En la mañana de hoy, miércoles 11 de julio, unas 50 personas, trabajadores y familiares de personas con discapacidad, se han concentrado frente al edificio de los Juzgados en Reyes Católicos para reclamar a la gerencia que abone íntegramente el salario mínimo interprofesional para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad del Centro Especial de Empleo (Fundación CISA) y por un convenio digno para todo la plantilla del grupo (unas 600 personas). La protesta ha sido organizada por el sindicato UGT.
Fuentes de este sindicato aseguran que llevan dos años con ambos conflictos y que no se llegan a un acuerdo por la actitud de la gerencia, que se niega a negociar con seriedad. De hecho, hoy estaba prevista la vista por la demanda del salario mínimo interprofesional para trabajadoras y trabajadores con discapacidad (ya aplazada desde el pasado día 14 de Mayo) pero la gerencia de ASPANIAS ha desistido de su demanda de conflicto colectivo, paralizando de nuevo la resolución judicial.
La empresa sigue absorbiendo parcialmente los complementos de nocturnidad, desarrollo profesional y turnicidad en lugar de sumarlos al SMI, perjudicando a la plantilla. Los trabajadores y trabajadoras con discapacidad que lo habían reclamado deben ahora volver a demandar a la empresa, pero la gerencia podría volver a usar la misma jugarreta de hoy para bloquear la vía judicial. Esto, según los delegados de personal, deja en indefensión a los trabajadores: ni la empresa se sienta a negociar presentando propuestas razonables, ni se permite que se celebren los procesos judiciales.
Por otro lado, explican que desde 2009 los profesionales de apoyo llevan perdiendo poder adquisitivo y mejoras sociales con el motivo (o excusa) de la crisis económica. Además, desde 2014 no se ha producido ningún incremento salarial. La empresa propone una subida muy pobre (un 1,7% y 100€ en una sola paga, sin aumentar el salario) e incluso plantea recortar la escasa cobertura por bajas médicas de la plantilla. Condicionando además una mayor subida salarial a que se reduzca el absentismo laboral, que ya es bajo según fuentes sindicales. Es decir, que las personas con discapacidad y el resto de profesionales no deberían guardar reposo si están enfermos y quieren llegar a fin de mes sin un agujero en los bolsillos.
Frente a dicha propuesta, los sindicatos (UGT y CCOO van a seguir intentando llegar a un acuerdo conjunto) proponen recuperar el poder adquisitivo, algunas mejoras sociales que se han perdido, rebajar la jornada laboral anual, equiparar el salario de algunas categorías que realizan las mismas funciones que otras mejor remuneradas y que son desempeñadas fundamentalmente por mujeres (auxiliar de enfermería y encargada de servicios domésticos), mejorar algunos complementos y extenderlos a toda la plantilla y que la nocturnidad se pague con criterios objetivos y no según criterios arbitrarios de la empresa, entre otras medidas.
Los representantes de los comités de empresa lamentan que la actitud de la gerencia sea tan negativa, y explican que así es muy difícil llegar a ningún acuerdo. Conocen otros centros especiales de empleo de Burgos y otras ciudades que sí pagan íntegramente el SMI y suman después los complementos antes citados. Lamentan que las familias no estén informadas de la situación, ya que los directivos les proporcionan información sesgada e irreal, y no se las consulta para tomar ninguna decisión. Según algunos familiares presentes en la concentración, en las asambleas de la asociación no se da tiempo para debates y no se presta atención a las voces críticas, ni espacio para intervenir. Se percibe indignación por el hecho de que una ONG creada para defender los derechos de las personas con discapacidad les perjudique de forma tan clara, especialmente cuando no tienen que pagar cotizaciones a la seguridad social y el 50% del SMI es financiado por la Junta de Castilla y León.
Desde UGT también señalan que la empresa pretende inmiscuirse en los asuntos internos de los sindicatos. En varias ocasiones la gerencia de ASPANIAS ha cuestionado la legitimidad de los representantes que han designado para negociar, lo que ha motivado una actuación de la Inspección de Trabajo para dejar claro que el sindicato es soberano para elegir a quien considere adecuado. De hecho, la práctica totalidad de los integrantes de la mesa negociadora por su parte son los propios delegados y delegadas de personal y trabajadores.
Tras esta jornada de movilización está prevista otra reunión de negociación esta misma semana. Durante el mes de Julio se podría llegar a un preacuerdo; en caso contrario, los delegados y delegadas seguirían informando a la plantilla y no descartan futuras movilizaciones.
