Por Delegados de Ugt de los Comités de Empresa de Aspanias
José María Ibañez quiere eliminar el control de las familias sobre Aspanias, Aspodemi y Asamimer mientras las deudas de la entidad siguen creciendo
A raíz de las informaciones difundidas por un grupo de familias de ASPANIAS esta semana, los representantes de UGT nos vemos obligados a pronunciarnos. Queremos comunicar a la sociedad burgalesa, y muy especialmente a los miembros de los órganos de gobierno de ASPANIAS, ASPODEMI Y ASAMIMER, que José María Ibáñez Martínez-Losa, actual director gerente de ASPANIAS, pretende crear un nuevo órgano de gestión que absorbería a las tres entidades, hurtando a las familias el poder de tomar decisiones y dando poderes casi absolutos a personas de su entera confianza, permaneciendo él mismo en un “Consejo Asesor”.
Además, se está planteando contratar a una asesoría elegida también por José María Ibáñez para dirigir la contabilidad, impidiendo así una auditoría de gestión externa y transparente. Y, mientras tanto, la Fundación ASPANIAS, la Fundación CISA y otras empresas vinculadas van camino de la ruina si nadie lo impide, debido a la pésima y opaca gestión que José María Ibáñez y sus allegados han llevado a cabo sin ningún tipo de control.
Esta maniobra pretendería dejar todo “atado y bien atado” y ocultar los datos y responsabilidades de su nefasta gestión.
Según parece, dos personas elegidas por José María Ibáñez tomarían las riendas de la entidad. La primera persona elegida por José María Ibáñez sería Nuria Ortiz, gerente de la asociación Asamimer (Villarcayo) y con quien mantiene una cercana relación personal. Nuria Ortiz nunca ha formado parte de ninguna de las empresas vinculadas a ASPANIAS, por lo que resulta cuanto menos rocambolesco que pueda llegar a formar parte de este equipo que se estaría organizando. Se trataría de una persona que dirige otra entidad social, ajena a Aspanias, sin relación jurídica y contractual, al frente de asuntos como la economía, estrategia organizativa, información de personal, competencias jurídicas y administrativas, y otros asuntos, situación que nos parece que recoge varias incompatibilidades a la luz de la legislación (protección de datos, competencias legales, acceso a información protegida…).
La segunda persona sería Carmen Montes, técnico de la Fundación Aspanias y alcaldesa de Cardeñajimeno. Hay que destacar que este ayuntamiento ha contratado servicios por importantes cantidades económicas a ASPANIAS, como ha reflejado la prensa, por lo que a nuestro juicio se deduciría una clara incompatibilidad de funciones al ser parte interesada en ambos organismos.
Con la creación de este nuevo órgano de gobierno, en la práctica, se fusiona el control de ASAMIMER, ASPANIAS y también ASPODEMI, si los patronatos y juntas directivas no lo impiden. Conocemos que existe una clara oposición en la Junta Directiva de ASPODEMI, y que varios patronos y directivos de ASPANIAS tampoco están de acuerdo.
Por otro lado, según los estatutos de las diversas entidades, debería consultarse también a las Asambleas, algo que José María Ibáñez pretende obviar para intentar que los presidentes aprueben su plan sin necesidad de refrendarlo con los socios.
En los próximos días, empezando por hoy mismo, los patronos y directivos de los órganos de gobierno se van a ver en la tesitura de tener que votar esta propuesta, bajo la presión de los presidentes, totalmente alineados con José María Ibáñez, y a sabiendas de que esta votación debería producirse en una asamblea de socios. De aprobarse, desde UGT estudiaríamos medidas legales contra esta decisión y también la intervención del Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y León, que ya está al tanto de la grotesca maniobra que se está llevando a cabo. Por otro lado, a esta red de poder que se va creando se van sumando también nuevas contrataciones para puestos creados “ad hoc”. Entre las más recientes, en el área de secretaría Esther Lacalle, hermana del ex alcalde de Burgos. También se ha contratado en la Fundación CISA al hijo del empresario de la construcción José Manuel González (Jovilma) con la que Aspanias mantiene una estrecha relación de negocios en la construcción de algunos centros y viviendas, y que sigue colaborando en importantes contratos como la construcción del centro de día de Villadiego.
¿Por qué José María Ibáñez tiene tanto interés en dejar “atada” su gestión tras salir del cargo? ¿Por qué ese interés en desviar la contabilidad a una empresa elegida por él mismo y cuya propietaria colabora también con JOVILMA en otros negocios, mientras existen deudas cada vez más cuantiosas con proveedores, bancos e incluso la seguridad social? Queremos recordar además que ASPANIAS presentó un ERE con el que se pretendía despedir a 77 trabajadores (la mayoría de ellos personas con discapacidad), proceso paralizado por la crisis del COVID-19 que podría volver a activarse en cualquier momento.
Pues bien, mucho nos tememos que, si nadie lo impide, José María Ibáñez y otras personas que podrían jubilarse, o incluso prejubilarse, puedan recibir además una generosa “paga” o “premio de jubilación” aun a pesar de la dramática situación económica de la entidad. Algo que, si llegara a producirse, quizás podría definirse como “el saqueo final” de dineros públicos y presupuesto de la entidad.
Por nuestra parte, los delegados y delegadas de UGT en ASPANIAS insistimos en las únicas soluciones que vemos claras para la situación de la entidad: auditoría de gestión externa e independiente auspiciada por la Junta de Castilla y León, renovación de todos los órganos de gobierno, depuración de todo tipo de responsabilidades, solicitud de las ayudas existentes para salvar el centro especial de empleo y negociación de un plan de viabilidad serio con los comités de empresa y la intervención de la Junta.
Suena como el “franquismo sin Franco” que proyectaba la dictadura con Carrero Blanco. O como la transición que quería imponer Fraga: “que cambie todo para que nada cambie”.
El problema añadido es la ruina de la entidad. Y otra cosa de la que no se suele hablar: Si la Fundación CISA da pérdidas porque, entre otras cosas, trabaja a precios muy bajos, eso quiere decir que empresas como LOREAL, UBISA, el grupo Antolín y otras (incluidas administraciones públicas que admiten licitaciones a la baja) se habrían estado beneficiando de la pésima gestión de ASPANIAS.