170000 euros anuales para un total de 1592 centros, lo que supondría –si los mismos se repartieran equitativamente- poco más de 100 euros al año por centro.

2. Dichos fondos no se reparten equitativamente entre todos los centros de titularidad pública. El que un/a alumno/a disponga de una biblioteca actualizada y atractiva depende de que algún docente del centro en el que estudia elabore un proyecto que competirá con el que elabore el profesorado de otros centros. La competitividad –lícita en el contexto de la empresa privada- no tiene lugar en la red de servicios públicos cuya misión es precisamente que aquellos recursos que se consideran prioritarios lleguen de forma equitativa a toda la población.

3. Participar en estos concursos, pues se suceden en diferentes ámbitos cada año, exige un trabajo previo que ni se compensa ni se reconoce a nivel individual, ni conduce necesariamente a un beneficio para el alumnado. No puede tolerarse que el profesorado de la pública asuma la responsabilidad de conseguir recursos para sus centros: son funcionarios públicos y han de defender lo público por encima del lugar en el que desempeñen su labor en un determinado momento. Desde CGT se quiere dejar claro que es la Consejería la responsable de la financiación de las bibliotecas.

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