La falta de prevención arrolló a la sanidad y residencias

Cartel que indica la prohibición de salir de la ciudad sin causa justificada por la pandemia

Por Rufino Hernández

El Covid-19 nos ha trastocado todos nuestros esquemas, nos ha obligado a pisar tierra, a volver a lo más primario, a la salud. Estos dos largos meses de confinamiento están llevando a la reflexión a un número importante de personas, muchas de ellas con importante relevancia intelectual y social, que nos dicen: después de la pandemia, todo será diferente.

Si algo tiene que cambiar, si algo es urgente ,si a algo hay que dar la vuelta, es al actual sistema de residencias de mayores. Más de 16.000 fallecimientos han ocurrido en estos establecimientos, más del 60 % del total de personas que se ha llevado por delante esta pandemia. Si estas cifras no son capaces de remover los cimientos de la sociedad para encontrar fallos y alternativas a este sector, en el que se ha evidenciado su fracaso, demostraría que no se ha reflexionado nada durante este confinamiento, y peor aún, demostraría que vivimos en una sociedad inhumana y sin sentimientos.

Espero y deseo que esto no pueda ser así, añoro que esta sociedad que sigue tragándose tantas lágrimas, reaccione, espero que el asociacionismo social, reaccione, espero que los diferentes gobiernos, locales, autonómicos, estatales, reaccionen, y espero que desde este cúmulo de reacciones, salgan alternativas a este sistema sanitario, de residencias y cuidados que, ante el Covid-19, han mostrado sus carencias.

Los mayores hemos sido considerados por ciertos partidos políticos, como un almacén de votos unas veces, otras, como un coste social. Ahora, en el centro de la pandemia sacan a relucir nuestra historia, cambian el discurso y nos tratan y halagan como a héroes, pues no, ni una cosa ni la otra, ni tampoco el trato de infantilismo que muchas veces recibimos. Los mayores exigimos un trato de dignidad, de respeto. Nos hemos jubilado del mundo laboral, no de la vida, no perdemos ninguno de nuestros derechos, ni ninguno de nuestros deberes, sin embargo, para una clase de políticos y del poder económico, no somos más que un producto, un material, al que explotar en sus residencias.

La sanidad, las residencias, los servicios sociales, son responsabilidad del Gobierno, así consta en la Constitución, sin embargo, con la ley 15/97 se ha permitido al capital lucrativo invertir en este sector, de tal manera, que han llegado a controlar el 95% de la residencias, gran parte de la sanidad y de los servicios de cuidados.

Las cifras cantan por si solas. Los 16.000 fallecidos en la residencias, suponen aproximadamente dos terceras partes de los muertos causados a nivel nacional. Hoy, con todos los datos que nos llegan, unos a través de los propios organismos del Estado, otros por los medios de comunicación y otros propios, nos demuestran el fracaso y deterioro del sistema sanitario y residencial, del abandono en que están sumidos nuestros mayores, del hacinamiento, de la falta de prevención y de la explotación a que están sometidos los residentes.

Los trabajadores de estas residencias, a través de sus organizaciones, hablan del ritmo de trabajo a que están sometid@s, de la falta de personal, de su precariedad laboral. Todas estas circunstancias provocan minimizar el tiempo dedicado a los cuidados, el levantarles a horas intempestivas, a tratarles como simples clientes y mercancías.
Estos trabajadores llegan a decir que, en ciertos grados de dependencia, estos residentes están sometidos a normas que se pueden calificar de encarcelamiento.

Todo esto contrasta con la imagen que nos ofrecen cuando nos acercamos a una de estas macro residencias: unas recepciones suntuosas, unas salas de estar espléndidas, un trato empalagoso,o más propio del mundo hotelero. Cuando conoces las dos caras de la moneda, cuando te enteras del número de muertos causados por este Covid-19 en estos lujosos y nuevos asilos, recuerdas el verso de aquella canción:» Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión».

Son tiempos de alternativas. La sanidad, las residencias, los cuidados, no pueden ser un negocio, no pueden ser el origen de los dividendos de los fondos financieros o del especulador de turno.Necesitamos un sistema residencial donde el residente sea el centro y el único fin de la actividad. Necesitamos unas residencias donde el morador, se sienta en su propia casa, en la que participe y esté representado en su funcionamiento y gestión, con unos inmuebles convertibles en hogares, con habitaciones y servicios individuales, con salas polivalentes, que puedan ser utilizadas como lugares de estudio, talleres, reuniones, juegos que fomenten la sociabilidad, así como zonas de paseo. Se necesita una nueva ley de residencias de ámbito estatal, que recoja esta nueva manera de concebir las residencias, que abarque desde la estructura del inmueble a su funcionamiento.

Todo esto, al igual que en la sanidad y cuidados, solamente es posible si su gestión pasa a ser 100% pública.

Últimamente están surgiendo cooperativas autogestionadas que, sin ánimo de lucro, se están mostrando como una nueva alternativa. De las dos con las que he podido contactar, una de ellas solamente ha tenido tres residentes contagiados, afortunadamente sanados, y la otra ha padecido dos fallecimientos en el hospital de la zona, unas cifras positivas que hablan de otro modelo de gestión y equipamientos.

Están apareciendo voces que hablan de medicalizar las residencias, lo que llevaría a convertirlas en centros hospitalarios, me parece un error. Obligaría a pagar al residente la atención médica y renunciar a la sanidad pública, lo que no se puede admitir. Las muertes que ha habido en las residencias no han sido propiciadas por una falta de médicos, sino por un problema de gestión. En las residencias no nacieron los virus, los llevaron y éstos se frenan con prevención.

Los políticos tienen que cambiar de concepto. No se puede seguir apuntando en la columna de los gastos la partida dedicada a los servicios públicos, si no en la de inversiones.

Siguen abiertas las calles y los despachos para seguir gritando: servicios sociales 100 x 100 públicos.

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